8 de noviembre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | EL SUICIDIO POLÍTICO DE KAST: AFERRARSE A RABAT
Por: Carlos Sánchez Inostroza. Presidente Regional Partido Nacional Libertario Magallanes.
Hay errores que se pagan caro. Y hay errores que se convierten en suicidio político cuando se insiste en ellos contra toda evidencia. El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, está entrando en esa segunda categoría. Y el Presidente José Antonio Kast parece decidido a acompañarlo hasta el final. La crisis es clara y brutal. Entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que rebajaron las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Algunos de esos condenados ya recuperaron la libertad. El propio Rabat reconoció que “la gran mayoría” probablemente está fuera. Las víctimas no fueron notificadas. El Presidente, según el ministro, “no estaba en conocimiento”. Y sin embargo, los decretos llevan la fórmula “por orden del Presidente de la República”. Kast diagnosticó el problema con dureza: “El Estado les falló” a las víctimas. Reconoció un “error” del Gobierno. Anunció un proyecto de ley para impedir que esto vuelva a ocurrir. Hasta ahí, el discurso era correcto. El problema es lo que vino después: decidió que Rabat se quedara. No solo se quedara: que liderara las correcciones. Que fuera él quien limpiara el desastre que él mismo firmó. Esa decisión se ha transformado en un calvario. Cada día que pasa, la crisis deja de ser de Rabat y se convierte en crisis de Kast. Encuestas muestran rechazo mayoritario a mantener al ministro. Parlamentarios oficialistas piden, en privado y a veces en público, su salida. La oposición prepara una acusación constitucional y alarga el proceso a propósito, porque sabe que el desgaste es más valioso que el resultado. Y mientras tanto, el Presidente, desde Europa y luego en Chile, insiste: no hay cambio de gabinete. Rabat tiene su confianza. Hay algo profundamente desconcertante en esta obstinación. Un gobierno que llegó al poder prometiendo orden, seguridad y mano dura contra el delito se encuentra defendiendo a un ministro que firmó beneficios a abusadores de niños. Un gobierno que criticó con dureza los indultos de Boric se ve ahora atrapado en una lógica similar: priorizar la lealtad personal por sobre el costo político y moral. Kast no está defendiendo un principio. Está defendiendo a una persona. Y en política, esa confusión suele ser letal. Ahora bien, aquí aparece una prueba de fuego para la izquierda. Si el Gobierno de Kast busca modificar o eliminar el mecanismo legal que permitió estas rebajas de condena —el mismo que puso a Rabat en problemas—, toda la oposición debiera votar a favor sin titubeos. Porque si realmente les importan las víctimas, si de verdad les parece inaceptable que agresores sexuales de menores recuperen la libertad anticipada, entonces no hay espacio para cálculos partidistas. Apoyar el cambio de la norma sería coherente con el discurso de indignación que han desplegado durante semanas. Si, en cambio, se oponen o dilatan la reforma, quedarían en evidencia. Mostrarían que su ataque al ministro no fue más que un show calculado para dañar al Gobierno y seguir dividiendo a los chilenos. Que las víctimas fueron solo un pretexto. Que la moral que invocan es selectiva y se activa únicamente cuando conviene electoralmente. En ese escenario, la acusación constitucional y el ruido mediático se revelarían como lo que muchos ya sospechan: una operación de desgaste, no una defensa de principios. Lo que debería ocurrir es obvio, Rabat debió haber salido hace dos semanas. No como sacrificio ritual, sino como reconocimiento de que un error de esta magnitud no se corrige con el mismo equipo que lo cometió, y la ley que permitió este desastre debe cambiarse de raíz, con el respaldo de quienes dicen defender a las víctimas. Mantener al ministro no demuestra fuerza: demuestra debilidad. Y si la oposición se niega a corregir la norma, demostrará que nunca le importó el fondo del problema.
La quinta versión de la corrida reunió a estudiantes de 30 establecimientos educacionales dependientes del SLEP Magallanes, provenientes de distintas comunas de la región, en las distancias de 2,5 y 5 kilómetros.
