21 de septiembre de 2024
"PLAN DE ACCIÓN": OPOSICIÓN EXIGE COORDINACIÓN MINISTERIAL ANTE CRISIS DE OCUPACIONES ILEGALES EN TERRENOS FISCALES
Desde Bienes Nacionales acusaron la "imposibilidad de llevar a cabo todas las fiscalizaciones necesarias debido a la falta de recursos".
El aumento de ocupaciones ilegales y no autorizadas en terrenos fiscales se ha intensificado en el país, en medio de una crisis de vivienda y de "loteos" gestionados por bandas que venden terrenos sin ninguna atribución para aquello.
A esta situación se suma la "imposibilidad de llevar a cabo todas las fiscalizaciones necesarias debido a la falta de recursos", tal como señala un informe del Ministerio de Bienes Nacionales presentado en julio en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso. En este contexto, los parlamentarios de oposición de la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales han criticado la gestión del Gobierno.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) acusó que "frente a esta nueva realidad uno esperaría un plan de acción por parte del Ministerio. Es un hecho cierto la existencia de muchas tomas donde todos saben su existencia y donde todos saben quiénes están detrás de esto, aquí lo que falta es un plan de acción en coordinación con el Ministerio de Vivienda, en coordinación con el Ministerio del Interior, con los municipios y con las delegaciones presidenciales. Todos saben dónde están las tomas, todos saben quiénes son, pero la verdad es que no se realizan las acciones de desalojo de dichas tomas.
Aquí no se trata de aumentar o no el presupuesto, sino que se trata de coordinarse mejor y de tener más gestión en lo que es el control de estas tomas y eso es parte de las funciones que tiene el mismo Ministerio". Asimismo, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) señaló que "el Gobierno de Gabriel Boric no solo toleró sino que avaló las usurpaciones, se opusieron a la ley contra usurpaciones presentando un veto al proyecto aprobado por el Congreso. Hoy pagamos las consecuencias de la desidia, permisividad y falta de un plan de recuperación y gestión de los inmuebles fiscales. Las ocupaciones ilegales proliferan, generando las condiciones ideales para que el narcotráfico y el crimen organizado se siga extendiendo". "Es evidente que el Gobierno no tiene la voluntad política de enfrentar las tomas. Recursos para restablecer el orden siempre habrán, el problema es que no les interesa", añadió. En esa línea, Juan Carlos Beltrán (RN) planteó que "los recursos siempre son insuficientes, sobre todo cuando el país experimenta un crecimiento económico deficiente.
Sin embargo, es el Ejecutivo quien debe administrar los recursos del Estado para salvaguardar a través de sus servicios, planes de fiscalización y de mitigación de estos fenómenos, que como siempre suele suceder en este país, se afecta a las familias más necesitadas y a la inmensa clase media. Por lo tanto, reitero que no podemos descansar en el diagnóstico de reducir este problema solo a una falta de financiamiento". Además apunto a "hacer más eficiente el recurso humano de Bienes Nacionales para las labores de fiscalización, establecer un plan específico desde el Ejecutivo para la mitigación y acción preventiva de las tomas, una coordinación policial con la ciudadanía para agilizar las denuncias de esos fenómenos, el aumento de las penas para quienes tomen bienes fiscales, entre otras medidas que pongan el foco en evitar que esto suceda. Una actitud preventiva por parte del Estado, hará que el volumen de fiscalizaciones sea menor y por lo tanto, más eficiente en el gasto público al mismo tiempo que se combate este flagelo que afecta a las familias de Chile". Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI), indicó que esta situación "merece un análisis un poco más profundo, esto no puede ser solamente un problema de presupuesto, es un problema de hacerse cargo de los terrenos del Estado, el deber del Ministerio de Bienes Nacionales es pedir el presupuesto, ingresarlo en la glosa para que éste esté asignado y así puedan hacer las fiscalizaciones también el deber de todo el Estado comprometerse en esta labor porque la fuerza pública no la ejerce Bienes Nacionales, la ejerce Carabineros pero también Vivienda ha estado lento en su emergencia habitacional".
Fuente: Emol.com
La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.
La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.
