3 de abril de 2025
FISCAL JUDICIAL DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS ENCABEZA REUNIÓN DE MESA DE SUPERVISIÓN CARCELARIA
La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo abordar las condiciones en que las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir cumplen penas en regímenes cerrados.
El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera, encabezó la primera sesión de la Mesa de Supervisión Carcelaria del presente año, en que las entidades que intervienen en el sistema privativo de libertad en la región abordaron las principales necesidades de los internos y de los centros donde cumplen sus condenas.
La reunión se desarrolló en dependencias del tribunal de alzada y tuvo como objetivo abordar las condiciones en que las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir cumplen penas en regímenes cerrados.
En ese contexto, el fiscal judicial Pablo Miño relevó que en la instancia se expusieron ciertas situaciones de contingencia ocurridas durante este año, tales como un intento de fuga de tres reos en febrero pasado, desde el Centro Penitenciario de Punta Arenas y, también, se conoció detalles sobre la “situación particular de dos mujeres que presentan una condición especial, de vulnerabilidad, a fin de que sus derechos no sean mermados más allá de lo que su condena establece”, afirmó el fiscal judicial.
Asimismo, se relevaron necesidades en infraestructura, principalmente en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, que dicen relación con el sistema eléctrico y el cierre perimetral que son “ya proyectos que se deben elaborar a largo plazo”, afirmó el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones.
Además, se dio cuenta de la necesidad de establecer una dinámica para que los internos de la capital de Última Esperanza puedan salir a un patio, al aire libre, “ya que actualmente las personas privadas de libertad en ese complejo llevan a cabo prácticamente toda su jornada dentro del recinto amurallado, sin posibilidad de salir a patio, básicamente por falta de infraestructura y también de funcionarios que supervisen”. Para ello, agregó el fiscal judicial Miño, “se abordaron ciertas acciones que podrían solucionar esa carencia”.
También, representantes de Gendarmería dieron cuenta de los trabajos de infraestructura en desarrollo en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, que buscan mejorar el sistema de evacuación de aguas y, además, se conoció la cifra actualizada de las personas privadas de libertad en ese recinto, cuya capacidad está sobrepasada, ya que fue concebida para albergar a 460 internos, y actualmente hay 481.
La instancia la lidero el fiscal judicial Miño y en ella participaron Rodrigo Lillo de Defensoría Penal Pública, Alejandro Meza y Héctor Soto de Gendarmería, Amanda Hurtado por el Ministerio Público, Cristián Figueroa del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Lorena de la Torre de la Seremi de Justicia y DD.HH de Magallanes.
La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.
La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.
