“ESTE MODELO ESTÁ AGOTADO” ALEJANDRO SÁNCHEZ PLANTEA QUE ZONA FRANCA NECESITA UN NUEVO MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PERIODO POSTERIOR A 2030

El futuro de Zona Franca de Punta Arenas, las condiciones de la próxima licitación de la concesión y la necesidad de revisar el sistema de cobros que enfrentan los usuarios fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por Alejandro Sánchez, propietario de Sánchez y Sánchez, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el empresario entregó su evaluación sobre el funcionamiento histórico del recinto franco, reconoció su contribución al desarrollo comercial de Magallanes y planteó que el modelo actual requiere modificaciones profundas de cara al término de la concesión en 2030.

Sánchez también se refirió a su participación en las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno Regional, al estudio encargado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a las tarifas que pagan los comerciantes y a las inversiones que proyecta realizar su empresa.

Sánchez y Sánchez: una empresa familiar con cuatro generaciones

Al comenzar la entrevista, Alejandro Sánchez repasó la historia de la empresa, cuyos orígenes se remontan a 1933, cuando fue fundada por sus abuelos. Posteriormente, el negocio continuó bajo la conducción de su padre y llegó a una tercera generación, que lideró junto a su esposa y sus hermanas.

Actualmente, explicó, la cuarta generación ya se encuentra involucrada en la administración de la compañía, mientras él cumple principalmente funciones como presidente del directorio.

“Sí, efectivamente, nuestra empresa, bueno, fue fundada por los abuelos Sánchez en 1933 y después lo continuó mi padre. Después vino la tercera generación que me tuve la suerte de poder liderarlo junto a mi señora y mis dos hermanas. Y ahora ya está la cuarta generación a cargo, diría yo”, señaló.

El empresario destacó que la trayectoria de Sánchez y Sánchez está estrechamente vinculada con Magallanes y con el compromiso de mantener una relación cercana con la comunidad regional.

En ese contexto, explicó que su participación en las discusiones sobre el futuro de Zona Franca responde también a la necesidad de contribuir a mejorar las condiciones del sistema para los próximos años.

El aporte de Zona Franca al comercio y al costo de vida regional

Uno de los primeros puntos de análisis fue el papel que ha cumplido Zona Franca en la economía de Magallanes. Sánchez sostuvo que el recinto fue concebido con un propósito diferente al de otras zonas francas del país, particularmente la de Iquique, cuya orientación original estaba relacionada con el intercambio comercial internacional y la conexión con mercados de países vecinos.

En el caso de Punta Arenas, explicó, el objetivo principal fue contribuir a reducir el costo de vida de los habitantes mediante la comercialización de productos importados sin IVA.

A su juicio, ese propósito se ha cumplido y el recinto continúa teniendo un impacto que va más allá de las compras que realizan directamente los consumidores en sus instalaciones.

“Yo creo que ese objetivo se cumplió. Se cumplió más en un principio puesto que una de las cosas encomendadas es que tenía que ser con los menos costos posibles pero dando el mejor servicio posible”, indicó.

El empresario destacó que la competencia generada por Zona Franca también influye en los precios del comercio establecido fuera del recinto, especialmente en supermercados y otros establecimientos que deben mantener valores competitivos para atraer a los consumidores.

“Seguimos siendo un lugar en que se regula el mercado. Los precios de Zona Franca hacen que los precios del resto del comercio de Punta Arenas sea más barato. Es más, los supermercados, gran parte de ellos hoy día están vendiendo con los mismos precios que venden en Santiago y están absorbiendo ellos el flete. Eso no es gratis, esas cosas se logran porque hay una competencia desde Zona Franca que es importante”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el incremento de las tarifas que deben pagar los usuarios afecta la competitividad del recinto y termina repercutiendo en los precios que enfrenta la comunidad.

También explicó que operar comercialmente en Punta Arenas implica dificultades logísticas, especialmente por el tamaño del mercado regional, la disponibilidad de proveedores y los costos de transporte.

