5 de julio de 2025
SEREMI DE JUSTICIA DESTACÓ AVANCES SUSTANTIVOS EN REFORMA NOTARIAL LISTA PARA SER LEY
Aprobación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral por parte de la Sala del Senado.
Como “un histórico paso dentro del sistema de justicia, que redundará en una mejor calidad del servicio y una mayor confianza en nuestras instituciones”, calificó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, la reciente aprobación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral por parte de la Sala del Senado. Con esto, la ansiada iniciativa inserta en la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, queda a un paso de convertirse en ley tras una espera de más de seis años de tramitación legislativa.
La autoridad regional recalcó una mayor transparencia, eficiencia y modernización del sistema notarial, al establecer entre sus principales avances requisitos mínimos para la prestación del servicio. En procura de promover una mejor atención a la ciudadanía en trámites fundamentales para la vida cotidiana, subrayó una digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura. Aquí también destacan horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Se fortalece también la fiscalización a notarías, archiveros y conservadores en todo el país a través de fiscales judiciales, y se reconoce la competencia del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para supervisar la calidad del servicio. Asimismo, se incorporan mecanismos que contribuyen al adecuado cumplimiento de la labor y se promueve la participación de los usuarios en la fiscalización.
Dentro de sus aspectos orgánicos y funcionales, resaltó que la reforma incorpora la fijación de tarifas máximas para los trámites notariales (mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía). Asimismo, se establecen procesos de selección en materia de nombramientos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y se pone fin a los cargos vitalicios limitando el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años, además de prohibir designaciones por vínculos familiares.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
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