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7 de mayo de 2023

NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE COSTARÁ MÁS DE SEIS MIL 400 MILLONES DE PESOS Y CADA UNO DE LOS 50 CONSEJEROS ELECTOS RECIBIRÁ $3,7 MILLONES AL MES

Más de $6.400 millones. Esa es la cifra que el gobierno destinó para el nuevo proceso constituyente, que busca redactar una segunda propuesta constitucional para el país, luego de que el primer texto de la extinta Convención Constitucional fuera rechazado en septiembre […]

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Más de $6.400 millones. Esa es la cifra que el gobierno destinó para el nuevo proceso constituyente, que busca redactar una segunda propuesta constitucional para el país, luego de que el primer texto de la extinta Convención Constitucional fuera rechazado en septiembre del año pasado.

El proceso, que comenzó en marzo con la instalación de la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, quedó a cargo del Congreso Nacional, a diferencia del anterior, que estaba radicado en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). 

Si bien es el Parlamento el encargado de la ejecución de los recursos, es el Ministerio de Hacienda la institución que otorga el financiamiento económico.

La Dirección de Presupuestos (Dipres), en concreto, concedió un total de $6.438.238 millones para este proceso constitucional -según información obtenida por The Clinic mediante Transparencia-, que proviene del Presupuesto del Sector Público para el año 2023 y que se distribuye entre la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso.

Durante la tramitación de la reforma constitucional, que materializó el Acuerdo por Chile, los parlamentarios apuntaron al desarrollo de un proceso “más austero” que el de la Convención Constitucional, que funcionó entre el 4 de julio de 2021 y 4 de julio de 2022.

El presupuesto ejecutado para aquel órgano redactor bordeó los $22.000 millones, un gasto que fue motivo de discusión entre los sectores políticos, pues algunos apuntaban a que se trataba de un “despilfarro” económico.

En una exposición ante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja en junio del año pasado, el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, detalló que al órgano redactor se le asignaron $10.584.592.005 mediante la Ley de Presupuestos 2021 y $5.283.830.995 en el marco del presupuesto de 2022.

Pero, a través de un incremento de la misma normativa, la disuelta Convención recibió otros $6.406.045.000 para -entre otros- gastos en bienes, personal y de servicios de consumo.

Pago de sueldos y convenios con universidades

La corporación que más recursos deberá ejecutar es la Cámara de Diputadas y Diputados, con una asignación de $4.525.612 millones. Un monto que se distribuye en al menos cuatro ítems, entre ellos, el sueldo de los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, que sesionan en la sede del Congreso en Santiago.

La Ley N°21.533, que materializó el Acuerdo por Chile para abrir paso al nuevo proceso constitucional, estableció que los 50 consejeros constitucionales -que se instalarán el 7 de junio- recibirán una dieta mensual de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Al valor de la UTM de mayo, $3.784.440.

Además, obtendrán asignaciones que se establezcan exclusivamente para ser destinadas a la asesoría legislativa -administradas por un comité externo-, que también están incluidas en el gasto ejecutado por la Cámara Baja.

Los 24 miembros de la Comisión Experta, en tanto, están percibiendo 30 UTM mensuales ($1.892.220 al valor de mayo), mientras que los 14 árbitros recibirán una retribución de 10 UTM ($630.740) por sesiones celebradas, pero con un tope máximo de 30 unidades tributarias al mes.

El otro gran gasto administrado por la Cámara será el convenio entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Ambas instituciones -según la reforma constitucional- quedaron a cargo del proceso de participación ciudadana. Fuentes al interior del proceso constitucional precisan que el monto dispuesto para aquello es de $1.764 millones.

Los otros recursos que deberá ejecutar la Cámara Baja radican en la contratación de personal de apoyo para fortalecer la dotación del proceso constitucional y la adecuación de salas y del soporte administrativo. 

El presupuesto del Senado para el proceso constitucional

El Senado, por su parte, tiene un presupuesto de $1.659.599 millones para la ejecución, que contempla -entre otros- gastos en la contratación de personas.

