La SEREMI Alejandra Ruiz Ovando conversó con representantes de servicios públicos sobre la aplicación de la Ley Integral 21.675 y su conocimiento de la normativa, con el fin de analizar desafíos y oportunidades en la aplicación de este nuevo cuerpo legal en la red intersectorial.
Durante el mes de marzo, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, las Secretarías Regionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género están desarrollando una serie de grupos focales en todo el país. Esta iniciativa busca conocer sus opiniones respecto de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, identificar áreas de mejora y fortalecer la aplicación de esta normativa en los servicios públicos.
En Magallanes, la jornada se llevó a cabo este miércoles y contó con la participación de representantes de distintos ministerios, servicios y policías vinculados a la prevención, atención y protección de víctimas de violencia de género. Durante la sesión, se analizaron fortalezas, dificultades y oportunidades en la implementación de la ley que fue aprobada en 2024 tras siete años de tramitación- y busca establecer un marco normativo integral para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
La SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, destacó la importancia de esta instancia: "Este diagnóstico nos permite conocer si a los servicios públicos le ha correspondido aplicar la Ley 21.675, identificando fortalezas y desafíos para su implementación. Sabemos que su correcta aplicación es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las mujeres en situación de violencia. Desde la SEREMI seguiremos impulsando estrategias para fortalecer la formación del funcionariado y asegurar que esta ley se implemente de manera efectiva en nuestra región".
Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, enfatizó el impacto de esta ley en el trabajo del servicio: "Gracias a esta Ley Integral, en SernamEG podremos ampliar nuestro alcance en la representación de víctimas de violencia de género, lo que nos permitirá patrocinar más causas y fortalecer el acceso a la justicia. En nuestra región, esto significará la incorporación de un nuevo profesional abogado al equipo de la Dirección Regional, reforzando así el apoyo jurídico que entregamos a mujeres que requieren orientación y acompañamiento legal en situaciones de violencia".
En tanto, María Isabel Velich, encargada de género de la SEREMI de Salud, destacó la relevancia de la ley en la atención a víctimas de violencia en el ámbito de la salud: "La Ley 21.675 incorpora un reglamento que debe ser presentado por el Ministerio de Salud, abordando la atención a víctimas de violencia sexual y la implementación de protocolos específicos. Es fundamental revisar las definiciones y responsabilidades que se considerarán, así como precisar los procedimientos para evitar errores en la recepción de denuncias. Actualmente, ya existen normativas sobre buen trato, no discriminación y prevención de la violencia, y esta ley refuerza esos principios. Además, reconoce la violencia gineco-obstétrica, aunque su implementación presenta desafíos, ya que no está tipificada en el Código Penal, lo que genera debate en el sector sobre su alcance y aplicación dentro de la atención médica".
Este espacio de diálogo permitió recoger insumos para mejorar la aplicación de la normativa en la región, promoviendo una mayor coordinación interinstitucional y la consolidación de estrategias efectivas en la prevención y erradicación de la violencia de género.
Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
La Ley 21.675, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, establece un marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, reforzando las obligaciones del Estado en materia de protección, acceso a la justicia y reparación de las víctimas. Su promulgación responde a la magnitud del problema: en 2023, Chile registró 42 femicidios consumados, 259 femicidios frustrados (un aumento asociado a una mejor clasificación de estos casos, considerando situaciones que antes no se tipificaban como tal) y 4 suicidios femicidas, según cifras del Circuito Intersectorial de Femicidio.
La ley incorpora medidas como la creación del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, el fortalecimiento de la representación jurídica de SernamEG en casos de femicidios y suicidios femicidas, y el seguimiento a las medidas de protección. Su implementación busca garantizar la prevención y una respuesta efectiva del Estado y avanzar hacia una sociedad más segura y libre de violencia para todas las mujeres.
