13 de noviembre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | HACIA DÓNDE DEBE IR LA IZQUIERDA
por Pablo Cifuentes Vladilo

Hay una pregunta que el mundo político debería hacerse con más frecuencia: ¿para qué hacemos política?
Esta pregunta, por sencilla que parezca, esconde el trasfondo mismo de la cuestión pública. En tiempos en que la política suele medirse en encuestas, elecciones, cargos y resultados electorales, corremos el riesgo de olvidar algo fundamental: la política no se trata solo de administrar el poder, sino entenderlo como una herramienta capaz de cambiar la sociedad. La izquierda, al menos, debería recordarlo.
El habitar la experiencia política me ha llevado a entender el quehacer político como una cadena que comienza mucho antes de una elección: escuchar las necesidades de las personas, reconocer problemas que muchas veces permanecen invisibles, organizar esas demandas, convertirlas en propuestas, construir acuerdos y, finalmente, disputar espacios de poder que permitan llevar esas ideas a la práctica.
Porque una demanda social, por legítima, necesaria e incluso urgente que sea, difícilmente podrá transformar las condiciones que la originaron si no logra convertirse en acción política.
Ahí está, quizás, una de las principales tareas de la izquierda contemporánea: volver a conectar la política con la sociedad.
El desafío no consiste en escoger entre movimientos sociales e instituciones, entre la calle y el Estado, entre participación y gobierno. Esa dicotomía es, en gran medida, una trampa. La transformación social necesita de ambos espacios.
Los movimientos sociales tienen una capacidad irremplazable para identificar aquello que las instituciones muchas veces no ven. Conocen el territorio, experimentan cotidianamente sus problemas y son capaces de anticipar cambios culturales y sociales. Las instituciones, en cambio, poseen herramientas para convertir parte de esas demandas en políticas públicas, derechos, presupuestos y decisiones que afectan la vida de millones de personas.
La tarea de la izquierda debería ser construir el puente entre ambas dimensiones.
Eso supone comprender que representar implica mucho más que investise como la voz de otros. Representar debería significar escuchar, organizar, articular y abrir espacios para que las propias personas puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas.
Por eso hay una segunda pregunta que parece natural: ¿qué hacemos con el poder cuando conseguimos ejercerlo?
Porque disputar el poder no es una traición a los principios de izquierda. Todo lo contrario. Si creemos que existen desigualdades e injusticias, que el Estado debe garantizar derechos, que debemos enfrentar la crisis climática, que necesitamos terminar con las brechas de género y que las regiones deben tener mayor capacidad de decisión, entonces necesitamos poder político para transformar esas convicciones en realidad.
Pero el poder también puede convertirse en un fin en sí mismo.
Ese es uno de los riesgos que una izquierda democrática debe evitar. Llegar al gobierno no puede ser el punto culminante de un proyecto político. Es apenas el comienzo de la responsabilidad de demostrar que las ideas pueden producir cambios concretos en la vida de las personas.
Por eso creo que la izquierda necesita recuperar una dimensión que alguna vez estuvo en el centro de su identidad: la capacidad de construir comunidad.
Un partido político no debería ser solamente una maquinaria electoral. Debiera ser también un espacio donde las personas puedan encontrarse, discutir sus diferencias, aprender unas de otras, organizarse y construir una visión compartida de sociedad.
Eso exige también abandonar cierta idea del liderazgo político como protagonismo individual. La transformación depende de mucho más que figuras personales; la hacen comunidades organizadas, instituciones democráticas y ciudadanos capaces de reconocerse como parte de un proyecto colectivo.
Esto se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de regiones. No podemos seguir pensando la descentralización únicamente como la transferencia de determinadas competencias desde Santiago hacia los territorios. Descentralizar también significa reconocer que el territorio produce conocimiento político.
Quien vive en Magallanes conoce problemas, oportunidades y formas de relacionarse con el Estado que difícilmente pueden comprenderse completamente desde una oficina en la capital. Lo mismo ocurre en Arica, Aysén, Biobío o cualquier otro territorio del país. Una política verdaderamente transformadora debe ser capaz de escuchar ese conocimiento y convertirlo en decisiones.
Entonces, ¿hacia dónde debe ir la izquierda? Creo que debe ir hacia la sociedad. Hacia las comunidades que se organizan. Hacia quienes todavía no encuentran espacios para participar. Hacia los jóvenes que desconfían de las instituciones políticas, pero que siguen movilizándose por causas que consideran justas. Hacia los trabajadores, las mujeres, las comunidades territoriales, las organizaciones sociales y tantas personas que tienen algo que decir sobre el país que queremos construir.
Debe volver a escuchar antes de hablar, debe volver a organizar antes de administrar, debe ser capaz de construir mayorías sin renunciar a sus principios. Y debe comprender que gobernar no significa simplemente ocupar el Estado, sino utilizar el poder para transformar las condiciones que hacen necesaria la política.
Quizás, finalmente, la pregunta no sea si la izquierda debe moverse hacia la izquierda, hacia el centro o hacia cualquier otro lugar del tablero político.
Quizás la pregunta sea mucho más sencilla: ¿Cuánto hemos sido capaces de acercarnos nuevamente a la sociedad?
Porque si alguna vez la izquierda tuvo sentido como proyecto político, fue precisamente porque entendió que las sociedades no están condenadas a ser como son.
Y esa sigue siendo, quizás, su tarea más importante: organizar a las personas para demostrar que el futuro también puede ser una decisión colectiva.
La jornada marcó el inicio oficial del periodo de mayor visitación con la entrega de una nueva flota vehicular para guardaparques, camillas de rescate en montaña financiadas con fondos del royalty y la activación regional de la estrategia nacional de combate al fuego.




































































































































































