27 de octubre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | LA LEY DE 40 HORAS AÚN NO TERMINA DE IMPLEMENTARSE Y EL GOBIERNO PROPONE MODIFICARLA ¿QUIÉN ASUME EL COSTO?
Por Pablo Bussenius Cornejo
La Ley de 40 Horas fue el resultado de seis años de tramitación legislativa y de un amplio acuerdo político y social que concitó un importante respaldo transversal.
Su promesa era sencilla, pero profunda: reducir el tiempo destinado al trabajo, ampliar los espacios de descanso y favorecer una mejor conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
Publicada el 26 de abril de 2023, la ley estableció una reducción gradual de la jornada ordinaria: 44 horas semanales desde abril de 2024; 42 horas desde abril de 2026; y, finalmente, 40 horas a contar de abril de 2028.
La reforma, por tanto, aún no termina de implementarse. Sin embargo, el Gobierno ya ha presentado un proyecto de ley —actualmente en discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados— que propone modificaciones relevantes a su funcionamiento.
Aunque la iniciativa mantiene formalmente el promedio de 40 horas semanales, introduce cambios en la forma en que la jornada puede distribuirse en el tiempo y en las reglas relativas al descanso y a la compensación de las horas extraordinarias.
De avanzar en los términos propuestos, sus efectos no serán meramente técnicos. Pueden incidir directamente en la calidad de vida de las personas trabajadoras y afectar uno de los propósitos centrales que inspiraron la Ley de 40 Horas: que trabajar menos no fuera solo una cifra, sino también una forma de recuperar tiempo para la vida personal y familiar.
Ahora bien, esta discusión no debiera reducirse a estar a favor o en contra de la adaptabilidad laboral. Las empresas enfrentan variaciones en la demanda, temporadas altas y bajas y necesidades productivas cambiantes. En Magallanes lo sabemos bien: actividades como el turismo, la hotelería y la gastronomía están marcadas por una fuerte estacionalidad.
Discutir mecanismos de adaptabilidad es, por tanto, legítimo. La pregunta relevante es otra: ¿quién asume su costo?
Para una empresa, la adaptabilidad puede significar mayor flexibilidad para organizar sus procesos productivos. Para quien trabaja, en cambio, puede traducirse en mayor incertidumbre sobre sus horarios, jornadas más concentradas y menor capacidad para organizar su vida familiar, los cuidados y sus períodos de descanso.
Una economía moderna necesita empresas capaces de adaptarse, pero también personas capaces de planificar sus propias vidas. Por eso, la discusión debe centrarse en los límites de esa flexibilidad, los contrapesos que la acompañan y la forma en que se distribuyen sus costos.
La empresa no puede ganar flexibilidad a costa de que las personas trabajadoras pierdan certeza sobre su tiempo. Si frente a las necesidades productivas son siempre ellas quienes deben aportar mayor disponibilidad, reorganizar su vida familiar o postergar su descanso, entonces el costo de la adaptabilidad no se está compartiendo: se está trasladando desde la empresa hacia el trabajador.
Precisamente por eso, antes de introducir nuevas reglas de adaptabilidad que puedan alterar ese equilibrio, parece razonable permitir que la Ley de 40 Horas complete su proceso de implementación.Una vez plenamente vigente, será posible evaluar sus efectos sobre el empleo, la productividad, la organización de las empresas y, especialmente, sobre la vida cotidiana de las personas trabajadoras.
Solo entonces, sobre la base de evidencia y mediante un diálogo que incorpore a los distintos actores involucrados, especialmente a los trabajadores, correspondería evaluar eventuales ajustes a la normativa.
Porque la discusión de fondo no es si las empresas necesitan adaptarse. Es quién paga el costo de esa adaptación y cuánto del tiempo de las personas estamos dispuestos a entregar para hacerla posible.
La iniciativa contempla una inversión superior a los $606 millones para habilitar miradores, senderos, cierres de seguridad e infraestructura de información; resguardando el hábitat de las aves y sus periodos de anidación.
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