WCS CHILE LLAMA A FORTALECER LA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA PROTEGER LAS TURBERAS

En entrevista con un programa radial de la región, Carmody explicó que las turberas han estado históricamente expuestas a presiones extractivas debido a debilidades en su regulación.

"Hasta hace pocos años, la turba —la capa subterránea del ecosistema— podía ser objeto de concesiones mineras, lo que implicaba un alto riesgo de explotación", señaló.

Avances legislativos y desafíos pendientes

La especialista destacó como un avance relevante la aprobación, en 2024, de la ley que prohíbe la extracción de turba. No obstante, advirtió que la normativa aún permite la extracción del musgo sphagnum bajo planes de manejo considerados sostenibles.

"Si bien esta ley representa un progreso significativo, la intervención de las turberas sigue implicando riesgos. Son ecosistemas que se forman en miles de años, por lo que su recuperación no es comparable con los tiempos de extracción", explicó.

En este sentido, enfatizó que la separación normativa entre turba y musgo no necesariamente refleja el funcionamiento integral del ecosistema. "Al extraer el musgo, se puede exponer la turba al oxígeno, liberando CO2, lo que impacta directamente en su rol como sumidero de carbono", agregó.

Uno de los principales puntos críticos señalados por Carmody es la fiscalización de la normativa vigente. "En Chile, muchas veces contamos con buenas leyes, pero su cumplimiento efectivo sigue siendo un desafío", afirmó.

Iniciativas de gobernanza y cooperación

En paralelo, destacó la creación de una iniciativa binacional entre Chile y Argentina para la conservación de turberas patagónicas, que busca fortalecer la gobernanza, compartir experiencias y promover mejores prácticas de protección.

Esta instancia reúne a universidades, organizaciones y comunidades locales, y apunta a generar lineamientos comunes frente a un ecosistema que trasciende fronteras.

Incertidumbre por retiro de decretos ambientales

En materia de política pública, Carmody también se refirió al retiro de 43 decretos ambientales en proceso de revisión, señalando que la medida genera incertidumbre en el sector.

"Son instrumentos que ya han pasado por procesos técnicos y jurídicos. Su retiro sin distinción puede afectar la certeza jurídica y el desarrollo adecuado de proyectos", indicó.

Asimismo, advirtió que este tipo de decisiones puede instalar una percepción errónea sobre la regulación ambiental. "No se trata de una carga, sino de herramientas que entregan claridad, reducen conflictos y permiten un desarrollo más sostenible", sostuvo.

Regulación y desarrollo: una relación necesaria

Finalmente, Carmody subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad ambiental para avanzar hacia un equilibrio entre desarrollo y conservación.

"La normativa ambiental no debe entenderse como un obstáculo, sino como una base que permite resguardar los ecosistemas y, al mismo tiempo, dar certezas para el desarrollo económico", concluyó.