Según planteó, estas condiciones hacen complejo competir con los mismos valores que pueden ofrecer empresas instaladas en el centro del país.

“Lo importante es que al menos estemos un 10 o algo así, y es lo que tratamos de hacer y desde Sánchez y Sánchez, y también estoy seguro que otros usuarios también lo hacen. Tenemos un precio interesante y eso hace que la comunidad magallánica nos visite en promedio tres veces al mes a nuestra empresa”, afirmó.

Zona Franca debe avanzar hacia los servicios y el mercado digital

Consultado sobre la posibilidad de adaptar el modelo regional a experiencias de otras zonas francas, Sánchez consideró que existen oportunidades para ampliar las actividades del recinto, especialmente mediante el desarrollo del comercio digital y la incorporación de servicios.

El empresario valoró la instancia de diálogo impulsada por el Gobierno Regional y manifestó estar de acuerdo con avanzar hacia nuevas modalidades que permitan diversificar las actividades económicas de Zona Franca.

“Estoy muy de acuerdo con el gobierno regional de que debiéramos tratar de ir hacia el mercado digital, hacia los servicios. No sé si podremos lograr todos los servicios que tienen otras zonas francas del mundo, pero algunos de ellos sí creo que va a ser importante”, expresó.

Además, planteó que el desarrollo del recinto no debería concentrarse exclusivamente en el comercio tradicional, sino que también tendría que aprovechar las oportunidades vinculadas al turismo, la actividad marítima y los servicios destinados a embarcaciones que operan en el entorno antártico.

En particular, mencionó la necesidad de mejorar las prestaciones para cruceros y buques que llegan a la región para desarrollar actividades relacionadas con la Antártica.

“Yo creo que haciendo un esfuerzo, como decían, los servicios y también este servicio hacia Antártica y hacia turista, podríamos mejorar no solo la zona franca, sino que todo lo que está ocurriendo en Punta Arenas”, sostuvo.

Mesas de trabajo y próxima licitación: primero deben definirse las reglas

Respecto de las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno Regional para analizar el futuro de Zona Franca, Alejandro Sánchez calificó positivamente su experiencia de participación, aunque advirtió que existen aspectos fundamentales que deben resolverse antes de avanzar hacia una nueva licitación.

El empresario explicó que durante las reuniones se han producido diferencias entre representantes del comercio de Zona Franca y del comercio establecido en el centro de Punta Arenas, debido a que ambos sectores compiten por parte del mismo mercado.

No obstante, consideró que estas instancias permiten intercambiar visiones y reconocer los aspectos que requieren modificaciones.

Su principal preocupación apunta a que el proceso no debería comenzar directamente con el llamado a licitación, sino con la definición de las condiciones que deberán cumplir todos los interesados en administrar el recinto.

“El mayor problema y que lo hice ver apenas comenzó la asamblea en la que estuve presente. Fue que el gobernador manifestó que la intención era llamar una licitación el próximo año. Y la verdad que a mi modo ver, eso es el segundo paso. El primer paso debe ser fijar las bases para que todas las empresas tengan los mismos, las empresas que quieran participar de la licitación tengan los mismos antecedentes y a su vez, cuando le toque la posibilidad de ejercer la concesión, tengan los mismos costos hacia los usuarios”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que las bases deben establecer reglas claras sobre las tarifas, las obligaciones de inversión y los mecanismos de fiscalización, evitando que las condiciones puedan modificarse posteriormente sin una adecuada justificación.

Sánchez también confirmó que participó en una reunión con el Ministerio de Hacienda y que, a través de la empresa y de su participación en Cámara Franca, ha seguido activamente las conversaciones sobre el futuro del recinto.

Al respecto, valoró el trabajo desarrollado por la organización gremial y planteó que la entidad encargada de preparar las bases de la próxima licitación debería mantener una instancia directa de trabajo con los usuarios.

