Este instrumento fue desarrollado con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Programa Mi Abogado, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Gendarmería, la Subsecretaria de la Niñez, Servicio Nacional de Menores, la Subsecretaria de la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Como lo indica su nombre este protocolo pone énfasis en la investigación del delito, estableciendo roles para las distintas instituciones convocadas que faciliten el cumplimiento de tres objetivos principales. Primero, mejorar los procesos de detección, denuncia e investigación penal de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), mediante el fortalecimiento del trabajo colaborativo intersectorial. Un segundo objetivo corresponde a entregar herramientas y orientaciones a los equipos a cargo de las investigaciones penales, para desarrollarlas de forma integral, coordinada y eficiente, considerando, por ejemplo, la realidad psicosocial de la víctima. Tercero, proteger a las niñas, niños y adolescentes que resulten víctimas, promoviendo el ejercicio y goce efectivo de sus derechos durante todo el proceso penal.
Durante la cuarta sesión de la Subcomisión Regional de Justicia, Derechos Humanos y ESCNNA convocada por el Servicio de Protección Especializada, se inició el trabajo intersectorial para la implementación de este protocolo investigativo en Magallanes. Entre los primeros puntos abordados se encuentran la creación de unidades regionales al interior de Carabineros y la PDI, especializadas en la atención a víctimas de ESCNNA, así como la definición de protocolos internos del Sistema de Salud al momento de la constatación de lesiones en delitos de connotación sexual. Otro punto relevante, fue el perfeccionamiento de los mecanismos de alertas desde establecimientos de salud y educacionales, así como desde proyectos de la red proteccional con el objeto de evitar la duplicidad de denuncias. Esto último no sólo tiene por finalidad facilitar la investigación a cargo del Ministerio Público y las policías, sino que también obtener cifras fidedignas de la incidencia de este delito en el territorio, evitando además la revictimización y sobre-intervención de las niñas, niños y adolescentes afectados.
El Protocolo Investigativo Interinstitucional viene a complementar el trabajo que por más de dos años viene realizando la Comisión Coordinadora de Protección Regional, presidida por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Así – y como parte de la gestión entre la Coordinación de Seguridad Pública de Magallanes, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio de Protección Especializada y otras instituciones públicas – Magallanes fue la primera región del país en identificar y fiscalizar sistemáticamente establecimientos comúnmente utilizados para vulnerar a niñas, niños y adolescentes. Paralelamente, se han impulsado intervenciones urbanas e instancias de socialización con medios de comunicación, empresas ligadas al turismo y otros privados, con el objeto de crear conciencia respecto a las consecuencias de este delito y motivar su denuncia. Además de relevar la importancia de una labor estatal y coordinada contra la ESCNNA, estas acciones apuntan a suprimir la impunidad de los explotadores, gracias a una ciudadanía informada y vigilante.
Respecto a cómo se aborda este delito en la región y la atención que se le entrega a las víctimas, Erick Amigo Palacios, director del Servicio de Protección Especializado señaló “A través del Proyecto Especializado para la Reparación del Daño de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual Comercial o PEE de ONG Raíces, atendemos actualmente a 40 usuarios víctimas de este delito en toda la región. El foco de la intervención implica interrumpir la vulneración, para luego proceder a la integración familiar y social, fortaleciendo con ello la propia valoración y protección de la víctima. En esta línea, durante 2023 se han realizado 34 denuncias al Ministerio Público, y en dos denuncias anteriores se ha dictado sentencia condenatoria para los explotadores.”
Para Amigo, la implementación de este protocolo investigativo constituye una importante herramienta pues – tal como ocurre con la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia – establece un sistema colaborativo y de roles específicos para las distintas instituciones llamadas a ejecutarlo. Al respecto, el director agregó “Estamos frente a un delito gravísimo y que hoy reconocemos como un problema país. Si bien algunas de sus víctimas presentan una larga trayectoria de vulneraciones desde su infancia temprana – con ingresos previos a la red de protección e identificándose como afectos a negligencia y abandono afectivo emocional – otras no. La adicción y consumo recreacional de drogas, así como necesidades de salud mental no tratadas, son factores de riesgo aprovechados por los explotadores de niñas, niños y adolescentes. Por lo mismo, la necesidad de una respuesta intersectorial oportuna y coordinada en materia de prevención, investigación y persecución penal es imperiosa.”
