TRABAJADORAS SEXUALES RECHAZAN LEY QUE PROHÍBE FUNCIONAMIENTO DE CABARETS Y WHISKERÍAS EN TIERRA DEL FUEGO – ARGENTINA

RIO GRANDE – El Sureño.

Tras la sanción de la ley que prohíbe el funcionamiento de cabarets y whiskerías en la Provincia, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) expresaron su rechazo a la medida, entendiendo que esta norma sólo “criminaliza y vulnera derechos de las trabajadoras sexuales”, llevando la situación a una mayor clandestinidad.
En diálogo con “La Mañana del Sur” (FM Sur 93.9), la coordinadora nacional de AMMAR, Georgina Orellano, sostuvo que la ley sancionada en Tierra del Fuego ya se aplica en otras cinco provincias, así como en Municipios de distintos puntos del país, aunque esto no ha servido para atacar el problema de fondo; esto es, la trata de personas con fines de explotación sexual.
“Desde hace dos años muchas de estas leyes y ordenanzas provinciales ya se aplican en provincias como Córdoba, Río Negro o Entre Ríos, así como en decenas de Municipios como Paraná, Mendoza capital, Mar del Plata, quienes en sus políticas para luchar y combatir la trata de personas han tomado medidas prohibicionistas propiciando el cierre de whiskerías, cabarets, casas de citas, clubes nocturnos y todo lugar donde se facilite la prostitución”, explicó.
Sin embargo, Orellano sostuvo que como organización “hemos tomado una posición respecto a esto, que va a seguir siendo la misma, defendiendo los derechos de quienes nos reconocemos como trabajadoras sexuales”, considerando que “la prohibición lo único que hace es criminalizar el trabajo sexual, exponiéndonos a las trabajadoras a una mayor vulneración de nuestros derechos”.
“La solución para combatir la trata de personas no es esta y se mezcla lo que es trabajo sexual con proxenetismo y trata de personas, y se toman medidas que solamente confunden a la gente, pero que también buscan criminalizarnos y llevan esto a una mayor clandestinidad”, aseguró.
Para AMMAR, este tipo de normativas sancionadas en las provincias “lo que terminan prohibiendo son lugares que tienen habilitación y que, en todo caso, el ente regulador es el Municipio que puede ir a controlar si se realiza explotación sexual o si hay víctimas de trata”.
“Cerrando este tipo de locales las leyes provinciales o las ordenanzas municipales dan mayor poder a la Policía con allanamientos compulsivos, donde les roban las pertenencias a nuestras compañeras, y el negocio que sigue intacto son aquellos lugares que siguen trabajando en la clandestinidad con el amparo de los poderes políticos, policial y judicial”, afirmó.
Orellano recordó que la prohibición sobre el funcionamiento de prostíbulos en Argentina data del año 1936, cuestionando que “si ya existe una prohibición y estamos en 2014 con el mismo problema, entendemos que la medida que deben tomar es otra y no seguir exponiéndonos a las trabajadoras sexuales a una situación de mayor vulnerabilidad”.
“Nos ubican a todas en el lugar de víctimas y no es así, entonces me parece que hay que luchar realmente por desmantelar las verdaderas redes de tratas y rescatar a las víctimas, que una vez más decimos, no somos nosotras”, señaló.

