22 de abril de 2025
El Gobierno y dirigentes de la oposición polemizaron este martes por el decreto 274 del presidente Javier Milei que le quitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la facultad de querellar en causas por corrupción y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la materia.
La semana pasada, el Gobierno designó al fiscal federal de San Martín Paul Starc al frente de la UIF y luego salió el decreto de Milei que obliga al organismo antilavado a dejar de ser querellante en causas como la imputación contra la presidenta Cristina Kirchner en la causa residual de la Ruta del Dinero K y en la de lavado de dinero conocida como Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Para la oposición, incluso el FMI recomendó en su último informe fortalecer la UIF.
En un comunicado, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona negó que el decreto presidencial sea un retroceso en la lucha contra la corrupción y viole compromisos internacionales de Argentina.
Recordó que en su informe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió a Argentina sobre “la necesidad de que su UIFdejede intervenir en causas judiciales ya que interfiere con su verdadera función”.
Tal rol había sido establecido mediante Decreto N°2226/2008 durante el gobierno anterior, a partir del cual Argentina “reunió en un solo organismo tal potestad, lo cual era contrario a las tendencias mundiales”, sostuvo el ministerio.
"Lejos de abandonar su tarea investigativa, es preciso destacar que esta decisión no impide colaboración con Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. Los informes elaborados seguirán siendo recursos usados para investigaciones", afirmaron desde Justicia.
"Este decreto consagra misión original donde se establece análisis financiero para prevenir delitos", finalizó Cúneo Libarona.
Pero para ex funcionarios como Federici y Talerico, estas decisiones debilitan las funciones institucionales. La diputada Oliveto expresó: "Por orden presidencial,la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores".
Los dos proyectos más grandes que se están sometiendo a evaluación ambiental para instalarse en el país son de hidrógeno verde y se buscan instalar en la comuna de San Gregorio en Magallanes.
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