“Y creo que la entidad que genere las bases para la nueva licitación debiera tener una conversación uno a uno con Cámara Franca. Es una reunión de trabajo que sea más de hacer ver lo que debemos mejorar y sobre todo de que la licitación se ajusta”, señaló.

Cuestionamientos a los ingresos de la concesionaria y al 28% que recibe el Gobierno Regional

Uno de los aspectos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la distribución de los ingresos generados por la administración del recinto franco y el porcentaje que recibe el Gobierno Regional.

Sánchez explicó que existe una percepción pública de que la concesionaria entrega un 28% de sus ingresos brutos a la administración regional, pero cuestionó que no siempre se explique cómo se generan esos recursos y quién termina asumiendo el costo.

Según su planteamiento, parte de los ingresos que recibe la concesionaria provienen de las tarifas y cobros que pagan los usuarios, quienes posteriormente deben incorporar esos gastos a sus precios de venta.

“Pero la verdad que no es Renta. Renta. Para poder entregar eso subió las tarifas hacia nosotros. Hacia todos los usuarios. Y nosotros para poder pagar las alzas subimos los precios a la comunidad magallánica. Entonces es la misma comunidad magallánica la que está pagando todo lo que después le llega al gobierno regional”, afirmó.

El empresario aclaró que no considera negativo que el Gobierno Regional reciba recursos provenientes de Zona Franca, especialmente si estos se destinan a iniciativas que beneficien a los habitantes de Magallanes.

Sin embargo, planteó que también debe existir transparencia respecto del porcentaje restante y de las utilidades que obtiene la empresa concesionaria.

“Sin embargo el problema no es el 28% el problema es quién se queda con el otro 72% de la renta bruta”, manifestó.

En esa línea, cuestionó que los usuarios no cuenten con información suficiente para conocer la estructura de costos, los gastos efectivos y las utilidades de la administración.

“Nunca hemos podido saber las utilidades de Zona Franca. Entiendo que algunas otros organismos del gobierno han pedido ver eso y no se ha podido ver”, agregó.

Observaciones al estudio del BID: falta información de los usuarios

Otro de los puntos abordados fue el estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para analizar el modelo de Zona Franca y sus alternativas de funcionamiento futuro.

Sánchez valoró que existan estudios y aportes técnicos para orientar las decisiones, pero consideró que el documento presenta limitaciones importantes debido a que no habría incorporado suficientemente la visión de los usuarios del recinto.

En particular, cuestionó que algunos antecedentes utilizados no reflejen la totalidad de las operaciones comerciales, especialmente cuando se trata de las ventas realizadas mediante boletas y facturas.

“Pero sí era muy incompleto y tuve la suerte en esa, en esa última asamblea de conversar con la gente que hizo la asesoría al BID, que preparó el trabajo y nos decían que dentro del de lo que correspondía y lo expidieron, era que por el momento no nos preguntaran a nosotros. O sea, se hizo el informe del BID, pero los usuarios no pudimos participar de él, no dimos nuestra opinión”, comentó.

El empresario explicó que, desde su perspectiva, para realizar un diagnóstico adecuado es necesario contar con información completa de los movimientos comerciales y de los ingresos que genera el recinto.

“Cuando solamente se están informando los valores de los SRF y no los de y no los de las boletas o facturas, que es lejos el mayor ingreso que tiene las mayores ventas de todos los usuarios son a través de boletas y facturas. O del noventa por ciento de los usuarios. Entonces cuando esa información no está o está incompleta la verdad creo que no nos sirve mucho”, sostuvo.

De todas formas, indicó que durante la conversación con los profesionales vinculados al estudio pudo constatar que estaban conscientes de las limitaciones de información, por lo que consideró que todavía es posible complementar el trabajo.

Sánchez propone reemplazar el modelo de concesión por uno de administración

Uno de los planteamientos más relevantes de la entrevista fue la propuesta de revisar el sistema de concesión que actualmente administra Zona Franca y evaluar un modelo en el que la gestión de las obras y las inversiones pueda quedar bajo responsabilidad de una institución pública u otro organismo.

