DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA COBRANZA DE ESTACIONAMIENTOS

El diputado Alejandro Riquelme manifestó su preocupación por la forma en que actualmente se están gestionando procesos de cobro a usuarios por estacionamientos, advirtiendo que no se está utilizando la vía correcta desde el punto de vista legal ni administrativo, lo que podría generar efectos negativos tanto para el sistema judicial como para los propios ciudadanos.

“Quiero ser muy claro: aquí nadie está defendiendo el no pago. Las deudas tienen que cumplirse, eso es básico en cualquier sociedad que funcione. Pero también es fundamental que los cobros se realicen respetando los procedimientos que establece la ley”, señaló el parlamentario.

En ese sentido, Riquelme enfatizó que el cobro de obligaciones corresponde, en primera instancia, a la relación directa entre la empresa prestadora del servicio y el usuario, existiendo para ello mecanismos formales que permiten exigir el cumplimiento de dichas obligaciones, resguardando al mismo tiempo el debido proceso.

Sin embargo, según indicó, lo que se ha observado es una tendencia a utilizar los Juzgados de Policía Local como una vía alternativa de cobranza, lo que a su juicio distorsiona el rol de estos tribunales.

“Los Juzgados de Policía Local no pueden transformarse en oficinas de cobranza. Son tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo, atendiendo materias relevantes para la comunidad, y lo que estamos viendo es que se les está sumando una presión adicional que no corresponde”, afirmó.

El diputado también recalcó que esta práctica no solo impacta en el funcionamiento del sistema judicial, sino que puede afectar directamente a los usuarios, quienes enfrentan procedimientos que no necesariamente son los más adecuados para este tipo de situaciones.

“Cuando se utilizan vías que no son las correctas, se genera incertidumbre, se tensiona el sistema y se perjudica a las personas. Aquí lo responsable es actuar conforme a derecho, utilizando los mecanismos que existen para estos casos”, agregó.

Asimismo, el parlamentario informó que, debido a esta situación, ha enviado una solicitud formal de pronunciamiento a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se determine la legalidad y procedencia del uso de los Juzgados de Policía Local como mecanismo de cobranza indirecta.

“Le hemos pedido a la Contraloría que se pronuncie con claridad sobre si este mecanismo se ajusta o no a derecho. Aquí no puede haber espacios grises cuando se trata del uso de instituciones públicas”, explicó.

Riquelme también precisó que este debate debe abordarse con responsabilidad, entendiendo el contexto en que se originan muchas de estas deudas.

“Este no es un tema que proteja a los deudores como algunos han querido instalar. Aquí hay muchas personas que en su momento no pudieron pagar simplemente porque no existían mecanismos adecuados de cobro o recaudación, como la falta de cobradores o canales accesibles”, señaló.

En esa línea, agregó que recién en una etapa reciente la empresa implementó sistemas de pago más modernos, como el pago mediante código QR que permite regularizar deudas de manera posterior (ex post), lo que evidencia que el problema no solo radica en los usuarios, sino también en las condiciones en que se facilitaba el cumplimiento de las obligaciones.

“Antes de judicializar masivamente, hay que hacerse cargo de cómo se gestionó el cobro. No se puede cargar toda la responsabilidad en las personas cuando durante mucho tiempo no existieron herramientas adecuadas para pagar”, sostuvo.

Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a abordar esta situación con responsabilidad institucional, evitando medidas que, aunque puedan parecer eficientes en el corto plazo, terminan generando problemas mayores a futuro.

“Esto no se trata de buscar atajos. Se trata de hacer las cosas bien. Si hay deudas, se tienen que cobrar, pero por los canales que corresponde. De lo contrario, lo único que logramos es recargar tribunales que ya están al límite y generar un sistema menos justo y menos eficiente”, afirmó.

Finalmente, el diputado reiteró que su posición apunta a resguardar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el correcto funcionamiento de las instituciones.

“No promovemos el no pago, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el cobro debe hacerse bien, de manera legal y ordenada, respetando a las personas y cuidando nuestras instituciones”, concluyó.