21 de enero de 2025
MINISTRA FERNÁNDEZ Y SENADORA ALLENDE CITADAS A DECLARAR COMO IMPUTADAS POR FALLIDA COMPRA DE LA CASA DE SALVADOR ALLENDE
Además de la ministra y la parlamentaria, el Fiscal Regional de Coquimbo solicitó la comparecencia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue citada a declarar en relación con el mismo caso.
El escándalo generado por la fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende ha escalado a nuevos niveles, con la citación de importantes figuras políticas a declarar.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende serán citadas a declarar en calidad de imputadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación en torno a la transacción que ha causado gran polémica.
La ministra Fernández declarará el próximo jueves 23 de enero a las 15:00 horas, mientras que la senadora Allende deberá hacerlo al día siguiente, el viernes 24 de enero, a las 09:00 horas.
En el mismo contexto, también se ha citado a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien presentó su renuncia al cargo el 6 de enero, a raíz de las controversias que han surgido en torno a la compra.
El caso comenzó a tomar fuerza luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana, dirigida por el abogado Raimundo Palamara, presentara una denuncia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según la denuncia, se estaría cometiendo un fraude al fisco en la adquisición de la propiedad ubicada en Guardia Vieja 392, en Providencia, que había sido considerada como parte de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, tal como lo establece la Ley de Presupuesto 2024.
El gobierno había anunciado la compra de la casa por un valor de 24.291 UF (aproximadamente $1.000 millones), sin embargo, la transacción fue puesta bajo un fuerte escrutinio luego de que se revelara que parte de la propiedad pertenecía a la ministra Fernández y a la senadora Allende, lo cual contraviene las normativas que prohíben que altos funcionarios públicos tengan intereses en contratos con el Estado.
La controversia alcanzó su punto álgido el 31 de diciembre, con la publicación oficial del acuerdo de compra. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando, dos días después, el medio de verificación de datos Fast Check reveló los vínculos familiares de las propietarias con el expresidente Allende, lo que sumó sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Paralelamente a la investigación judicial, el Congreso también ha tomado cartas en el asunto. El pasado 13 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora con el fin de esclarecer los detalles de la transacción y determinar si existieron irregularidades en el proceso de compra.
Fuente: cnnchile.com
Las partes acordaron un marco presupuestario de US$1.856 millones.
