CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y ANUNCIA QUERELLA CONTRA GOBERNADOR JORGE FLIES

Una evaluación crítica sobre la gestión de los recursos del Gobierno Regional, la necesidad de transparentar la priorización de proyectos y nuevos cuestionamientos a la administración del gobernador Jorge Flies fueron parte de los temas abordados esta mañana por el consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, el representante regional también se refirió a la presentación de una querella criminal relacionada con la adquisición de un inmueble destinado a Mejor Niñez, a las observaciones sobre el proceso de trabajo en torno a Zona Franca y a la controversia política nacional por las rebajas de condenas.

Ejecución presupuestaria: Arecheta cuestiona capacidad del Gobierno Regional para concretar proyectos

Uno de los primeros temas abordados fue la discusión presupuestaria para 2027 y las modificaciones que permitieron revertir algunos recortes inicialmente considerados para los gobiernos regionales.

Al respecto, Arecheta manifestó que su principal preocupación no está necesariamente en qué institución administra los recursos, sino en la capacidad efectiva de ejecutar las iniciativas y concretar las obras comprometidas con la ciudadanía.

El consejero sostuvo que el Gobierno Regional representa solo una parte del gasto público que se realiza en Magallanes y que, a su juicio, existen servicios sectoriales que han demostrado mejores capacidades para desarrollar determinados proyectos.

“Yo ahí tengo y lo he manifestado en este programa y en otro. Tengo una visión crítica de cómo se gasta la plata en el Gobierno regional entonces, y creo que la polémica siempre fue un poco artificial en el sentido de que el gasto del Gobierno regional en la región es una proporción muy mínima de lo que gastan, todo lo de lo que gasta el Estado en Magallanes”, señaló.

En esa línea, mencionó iniciativas de inversión que han sido financiadas mediante transferencias a organismos sectoriales, como el proyecto de calle Capitán Guillermo y otras obras de infraestructura, planteando que algunos de esos recursos podrían haber sido administrados directamente por los servicios responsables de su ejecución.

“De hecho, yo me siento mucho más confiado de la ejecución de instituciones como el MOP, el Servicio de Salud sectorial, sectorial, pero inyectándole más plata a ellos que al Gobierno Regional, porque el Gobierno Regional ha demostrado poca efectividad al momento de ejecutar proyecto”, afirmó.

El consejero también valoró que las negociaciones presupuestarias hayan permitido avanzar en una mayor flexibilidad para que los gobiernos regionales puedan comenzar a ejecutar recursos desde los primeros meses del año.

A su juicio, este aspecto podría tener mayor impacto práctico que la discusión sobre los montos asignados, considerando que actualmente existen dificultades y demoras asociadas a los procedimientos administrativos y a los plazos de disponibilidad presupuestaria.

“Yo creo que quizás lo más relevante de esa negociación, que es a la que se llegó, fue la posibilidad de que los gobiernos regionales pudiesen empezar a gastar antes. Claro, en enero. Ese tipo de cosas yo las encuentro de hecho más relevantes desde el punto de vista de la ejecución del Gobierno Regional”, explicó.

Consejeros piden participar en la priorización de proyectos de inversión

Otro de los cuestionamientos planteados por Arecheta estuvo relacionado con la cantidad de iniciativas que el Consejo Regional aprueba, pero que posteriormente no necesariamente se materializan debido a las limitaciones presupuestarias.

El consejero explicó que existen proyectos que avanzan en sus etapas de aprobación, generando expectativas en las comunidades, aunque los recursos disponibles no permiten ejecutar todas las iniciativas comprometidas.

En ese contexto, indicó que solicitó al gobernador regional que los consejeros puedan participar en los procesos de priorización, especialmente cuando el volumen de proyectos aprobados supera la capacidad financiera del Gobierno Regional.

“Nosotros podemos aprobar un montón de proyectos, pero si no está la plata y no, no te digo porque no esté la plata porque el gobierno lo vaya a recortar o no la vaya a recortar. Los fondos FNDR siguen más o menos de una forma similar para el otro año y eso ya está la Ley de Presupuesto”, sostuvo.

Luego agregó que el problema se relaciona con la cantidad de iniciativas que se someten a aprobación sin que exista necesariamente financiamiento suficiente para todas ellas.

“Entonces yo creo que hay un algo de molestia también y transversal en el Consejo, sobre todo los consejeros más antiguos, que han aprobado un montón de proyectos que no se hacen y eso finalmente de alguna manera es jugar con las expectativas de la gente”, manifestó.

Mejoramiento del agua potable en Puerto Williams y situación de Puerto Edén

Durante la entrevista también se abordó la aprobación de más de $2.300 millones destinados a mejorar la red de agua potable en Puerto Williams, iniciativa que Arecheta calificó como una buena noticia para la provincia Antártica.

El consejero planteó que las obras sanitarias representan una deuda importante para distintas localidades de Magallanes, especialmente aquellas que, debido a su baja densidad poblacional, no generan condiciones suficientes para atraer inversión privada.

“Yo creo que ese es una muy buena noticia, porque de verdad todo el tema sanitario, tanto de que tiene que ver con agua potable como agua servida, es una deuda muy grande en la región y ahí las empresas no van a invertir porque básicamente porque muchas de nuestras comunas no tienen la densidad poblacional, no tienen suficiente gente como para que la empresa se interese”, explicó.

