11 de noviembre de 2026
TRIBUNAL ORDENA ARRESTO DEL ALCALDE DE PORVENIR Y DERIVA ANTECEDENTES AL MINISTERIO PÚBLICO TRAS OFENSIVA DEL ABOGADO MAX MÜLLER GILBERT
El Juzgado de Letras y Garantía despachó orden de privación de libertad por tres días contra el jefe comunal José Gabriel Parada Aguilar por el incumplimiento en la reincorporación de la Secretaria Municipal, disponiendo su arresto efectivo y abriendo un flanco penal por desacato a instancias de la defensa jurídica.
En una determinación judicial de alto impacto político y administrativo para la Región de Magallanes, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir decretó una orden de arresto en contra del alcalde de la comuna, don José Gabriel Parada Aguilar. La medida fue adoptada tras constatarse la negativa del municipio a dar cumplimiento a la sentencia laboral firme que ordenaba restituir en su puesto de trabajo a la demandante doña Nataly Vivar. De forma paralela y acumulativa, la sede judicial resolvió remitir íntegramente los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la comisión de responsabilidades penales ligadas al delito de desacato.
La resolución judicial, dictada y suscrita con firma electrónica por el juez titular Pablo Audilio Aceituno Romero, fue el corolario directo de una incisiva estrategia procesal encabezada por el abogado don Max Müller Gilbert, representante legal de la parte ejecutante. Así, mediante un escrito ingresado a través de la Oficina Judicial Virtual este diez de noviembre, solicitó formalmente al tribunal aplicar la máxima fuerza legal y hacer efectivos los apercibimientos de reclusión contemplados en el ordenamiento jurídico.
En el dictamen recaído en la causa RIT C-3-2026, el magistrado resolvió favorablemente la solicitud de arresto, estableciendo que la reiterada desobediencia municipal vulneró gravemente la facultad de imperio del tribunal. Por tales motivos, y facultado expresamente por el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el juzgado ordenó despachar una orden de arresto contra el edil por el término perentorio de tres días. La orden estipula que, una vez ejecutada por personal de Carabineros de Chile o por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), se debe materializar el ingreso inmediato de la autoridad municipal al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Porvenir.
En el escrito, no sólo instó al tribunal a decretar la reclusión del edil, sino que en el primer otrosí de su presentación requirió de manera tajante el envío de la causa a sede criminal. Acogiendo íntegramente la petición del jurista, el juez Aceituno resolvió: «Como se pide, remítanse los antecedentes al Ministerio Público», abriendo formalmente una persecución penal contra el alcalde Parada Aguilar por desobedecer mandatos judiciales, respecto de la cual, el abogado declaró: "Lo que el Alcalde Parada efectuó, fue menospreciar las facultades del poder judicial"
Este conflicto procesal arrastra antecedentes directos en la causa laboral ejecutiva rol T-9-2024 tramitada ante el mismo tribunal, causa en la que el Municipio de Porvenir resultó vencido al decretar que el sumario administrativo llevado en contra de Nataly Vivar se había efectuado en forma viciada. Ya con fecha 30 de octubre de 2026, el juez Ricardo Alfonso Herrera Castillo había concedido a la Municipalidad de Porvenir un plazo fatal de cinco días hábiles para dictar el decreto alcaldicio de reincorporación conforme al artículo 473 del Código del Trabajo. Dicho requerimiento advertía con absoluta claridad que la falta de cumplimiento derivaría en arrestos bajo el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y en la remisión del expediente al Ministerio Público por el ilícito de desacato.
Pese a las advertencias, la gestión comunal no ejecutó la restitución laboral. El 6 de noviembre el abogado de la municipalidad, Carlos Alberto Contreras Quintana, presentó un escrito, fundado en un informe de su autoria, que ya daba luces de la posición del municipio de desafiar al poder judicial, a razón de ello, se solicitará al ministerio público se investigue también su participación en el delito de desacato, que a juicio de Müller se encuentra consumado.
La resolución judicial también estipuló un severo apercibimiento: la orden de arresto se reiterará de forma sucesiva en caso de que el alcalde persista en no reincorporar a Nataly Vivar.
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