11 de diciembre de 2020
MOCIÓN PROPONE INDULTO GENERAL A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía serán los encargados de analizar la moción que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. La norma de autoría […]
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía serán los encargados de analizar la moción que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala.
La norma de autoría de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, pretende extinguir la responsabilidad penal de aquellas personas que se encuentren imputadas o condenadas en el marco de las protestas por el estallido social de octubre de 2019.
Los legisladores aseguran que existen dos razones fundamentales para aplicar la medida: la vulneración a los derechos humanos de las que han sido víctimas estos reclusos por parte de agentes del Estado, al criminalizarse la protesta social; y el hacinamiento carcelario que incrementa exponencialmente el contagio del COVID 19.
La senadora Muñoz, señaló que “esperamos que sea posible beneficiar a las personas que se indica para eximirlas de la responsabilidad penal. Creemos que no es aceptable que hace mas de un año no tengan derecho a debido proceso no se sabe cuáles son los cargos en contra de jóvenes –en su gran mayoría- que han ejercido su derecho a protestar”.
Asimismo los senadores solidarizaron con “las familias de estos jóvenes que hace más de un año viven una situación de incertidumbre absoluta”.
CONTEXTO
La moción recoge una serie de antecedentes:
Según un informe de Gendarmería fechado al 14 de abril de 2020, al 29 de febrero de este año convivían en régimen cerrado 42.084 internos, de ellos el 30% aproximadamente son imputados en prisión preventiva.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, 28.210 personas fueron detenidas durante el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre de 2019.
El Ministerio Público informó que a octubre de 2020, como consecuencia de detenciones practicadas en el contexto del estallido había formalizado a 5.084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva, y 725 habían sido condenadas, principalmente por desórdenes -categoría muy amplia cuya persecución ha significado la criminalización de la protesta-, y robo o daño a la propiedad.
Los congresistas pusieron acento en el hecho que “existió una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales, abusos y vulneraciones a las garantías procesales de las personas imputadas, lo que ha significado la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados que no tomarían lugar en circunstancias de normalidad”.
“Es así que la persecución de estas personas por parte del Estado ha sido rigurosamente cuestionada por instituciones nacionales e internacionales que han dado cuenta de la existencia de graves abusos y masivas violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad”, comenta la moción.
PROYECTO
Parte del articulado del proyecto plantea lo siguiente:
“Serán beneficiarios del indulto general quienes hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.
Para efectos de esta ley, serán beneficiarios del indulto general y demás beneficios de esta ley, las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas.
Para probar la circunstancia anterior, bastará la prueba indiciaria o cualquier otro medio probatorio. No obstante las reglas generales en materia de recursos, la resolución que rechace la solicitud será apelable”.
Entre las infracciones detectadas por los oficiales, se encuentra el estar desarrollando actividades remuneradas sin autorización y contar con el permiso de residencia o permanencia expirado.
Entre las infracciones detectadas por los oficiales, se encuentra el estar desarrollando actividades remuneradas sin autorización y contar con el permiso de residencia o permanencia expirado.
