DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RESPALDA MÁS RECURSOS PARA MAGALLANES, PERO ADVIERTE: “NO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA EL GOBERNADOR DE TURNO”

Cuestionó la administración de fondos públicos en Magallanes, recordando las irregularidades detectadas por Contraloría en la compra de un inmueble destinado a Mejor Niñez, operación que contempló cerca de $1.230 millones entre adquisición y habilitación. Además, pidió terminar con la discrecionalidad en las asignaciones directas.

El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, anunció su voto favorable a la partida del Presupuesto 2027 destinada a los gobiernos regionales, aunque cuestionó la administración de los recursos públicos bajo la gestión del gobernador Jorge Flies. Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el parlamentario sostuvo que la descentralización debe traducirse en mayores oportunidades de inversión, empleo e infraestructura para los habitantes del extremo austral, pero advirtió que el aumento de los fondos debe estar acompañado de mecanismos efectivos de control. El debate se produce luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gobernadores regionales, que estableció un marco presupuestario nacional de $1,82 billones, con $94.897 millones adicionales respecto de la propuesta original. El acuerdo también contempla facilidades para ejecutar recursos desde enero de 2027, elevar del 10% al 20% el margen de modificaciones presupuestarias que no requieren aprobación del Consejo Regional y ampliar del 2% al 4% los recursos disponibles para emergencias.

“Voy a aprobar esta partida presupuestaria porque creo profundamente en la descentralización y en que las regiones necesitan más recursos para desarrollarse, generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, sostuvo Riquelme. Sin embargo, advirtió que “esta Sala debe tener muy claro que también estamos entregando más recursos a gobernadores que han demostrado que no saben gastar bien la plata de todos los chilenos”. En esa línea, recordó que la propuesta inicial del Presupuesto 2027 contemplaba para Magallanes aproximadamente $84.214 millones, lo que representaba una disminución cercana al 7,5% respecto del año anterior. El gobernador Flies había cuestionado esa reducción, estimándola en $6.785 millones y advirtiendo sobre sus consecuencias para la inversión regional. Frente a este escenario, Riquelme insistió en que la discusión no debe limitarse a la cantidad de recursos disponibles, sino también a la forma en que estos se administran y a los beneficios concretos que generan para la comunidad.

Como ejemplo, el parlamentario abordó la adquisición del inmueble ubicado en avenida Jorge Alessandri N.º 893, en Punta Arenas, destinado a una residencia familiar para adolescentes del Servicio Mejor Niñez. La operación fue aprobada por el Consejo Regional el 1 de julio de 2024 y contempló una inversión de $797 millones para la compra de la propiedad, además de otros $432 millones previstos para su habilitación y equipamiento, alcanzando un total proyectado de $1.229 millones. El dictamen D168 de Contraloría, emitido el 1 de abril de 2026, estableció que la adquisición no se ajustó a derecho, debido a que no se realizó una licitación pública ni se justificó mediante una resolución fundada la contratación directa. El organismo fiscalizador también detectó deficiencias en la evaluación de alternativas y falta de antecedentes suficientes para respaldar las tasaciones. “Mientras nuestra región necesitaba inversión, infraestructura y empleo, se destinaron cerca de 1.200 millones de pesos a la compra y habilitación de una casa para Mejor Niñez”, cuestionó Riquelme.

La controversia también involucra las operaciones inmobiliarias realizadas por el juez tributario Sergio Vera, vendedor de la propiedad adquirida por el Gobierno Regional. Según los antecedentes conocidos, el 6 de enero de 2025, luego de concretarse la primera compraventa, Vera adquirió por $400 millones una consulta médica perteneciente a una sociedad integrada por la esposa del gobernador. Estas circunstancias dieron origen a cuestionamientos por un eventual conflicto de interés y a una investigación penal en la que Flies figura en calidad de imputado, sin que exista una formalización ni una determinación de culpabilidad. A ello se suma una querella presentada el 5 de noviembre por el consejero regional Rodolfo Arecheta, relacionada con presuntas irregularidades en la operación. El gobernador ha rechazado las acusaciones y manifestado su confianza en el resultado de las investigaciones. “En esta operación Contraloría detectó graves irregularidades en el trato directo y el gobernador hoy es investigado en calidad de imputado. Y después le piden más recursos al ministro Quiroz, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada”, afirmó Riquelme, cuestionando que se soliciten mayores asignaciones presupuestarias sin abordar previamente las observaciones sobre su administración.

Finalmente, el diputado solicitó fortalecer los mecanismos de concursabilidad, fiscalización y rendición de cuentas para evitar que los recursos regionales se distribuyan mediante criterios discrecionales. “Los gobiernos regionales no pueden seguir funcionando como cajas pagadoras vía asignaciones directas, donde muchas veces los recursos terminan financiando actividades que no generan un solo puesto de trabajo ni contribuyen al desarrollo económico de nuestras regiones”, sostuvo. El parlamentario agregó que “necesitamos más concursabilidad y menos discrecionalidad, que los recursos se asignen por mérito, por impacto y por beneficio social, no por cercanía a una organización que pueda tener el gobernador de turno”. En ese contexto, también recordó las controversias por las transferencias a fundaciones, entre ellas ProCultura, y reiteró que el fortalecimiento de la descentralización debe ir acompañado de una administración transparente. “La descentralización no puede convertirse en una autorización para robar. Por eso votaré favorablemente esta partida, pero quiero dejar una advertencia clara: mi voto es a favor de los habitantes de Magallanes, no es un cheque en blanco para el gobernador de turno”, concluyó.