TRASPASO DESDE CONAF AL SBAP REGISTRA UN 40% DE AVANCE, SEGÚN SEREMI DE MEDIO AMBIENTE GONZALO ROSENFELD

​El seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld, analizó los principales desafíos ambientales de la región durante una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Entre los temas abordados estuvieron el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para 2027, el fortalecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la consulta indígena para la creación del Parque Nacional Cabo Froward y la crítica situación de la infraestructura para la disposición de residuos en Magallanes.

La autoridad también se refirió al avance del traspaso de funciones desde Conaf al nuevo servicio, al trabajo de gobernanza climática desarrollado en Torres del Paine y a la necesidad de combinar inversiones en infraestructura con educación ambiental y mayores tasas de reciclaje.
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Presupuesto ambiental 2027: el Gobierno defiende una redistribución de recursos
Uno de los principales temas de la entrevista fue la discusión presupuestaria para 2027 y sus eventuales efectos en la gestión ambiental. Rosenfeld explicó que, si bien la partida del Ministerio de Medio Ambiente contempla ajustes, el Gobierno busca reorganizar los recursos disponibles y priorizar aquellas iniciativas que tengan un impacto directo en la ciudadanía.

El seremi sostuvo que es necesario distinguir entre una reducción presupuestaria y una redistribución de los fondos, especialmente al considerar las funciones que cumple el ministerio como organismo regulador y el trabajo de los servicios vinculados a la evaluación ambiental, la fiscalización y la protección de la biodiversidad.

“Cuando se habla de que se hace una reducción en el medio ambiente, hay que considerar, por ejemplo, que existe un programa primero, que nosotros somos reguladores. El Ministerio de Medio Ambiente en su partida destina recursos para crear leyes, normas, reglamentos”, explicó.

En esa línea, indicó que el ministerio establece las normas y directrices que permiten el funcionamiento de los organismos relacionados con la gestión ambiental, entre ellos la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Rosenfeld señaló que uno de los objetivos centrales es asegurar la implementación del SBAP, considerando las nuevas responsabilidades que tendrá en la administración de las áreas protegidas del país.

“Por lo tanto, SBAP va a sufrir un ajuste al alza de un 20%, va a crecer de 18.000 millones a 22.000 millones”, afirmó al referirse a los recursos contemplados para el servicio en 2027.

La autoridad agregó que el presupuesto debe analizarse considerando tanto las necesidades de los organismos públicos como la eficiencia en la ejecución de los fondos, con el propósito de evitar que los recursos asignados permanezcan sin utilizar o se destinen a gastos que no se traduzcan en beneficios concretos para la población.

Traspaso desde Conaf al SBAP registra un 40% de avance

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Otro de los puntos abordados fue el proceso de transición institucional entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo que asumirá nuevas funciones en la administración de las áreas protegidas.

Rosenfeld indicó que el trabajo entre ambas instituciones registra un avance cercano al 40%, de acuerdo con los antecedentes revisados en una reunión de la mesa de gestión del cambio.

“Yo te puedo decir que existe un estado de avance de un 40%. Por lo tanto, se está materializando de a poco este traspaso. Me fui muy satisfecho a esa reunión. De hecho, Conaf ha hecho un levantamiento muy acucioso de cada una de las partidas que le corresponde traspasar a SBAP”, señaló.

El seremi manifestó que el proceso avanza de acuerdo con la planificación y que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido información sobre modificaciones en el calendario previsto para concretar el traspaso de funciones a partir de marzo de 2027.

La implementación del nuevo servicio representa uno de los principales desafíos para la institucionalidad ambiental, debido a las responsabilidades que tendrá en la protección de los ecosistemas y en la definición de las actividades compatibles con los objetivos de conservación de cada área.

En ese contexto, Rosenfeld recalcó que el SBAP deberá desarrollar planes de manejo que establezcan las condiciones para realizar actividades en los territorios protegidos, considerando las características de cada lugar y la participación de las comunidades.

“Ellos van a ser los administradores, ellos van a definir a través de estos instrumentos de carácter normativo, que son los planes de manejo, qué actividades se pueden realizar, qué actividades son compatibles con los objetos de conservación y eso será definido en planes de manejo junto a las comunidades locales”, explicó.

La autoridad agregó que, cuando exista una afectación directa sobre comunidades indígenas, deberán desarrollarse los procesos de consulta correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

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Consulta indígena por la creación del Parque Nacional Cabo Froward

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La creación del futuro Parque Nacional Cabo Froward fue otro de los asuntos tratados durante la entrevista, luego del inicio del proceso de consulta indígena impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Rosenfeld destacó la importancia geográfica y ambiental de este territorio, situado en el extremo austral del continente americano, y sostuvo que su eventual protección representa una oportunidad para resguardar un espacio de características singulares para Magallanes.