Desde esta corporación se envió un grupo de alrededor de 15 personas en comisión de servicio, por lo que se destinaron recursos para la contratación de funcionarios, ya que el proceso constituyente funciona en paralelo al trabajo legislativo. 

Asimismo, la Cámara Alta se encarga del proceso comunicacional y de transparencia, y también de la habilitación de infraestructura -como salas para sesionar en comisiones- y de transmisión de televisión. 

Como el proceso constituyente anterior estuvo a cargo de la Segpres y no del Congreso, explican fuentes del proceso constitucional, la corporación invirtió en equipos para el desarrollo de los tres órganos redactores. 

Los $253.027 millones restantes quedaron a cargo de la Biblioteca del Congreso Nacional, para el apoyo de personal y el archivo documental del nuevo proceso constitucional.

Entre la distribución de ese presupuesto está, además, el reforzamiento de la ciberseguridad de los sistemas de información de esta corporación.

Al monto total de financiamiento para este nuevo proceso constitucional, además, se le suma un proyecto de ley aprobado a fines de abril por el Parlamento, que suplementa recursos para funcionarios que participan en el proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental.

El mensaje, en detalle, modifica la Ley de Presupuestos 2023 y el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública -las tres corporaciones del Congreso- que prestan apoyo técnico legislativo y administrativo, quienes tendrán derecho a más de 90 días de viático, ya sea seguidos o alternados.

El costo de las dos elecciones: más de $79.000 millones 

Como el nuevo proceso constituyente quedó materializado en la Ley N°21.533, y esta fue publicada posterior a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2023, el Ministerio de Hacienda debió autorizar -mediante decreto- recursos para la elección del Consejo Constitucional y el plebiscito de salida previsto para diciembre.

La cartera encargada de las arcas fiscales del país dispuso, mediante la Dipres, un total de $79.719.035 millones, monto que engloba los dos eventos electorales, según información oficial del Servicio Electoral (Servel) entregada a The Clinic. Para los comicios del Consejo Constitucional -que se desarrollarán este domingo- se destinaron $46.337.742 millones, mientras que $33.381.293 millones son para el plebiscito de salida.

Desde el organismo electoral no explicaron el detalle del presupuesto desembolsado para ambos sufragios, argumentando complicaciones en la agenda.

El expresidente del consejo directivo del organismo electoral, Patricio Santamaría, explica que son varios los ítems que inciden en el financiamiento dispuesto para los comicios que se desarrollan en el país, como los materiales electorales y su traslado -que puede ser vía terrestre, fluvial o aéreo-, la cantidad de colegios escrutadores y locales de votación y los vocales de mesa.

Otro factor también es el padrón electoral, que para la elección de este domingo contempla a 15.150.572 personas habilitadas para sufragar, una cifra que aumentó en comparación con votaciones anteriores.

Esa variación en el padrón, comenta Santamaría, puede incidir en el total de recursos destinados para un evento electoral. 

“Aquí hay que pensar que no solo se trata de personas que están cumpliendo los 18 años, ciudadanos chilenos o chilenas, sino que también ciudadanos extranjeros. En este momento ya se produjo un salto importante y hay más de 550 mil extranjeros que han cumplido más de cinco años de residencia en Chile y que tienen derecho a votar”, dice la otrora autoridad del Servel.

Los padrones electorales definitivos de los referéndum relacionados al primer proceso constitucional contemplaban a menos votantes. Para el plebiscito del 25 de octubre de 2020 habían 14.855.719 personas habilitadas para sufragar, mientras que para el del 4 de septiembre de 2022 el número ascendió a 15.173.929.

El gasto económico de ambos eventos electorales fue de al menos $45.302 millones: $25.802 millones para el primero y $29.667 millones para el segundo.  

En el caso de la mega elección del 15 y 16 de mayo del año pasado, en tanto, se dispuso de $50.607 millones. Sin embargo, en esa ocasión se eligieron convencionales constituyentes, gobernadores regionales y alcaldes.

Fuente: theclinic.cl

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