7 de mayo de 2025
LEE AQUÍ EL DOCUMENTO FINAL – LAS SEIS PROPUESTAS MÁS POLÉMICAS Y QUE TIENEN EN JAQUE EL FUTURO DE LA COMISIÓN POR LA PAZ
Tras la recepción del informe, el presidente Gabriel Boric deberá convocar a una consulta indígena y posteriormente enviar proyectos de ley al Congreso.
Tras una tensa espera, este martes 6 de mayo se dio a conocer el documento final de las recomendaciones que entregó la Comisión para la Paz y el Entendimiento al presidente Gabriel Boric, quien deberá someter a una consulta indígena las propuestas y, eventualmente, implementar las medidas a través de la vía administrativa y enviando los respectivos proyectos de ley al Congreso.
Pese al amplio acuerdo de la comisión —siete de sus ocho integrantes votaron a favor— hay ciertas recomendaciones, seis en particular, que han resonado en Chile Vamos y otros sectores de derecha que han adelantado un inminente rechazo a la propuesta.
En concreto, las recomendaciones en materia de reconocimiento constitucional, reconocimiento a las formas propias de organización mapuche, representación política y coordinador de la política indígena, reconocimiento de actos terroristas y nuevo sistema de entrega de tierras, han provocado rechazo desde el mundo de la oposición.
En el primer punto —uno de los más criticados— se propone reconocer constitucionalmente a “los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado”.
Y se añade en este punto: “La comisión recomienda también que se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país, promoviendo un diálogo que permita el relacionamiento en un plano de igualdad y respeto recíproco”.
Más adelante, en el apartado de reconocimiento a organizaciones indígenas, se menciona que se debe ampliar el concepto de comunidad indígena en la Ley 19.253 para permitir la “autogobernanza” y reconocer sus “autoridades tradicionales”.
En representación política se propone establecer un Consejo de Pueblos y garantizar la participación política de los pueblos indígenas en órganos del Estado.
Por el lado del reconocimiento de las víctimas de violencia rural y actos terroristas, el informe sólo hace un pequeño reconocimiento a “los graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones, que han causado la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y la afectación en la vida de la población de distintos territorios a partir de 1997”.
En este punto se solicita la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche.
Propuestas de tierras
Como último punto de conflicto está la propuesta para la reparación en materia de tierras. Sólo esta materia, abarca siete ítems del informe que contiene, en total, 21 recomendaciones.
El informe, en primera instancia, propone un nuevo Sistema de Reparación de Tierras que armonice la Ley Indígena N° 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT, creando una “Agencia de Reparación”, el cual debe tener como característica ser un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia de un nuevo organismo de alto nivel jerárquico, encargado de administrar el sistema de reparación.
Asimismo, se menciona que debe existir un Sistema de Financiamiento que considere aproximadamente USD 4.000 millones, destinado a resolver las demandas de tierras.
Este fondo se subdivide en USD 3.266 millones para solicitantes con aplicabilidad y solicitud de aplicabilidad presentada, USD 605 millones para comunidades ya constituidas y comunidades nuevas que invoquen títulos no utilizados, y USD 129 millones para comunidades constituidas que no cuentan con titulación histórica.
Por otra parte, se propone la creación de un “Tribunal Arbitral”, órgano autónomo y administrativo que actuará como ente capaz de resolver solicitudes basadas en tierras sin titulación histórica y solicitudes de comunidades formadas después de la entrega de este informe.
En ese escenario, las recomendaciones proponen un sistema de transición entre la actual legislación y las nuevas medidas que se proponen. En ese sentido, la propuesta es que CONADI siga cumpliendo sus funciones mientras se crea la agencia de reparación, fortaleciendo sus capacidades en este proceso de cambio institucional y que siente las bases del nuevo órgano.
Otro punto relevante es que se amplían las formas de compensación. Aunque se prioriza la reparación en tierras, se ofrecen alternativas como infraestructura habitacional o productiva, pago de créditos hipotecarios, financiamiento de estudios superiores, mecanismos de participación en la administración de parques nacionales y áreas protegidas, y planes habitacionales para familias en zonas urbanas o periurbanas.
Sumado a eso, se flexibiliza el uso de tierras indígenas permitiendo contratos de usufructo, arrendamiento y mediería por plazos de hasta 25 años, requisitos formales como escritura pública e inscripción en el Conservador, entre otras exenciones.
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