Sánchez explicó que el actual sistema presenta dificultades para garantizar inversiones durante todo el período de concesión, debido a que una empresa privada debe buscar recuperar los recursos que destina al recinto dentro del plazo de administración.

A su juicio, esto puede provocar que las inversiones se concentren en los primeros años y que, a medida que se aproxima el término del contrato, disminuya el ritmo de mejoras.

“Y el concesionario tiene un tema que debe tratar de obviamente maximizar sus utilidades y debe invertir todo lo que la Zona Franca requiera. Pero regular lo que la Zona Franca requiere no es fácil. Yo diría que es casi imposible”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que durante los primeros años de la actual administración se desarrollaron ampliaciones del centro comercial, pero que actualmente observa necesidades de mejoramiento en calles, iluminación, urbanización y veredas.

“Pero hoy día, a mi modo de ver, las inversiones son insuficientes. Las urbanizaciones no son como deberían corresponder. Me parece que tenemos problemas de iluminación, tenemos problemas de calles que no están bien, tenemos problemas de lugares en que no hay aceras”, señaló.

Frente a este escenario, propuso evaluar una estructura distinta, en la que exista una entidad responsable de definir las obras prioritarias, financiar su ejecución y fiscalizar que se cumplan los estándares establecidos.

“Entonces me coloco el tema de que tal vez no tenga que ser una concesionaria y tenga que ser el Estado el que o alguna institución la que decida las obras y además pague las obras. O sea, la financia”, planteó.

El empresario agregó que una parte de los recursos que actualmente se recaudan podría destinarse directamente a financiar las mejoras que necesita el recinto, sin dejar de considerar los aportes que recibe el Gobierno Regional.

En ese sentido, fue enfático al señalar que no considera conveniente repetir el actual sistema después de 2030.

“Pero me encantaría participar porque hoy día ya no se está licitando la concesión. Se está licitando que el que gane la licitación se hace de la misma forma que ahora, va a ganarse la utilidad que se está ganando la concesionaria que hay hoy día. Y eso no me parece justo para nada”, afirmó.

Tarifas y cobros: cuestionamientos a los costos que enfrentan los usuarios

Alejandro Sánchez también entregó ejemplos concretos de cobros que, desde su perspectiva, deberían ser revisados en el próximo modelo de administración.

Uno de ellos corresponde al porcentaje que se aplica por la visación de documentos comerciales. Explicó que antiguamente los usuarios debían realizar procesos manuales para registrar las operaciones y que posteriormente se incorporaron herramientas informáticas que facilitaron esa labor.

Con los cambios en los procedimientos aduaneros, sostuvo, los propios usuarios comenzaron a entregar archivos con la información requerida, lo que, a su juicio, debería haber significado una disminución de los costos asociados al servicio.

Sin embargo, aseguró que el cobro actual aumentó respecto del porcentaje que se aplicaba anteriormente.

“Hoy día, a raíz del nuevo reglamento de Zona Franca, no de la administración, sino que el aduanero, nosotros tenemos la obligación de entregarle un archivo con las con los requerimientos que ellos necesitan en un formato que ellos necesitan y le entregamos absolutamente todo el trabajo hecho. Sin embargo, la concesionaria nos está cobrando hoy día por visación de cada documento un 2,2%”, explicó.

El empresario cuestionó que el cobro se haya incrementado pese a que parte del trabajo administrativo que antes debía realizar la concesionaria ahora es desarrollado por los propios usuarios.

“Entonces, no puede ser. Si ahora les entregamos el archivo, yo creo que hoy día debiesen haber bajado la tarifa del 2,2 al 0,2. No, la subieron del 1.9 al 2.2. No tiene ninguna lógica”, manifestó.

