15 de noviembre de 2026
SERNAC DETECTA TRABAS Y TRÁMITES EXCESIVOS PARA VÍCTIMAS DE FRAUDES FINANCIEROS
Una auditoría al proceso de reclamación de la Ley de Fraudes reveló que solo entre el 40% y el 51% de los avisos logra convertirse en un reclamo formal. El organismo también estimó que completar el trámite tiene un costo mediano cercano a los $21 mil para los consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó los resultados de una auditoría al proceso de reclamación establecido por la Ley de Fraudes N° 20.009, modificada en mayo de 2024 por la Ley N° 21.673. El estudio identificó dificultades tecnológicas, exigencias de información y obstáculos burocráticos que pueden llevar a las víctimas a abandonar sus solicitudes de restitución de fondos.
Entre los principales hallazgos, la investigación estableció que solo entre el 40% y el 51% de los avisos por fraude logra transformarse en un reclamo formal. Además, el organismo advirtió una disminución en la proporción de reclamos acogidos favorablemente por las entidades financieras: antes de la reforma superaba el 50%, mientras que actualmente es inferior al 5%.
La auditoría también detectó que algunas instituciones solicitan antecedentes adicionales a los contemplados en la ley y rechazan declaraciones juradas por el formato digital o el peso de los archivos. A esto se suma el incumplimiento de los plazos legales para restituir los fondos, según los resultados del estudio.
La investigación incluyó una encuesta a 731 consumidores que habían presentado reclamaciones por fraudes financieros. Sus respuestas permitieron estimar que el proceso tiene un costo mediano cercano a los $21 mil en tiempo y traslados, una barrera que afecta especialmente a mujeres, jóvenes y personas de menores ingresos. En casos de montos defraudados bajos, el costo del trámite puede incluso superar el dinero que se busca recuperar.
Frente a estos resultados, el SERNAC propuso medidas para facilitar el acceso al proceso, entre ellas ampliar de 60 a 90 días corridos el período de operaciones que pueden incluirse en un reclamo, habilitar un canal exclusivo de información y seguimiento, implementar recordatorios de plazos y trámites, permitir denuncias en línea mediante Comisaría Virtual y establecer un formulario único para las declaraciones juradas.
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