Sin avances
Consultada sobre el proyecto de ley presentado en el Congreso en julio del año pasado, en el que proponen regular el trabajo sexual autónomo, la titular de AMMAR recordó que la entidad decidió acompañar la iniciativa del senador nacional (MC) Osvaldo López, quien no pudo renovar su banca en las últimas elecciones legislativas.
“En octubre el proyecto fue girado a la Comisión de Trabajo del Congreso y en ese momento una senadora de Santiago del Estero se había comprometido a impulsar el proyecto para que se comience a debatir, pero esa senadora tampoco renovó su mandato así que ahora, más allá de que desde nuestra organización seguimos realizando un trabajo con incidencia política pidiendo a los senadores que nos reciban, nos parece que hay un gran desconocimiento respecto al trabajo sexual y de las trabajadoras, y actualmente la agenda política en Argentina está abocada a la trata de personas; pero hay muchos prejuicios respecto al trabajo que ejercemos y hay un imaginario social que siempre nos ve como víctimas”, indicó.
Para Orellano “no se nos visibiliza y no se nos da lugar para que nos expresemos como mujeres sujetas de derecho y no como objetos, y no que otras mujeres con una posición prohibicionista salgan a hablar por nosotras y a decir que nosotras queremos una reinserción laboral”.
“Queremos que el Estado trabaje en pos del reconocimiento de nuestros derechos, de respeto a la autodeterminación y la decisión, porque hablamos de mujeres mayores de 18 años que hemos decidido libremente ejercer este trabajo y que por supuesto lo queremos hacer en una Argentina que en los últimos diez años ha trabajado con sectores excluidos y marginados y les ha otorgado sus derechos, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y nosotras vamos por ese mismo camino”, afirmó.

Desconocimiento
Para Orellano, en el flagelo de la trata de personas en nuestro país “hay muchísimo desconocimiento, y en Argentina no es todo trata, hay mujeres que sí son víctimas de trata, otras que son explotadas laboralmente como lo es la clase trabajadora en el sector rural o en los talleres clandestinos que existen en todo el país”.
“El año pasado viajamos a Tierra del Fuego cuando analizaban tomar esta medida de cerrar cabarets y whiskerías, y nos reunimos con muchas trabajadoras, especialmente de Río Grande, que nos manifestaban su preocupación por cómo iban a seguir trabajando, y muchas señalaban que se iban a ir a otra provincia a trabajar, como Santa Cruz, y otras no sabían de qué manera seguirían trabajando”, explicó.
Desde AMMAR advirtieron que esta ley favorecerá el maltrato y la violencia de las fuerzas de seguridad “y nos siguen invisibilizando a un sector, que quizás no representemos a todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual en Argentina pero que hace 20 años estamos organizadas en una central de trabajadoras y formamos parte de una red de trabajadoras sexuales de América Latina junto a otros 16 países”.
“No hacernos parte de este tipo de tomas de decisiones también es un hecho de violencia, porque nunca nos consultaron, y si hay alguien que puede conocer dónde hay trata de personas y explotación sexual somos nosotras”, concluyó.

TRABAJO SEXUAL AUTONOMO
Puntos claves del proyecto de ley

RIO GRANDE.- El proyecto de regulación del trabajo sexual autónomo, presentado en 2013 por el senador nacional (MC) Osvaldo López, sostiene que para la habilitación en el ejercicio del trabajo sexual, se estipule un curso con contenidos básicos de derecho y salud.
Del mismo modo, busca con la norma que el trabajador o trabajadora sexual goce de los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador/a autónomo/a, en el país; lo que incluye obra social, jubilación y pago de impuestos.
En el articulado también se especifica al trabajo sexual “como una actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de un pago para beneficio propio”.
En este sentido, menciona como legalmente habilitada para el ejercicio de esta labor “a toda persona mayor de edad legalmente autorizada para trabajar en el país” y habilita al trabajador o trabajadora “a prestar el servicio en locales o casas, administrando su organización en forma individual o colectiva”.
Además, propone la creación, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de una dependencia a la que denomina “Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual (ONPTS)” la que va a estar integrada por “hasta tres representantes de organizaciones vinculadas al sector”.
Por otra parte, en los fundamentos, el legislador fueguino expresa que con el presente Proyecto se propone “el reconocimiento de derechos para un sector de la población que ha sido desde antaño injustamente estigmatizado, perseguido y discriminado, como es el de aquellas personas mayores de edad, que de manera voluntaria y autónoma ejercen el trabajo sexual”.
Por último, manifiesta que “mejores condiciones para el sector contribuyen a disminuir los índices de incidencia de VHI y otras enfermedades de transmisión sexual”; al tiempo que plantea a esta regulación “como fundamental para que las personas que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma, puedan llevar adelante una existencia digna; y a la vez representa una importante herramienta para la lucha contra la trata de personas”.