También mencionó el cobro por asignación de terrenos, señalando que en el pasado se estableció como un pago por una sola vez para financiar la urbanización de espacios que no contaban con las condiciones necesarias.

No obstante, advirtió que actualmente se estaría planteando volver a cobrar dos unidades de fomento por metro cuadrado cada diez años, situación que considera injustificada y que podría representar un costo considerable para los usuarios.

“¿Cuál es el objeto de eso? ¿Para qué? No, es un cobro que no tiene justificación, absolutamente ninguna. Era por una vez para terrenos que no estaban urbanizados. Bueno, así hay muchísimas cosas”, sostuvo.

Para Sánchez, estos ejemplos reflejan la necesidad de que las tarifas tengan un respaldo claro, que exista una relación entre los servicios prestados y los cobros realizados, y que los usuarios puedan participar en la discusión de las condiciones económicas del próximo período.

Proyecciones de Sánchez y Sánchez: expansión comercial y apertura de una nueva tienda

En el último tramo de la entrevista, Alejandro Sánchez se refirió al futuro de la empresa familiar y a los proyectos comerciales que esperan concretar durante los próximos meses.

El empresario destacó que Sánchez y Sánchez mantiene el retail como su principal actividad, aunque actualmente participa en otros rubros. También expresó que la empresa busca mantener su presencia en Magallanes y continuar desarrollando el legado de sus fundadores.

“Nosotros somos tremendamente agradecidos de Magallanes y tratamos de participar y de hacerlo lo mejor posible. Nosotros, el legado de los abuelos, no solo de los abuelos Sánchez, también los abuelos Doberti y el legado de mi padre. El tema de servir a la comunidad lo llevamos muy dentro”, expresó.

Entre los proyectos anunciados, destacó la próxima apertura de una tienda de la marca Cohome, con la que la compañía busca avanzar en su expansión hacia el mercado de Santiago.

Sánchez indicó que esperan concretar la apertura durante enero o febrero de 2027, aunque reconoció que el proceso de instalación y el inicio de las operaciones han presentado desafíos.

“Bueno, esperamos los primeros meses del próximo año, abrir DKO Home es la marca con que estamos penetrando el mercado de Santiago. Estamos muy contentos con ellos, a pesar del poco tiempo y de lo difícil que es empezar a vender acá”, comentó.

No obstante, advirtió que este tipo de inversiones implica riesgos debido a las condiciones de los contratos de arriendo y asignación de espacios dentro de Zona Franca.

Explicó que los contratos se encuentran sujetos al período de concesión vigente y que, aunque los usuarios cuentan con prioridad para renovar, no existe una certeza absoluta de continuidad en los mismos locales.

“Porque los contratos que nos da Zona Franca son por el período en que están y por lo tanto uno no tiene la certeza porque solamente sabemos que nos dan la prioridad de renovarnos el contrato. Pero podría ser, porque es una prioridad, pero podría ser que alguien nos saque en los locales que nosotros tenemos. Y tendríamos que desmontar nuestras bodegas e irnos”, advirtió.

El empresario consideró que los usuarios deberían contar con mayores garantías de continuidad, salvo que existan incumplimientos que justifiquen la pérdida de sus espacios.

Una discusión que marcará el futuro del recinto franco

La entrevista con Alejandro Sánchez permitió conocer la perspectiva de uno de los empresarios históricos de Zona Franca respecto de los cambios que considera necesarios para el próximo período de administración.

Si bien reconoció el aporte que el recinto ha realizado al comercio y al costo de vida de Magallanes, planteó que el modelo debe avanzar hacia reglas más transparentes, tarifas justificadas, mayor participación de los usuarios y una planificación de inversiones que responda a las necesidades del recinto y de la comunidad.

Su principal planteamiento apunta a que la discusión sobre el futuro de Zona Franca no se limite a definir quién administrará la concesión a partir de 2030, sino que permita revisar la estructura completa de funcionamiento, los mecanismos de financiamiento y la distribución de los recursos que genera.

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