“Bueno, la verdad que es un lugar único, es único por varios motivos. Una de las razones, diría yo, que es el hito geográfico más austral del continente americano”, señaló.
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El seremi explicó que la consulta indígena responde a las disposiciones de la Ley Indígena N.º 19.253 y del Decreto Supremo N.º 66, que regula los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas cuando una medida administrativa o legislativa puede generar una afectación directa.

Según indicó, se realizaron publicaciones en medios de circulación local para informar sobre el proceso y convocar a las comunidades kawésqar a la primera reunión de planificación, programada para el 18 de noviembre de 2026.

“Ahí van a asistir, debieran asistir las comunidades kawésqar que están convocadas para que vayamos de a poco trabajando en una hoja de ruta y que nos permita escuchar las distintas opiniones respecto a la creación de esta nueva área protegida para nuestra región”, manifestó.

El proceso busca recoger las perspectivas de las comunidades convocadas antes de avanzar en las etapas correspondientes a la creación del parque, incorporando sus observaciones en el desarrollo de la hoja de ruta.

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Consejo de Gestión Indígena del Parque Nacional Kawésqar

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La participación de los pueblos originarios en la gestión de las áreas protegidas también fue abordada a propósito de la conformación del Consejo de Gestión Indígena vinculado al Parque Nacional Kawésqar.

El seremi calificó esta instancia como un hito para la región, debido a que contempla el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades indígenas en materias relacionadas con la gestión y definición del territorio.

De acuerdo con lo expuesto durante la conversación, la instancia reúne a representantes de 16 comunidades indígenas y busca contribuir al diálogo sobre la administración y protección de este espacio.

Rosenfeld destacó que la participación de las comunidades es relevante para abordar las decisiones que involucran sus territorios y avanzar en acuerdos que consideren tanto los objetivos de conservación como las perspectivas de quienes mantienen vínculos con esas zonas.

“Cuando se trabaja en conjunto se pueden lograr muy buenos resultados”, sostuvo al referirse a la conformación de este comité de gestión.

La autoridad explicó que el nuevo modelo de administración de las áreas protegidas deberá considerar mecanismos de participación local y consulta cuando corresponda, especialmente en territorios donde las decisiones de conservación puedan tener efectos directos sobre comunidades indígenas.

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Ajustes al programa de recambio de calefactores y gasto público

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Durante la entrevista, Rosenfeld también entregó antecedentes sobre los ajustes presupuestarios aplicados a programas ambientales que se ejecutan en otras regiones del país, particularmente el programa de recambio de calefactores.

El seremi aclaró que esta iniciativa no corresponde a un programa implementado actualmente en Magallanes, sino que está dirigida a zonas de otras regiones que presentan problemas de contaminación atmosférica y cuentan con planes de descontaminación.

Según explicó, al asumir la actual administración encontraron aproximadamente 21.000 calefactores almacenados en bodegas, por lo que se decidió reducir en un 50% el presupuesto destinado a la compra de nuevos equipos, priorizando la instalación de los que ya estaban disponibles.

“Lo que hizo el Ministerio fue ajustar esa línea programática en un 50%. Ya no se van a adquirir los miles de calefactores que se adquirían anualmente; se van a adquirir 50% menos, pues ya tienen en stock. Entonces, tienes que instalarlos en la medida que puedas montar lo que está en bodega”, afirmó.

Rosenfeld agregó que, desde marzo hasta la fecha de la entrevista, se habían instalado más de 7.600 calefactores, cifra que comparó con un promedio de 5.000 instalaciones anuales durante la administración anterior.

El objetivo, según planteó, es evitar que los recursos públicos se destinen a adquirir más equipos mientras existen unidades almacenadas que aún deben ser instaladas y entregadas a sus destinatarios.

El seremi extendió este argumento a otras áreas de gestión, señalando que el ministerio busca revisar gastos asociados a actividades, arriendos y servicios que puedan ajustarse para priorizar las acciones con impacto directo en la población.

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Cambio climático: colaboración público-privada para financiar soluciones

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En materia de cambio climático, Rosenfeld indicó que la estrategia presupuestaria también contempla la búsqueda de recursos complementarios provenientes del sector privado.

El objetivo sería impulsar una plataforma público-privada que permita financiar iniciativas y soluciones basadas en la naturaleza, contribuyendo a enfrentar los efectos del cambio climático y a fortalecer la conservación de los ecosistemas.

“Si nosotros queremos que los recursos lleguen a la ciudadanía, entonces no malgastemos los recursos, lo que estamos haciendo es un ordenamiento interno. Es esto: ajustar el presupuesto de tal manera que los recursos que nos asignen vayan destinados a las personas, a los ciudadanos”, afirmó.

La autoridad sostuvo que la participación del sector privado puede ser relevante para complementar los recursos estatales, considerando la magnitud de los desafíos ambientales y la necesidad de desarrollar proyectos de largo plazo.

En ese contexto, mencionó la propuesta de avanzar en un fondo para apoyar el financiamiento de áreas protegidas, cuyo punto de partida sería un proyecto por 10,3 millones de dólares.

