GOBIERNO PIDE EL CIERRE DEFINITIVO DE FUNDACIÓN PROCULTURA: ASEGURA QUE HUBO UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE ALBERTO LARRAÍN

El departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia apuntó a ponerle fin defintivo a la fundación ProCultura, institución creada por Alberto Larraín, quien hoy está siendo investigado por el Ministerio Público junto a sus principales articuladores.

De acuerdo a los antecedentes revelados por La Tercera, la solicitud del gobierno fue enviada al Consejo de Denfesa del Estado (CDE) tras un estudio administrativo elaborado por la cartera liderada por el ministro Jaime Gajardo.

La determinación se adoptó luego que la fundación no respondiera los requerimientos realizados por Justicia ni que tampoco se diera respuesta a los funcionarios que visitaron los domicilios registrados a nombre de los encargados de ProCultura.

En el marco de este requerimiento presentado ante el CDE, también se indicó que el organismo habría desviado para el pago de sueldos de sus integrantes fondos públicos destinados a la ejecución de programas.

Se detalló que entre 2018 y 2022 solo el 29,65% de los gastos correspondieron a programas de la fundación, mientras que el 70,35% restante decía relación con remuneraciones.

Por todo lo anterior, se estimó que ProCultura había infringido gravemente sus estatutos. De esta forma, se apunta a que se habría desnaturalizado “el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además un falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.

“Analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta”, se añade en la solicitud de Justicia.

Asimismo, se plantea que “no obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública“.

Fuente: cnnchile.com