Según explicó, la idea es desarrollar un mecanismo que permita incrementar los recursos disponibles con el tiempo y utilizar el rendimiento del capital para contribuir a cubrir los costos asociados a la conservación.

“Vamos a tener que generar un fondo. Y ese fondo, Christopher, que no sé si tú lo viste en algunas de las noticias, se está postulando un proyecto por 10,3 millones de dólares”, indicó.

Rosenfeld sostuvo que esta alternativa busca entregar una base financiera que ayude a responder a las necesidades de las áreas protegidas, reconociendo que la disponibilidad de recursos es uno de los principales desafíos para garantizar su administración y resguardo.

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Torres del Paine avanza en certificación de gobernanza climática

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En el ámbito de la gestión ambiental local, el seremi destacó el trabajo desarrollado por la Municipalidad de Torres del Paine, que recibió una certificación asociada a sus avances en gobernanza climática.

Rosenfeld explicó que este reconocimiento forma parte del programa de gestión ambiental local del ministerio, que contempla procesos de certificación para establecimientos educacionales, municipios y empresas privadas.

En el caso de Torres del Paine, valoró las iniciativas implementadas por el municipio en materia de electromovilidad, reciclaje y gestión de residuos, además de los esfuerzos relacionados con la planificación de un futuro relleno sanitario para la provincia de Última Esperanza.

“En este caso nos tocó certificar al municipio de Torres del Paine por el trabajo que están realizando en gobernanza climática. A nivel de apresto, la verdad que ellos están desarrollando un muy buen trabajo desde hace mucho tiempo: tienen un punto eléctrico, están comenzando con un sistema de reciclaje y tienen un punto verde”, indicó.

La autoridad agregó que el desafío de los residuos requiere coordinación entre las instituciones públicas, los municipios y el sector privado, incluyendo a las empresas vinculadas al turismo, para disminuir la cantidad de desechos que termina en los sitios de disposición final.

En ese sentido, destacó la importancia de avanzar hacia sistemas de gestión que reduzcan los impactos ambientales y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los residuos.

Magallanes enfrenta una situación crítica en infraestructura para residuos

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Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el diagnóstico sobre la infraestructura para la disposición de residuos en Magallanes. Rosenfeld advirtió que la región enfrenta una situación compleja debido a la falta de instalaciones que cumplan con los estándares requeridos, lo que obliga a avanzar en soluciones para distintas comunas.

“Como región estamos en una situación crítica, tenemos el índice de criticidad de infraestructura peor de Chile, el más alto desde el punto de vista del porcentaje. Estamos considerando la peor región en cuanto a que no tenemos ningún sistema de infraestructura más allá de los vertederos, los botaderos o los microbasurales que poseemos”, señaló.

El seremi explicó que el ministerio está trabajando en distintas líneas de acción para apoyar a los municipios en la búsqueda de alternativas, tanto para la gestión inmediata de los residuos como para el desarrollo de infraestructura definitiva.

En el caso de Punta Arenas, indicó que se están coordinando acciones de apoyo técnico con el municipio, considerando que el vertedero actual tendría una vida útil estimada de aproximadamente dos años y medio, e incluso podría ser menor.

“Nosotros como ministerio vamos a proveer el apoyo técnico en lo que requiera el municipio de Punta Arenas, porque sabemos lo complejo que está la situación, sabemos que el vertedero actual tiene 2,5 años de vida útil y tal vez menos, dos años tal vez, no lo sabemos”, afirmó.

Según explicó, entre las alternativas se considera desarrollar una asesoría técnica con un consultor externo que permita evaluar posibles soluciones, avanzar hacia el cierre del vertedero y posteriormente concretar un relleno sanitario.

El seremi recalcó que este proceso requiere esfuerzos coordinados y planificación, debido a que la construcción de infraestructura sanitaria constituye una necesidad urgente para la región.

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Rellenos sanitarios: infraestructura y educación ambiental deben avanzar en conjunto

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Rosenfeld también enfatizó que la solución a la crisis de residuos no depende únicamente de la construcción de nuevas instalaciones, sino que requiere cambios en los hábitos de la población y un fortalecimiento de la educación ambiental.

La autoridad hizo un llamado a reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final, aumentar las tasas de reciclaje y promover la separación de los materiales desde su origen.

“Porque no solamente se requiere infraestructura, sino que también educación ambiental. Se requiere conciencia ambiental por parte de los ciudadanos”, manifestó.

En ese contexto, recordó la existencia de un sistema de gestión colectivo vinculado al reciclaje en la ciudad e invitó a la comunidad a utilizar los puntos disponibles para entregar sus residuos de manera segregada.

“Hay una persona atendiendo en un horario de oficina para que pueda recibirlo y poder asesorarlo en cómo segregar los residuos”, señaló.

El seremi planteó que la colaboración ciudadana será fundamental para que las futuras inversiones en infraestructura sanitaria puedan responder de manera más eficiente a las necesidades de Magallanes.