En relación con Puerto Williams, recordó una visita realizada junto al consejero José Luis Paredes, instancia en la que pudieron conocer las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable y las vulnerabilidades que presentaba.

No obstante, volvió a insistir en que la aprobación de iniciativas no garantiza automáticamente su ejecución, por lo que consideró necesario que el gobernador establezca prioridades claras respecto de las obras que efectivamente podrán desarrollarse.

En otro ámbito, confirmó que el Consejo Regional tiene previsto abordar la situación de Puerto Edén, incluyendo las promesas pendientes con la comunidad y las observaciones formuladas por la Contraloría.

Arecheta explicó que el 10 de noviembre la Unidad de Control debía presentar las conclusiones de una auditoría interna relacionada con esta localidad, antecedentes que permitirían conocer con mayor precisión las situaciones que requieren explicaciones y eventuales medidas administrativas.

El consejero mencionó observaciones vinculadas a procesos de licitación de madera y a la participación de funcionarios del Gobierno Regional en procedimientos que, según indicó, fueron cuestionados por los organismos fiscalizadores.

“Entonces, digamos, el gobernador va a tener que dar cuenta y bueno, obviamente el tema del informe de auditoría interna va también a de alguna forma sentar las bases sobre qué es lo que tiene que dar cuenta”, expresó.

Asimismo, planteó la necesidad de que se adopten medidas frente a las irregularidades detectadas y manifestó su preocupación por la permanencia de funcionarios involucrados en los antecedentes revisados.

Zona Franca: cuestiona participación de Rentas Inmobiliarias en mesas de trabajo

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre las mesas de trabajo relacionadas con el futuro de Zona Franca de Punta Arenas y la participación de representantes de Rentas Inmobiliarias.

Arecheta manifestó reparos respecto de la metodología y los objetivos de estas instancias, señalando que no existiría suficiente claridad sobre el resultado que se espera obtener ni sobre la forma en que se utilizarán las conclusiones.

El consejero cuestionó particularmente que representantes de la empresa participen en reuniones relacionadas con un proceso en el que también existen responsabilidades de fiscalización y elaboración de las futuras bases.

“No me parece, no me parece adecuado en la medida en que ahí se ha estado diciendo que se van a sentar las bases para nadie tiene muy clara la metodología, en realidad esas mesas y acá yo he escuchado a gente que se le agradece su”, señaló.

En su análisis, la presencia de representantes de Rentas Inmobiliarias junto a autoridades vinculadas a la fiscalización del contrato podría afectar la percepción de independencia y transparencia del proceso.

“Porque acá y es todo muy raro. Christopher, ¿cómo van a aparecer? Y el seremi de Hacienda también es buen momento y empecemos a hablar del seremi de Hacienda. ¿Por qué aparecen todos abrazados con la persona a la que tienen que fiscalizar?”, cuestionó.

El consejero también hizo referencia a las investigaciones que involucran al grupo empresarial en otras materias, entre ellas antecedentes relacionados con la Fiscalía Nacional Económica y el caso de los casinos, aclarando que esas situaciones deben ser resueltas por los organismos competentes.

Sin embargo, insistió en que el proceso regional debe garantizar condiciones de transparencia, especialmente considerando que las bases de licitación deben ser competitivas y no favorecer a un determinado postulante.

“Si el encargado de fiscalizar y de hacer las bases que tienen que ser competitivas y no hechas a medida para uno de los postulantes esas bases de licitación, vemos a gente abrazándose y poniendo, digamos, a la persona que tiene que estar fiscalizando, que el gobernador regional y la persona que va a diseñar las bases casi abrazados”, sostuvo.

Arecheta agregó que una eventual falta de transparencia podría generar cuestionamientos posteriores e incluso dificultades judiciales para el proceso.

“Y bueno, lo de la mesa de Zona Franca con, digamos, la persona diseñando o contribuyendo a diseñar las bases me parece completamente inapropiado y le quita legitimidad al proceso también, o sea, además de poder ser reclamado después judicialmente, puede haber problemas hasta judiciales después”, advirtió.

Querella criminal contra el gobernador Jorge Flies por compra de inmueble para Mejor Niñez

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista fue cuando el consejero explicó los motivos que lo llevaron a presentar una querella criminal contra el gobernador regional Jorge Flies, relacionada con la adquisición de un inmueble destinado a dependencias de Mejor Niñez en Punta Arenas.

Arecheta realizó una recapitulación de los antecedentes que, según expuso, motivaron la acción judicial. Entre ellos, mencionó que el Gobierno Regional habría seleccionado directamente una propiedad mediante trato directo, por un monto de $800 millones, en circunstancias en que, a su juicio, correspondía realizar un proceso de licitación.

El consejero sostuvo que, pocos días después de recibir el pago, el propietario del inmueble habría realizado una operación comercial por $400 millones con una sociedad vinculada a la cónyuge del gobernador.

“Y después días después, pocos días después de que recibe la plata. Este juez tributario le compra a la señora o a la sociedad de donde participa la señora del gobernador, la cónyuge y el gobernador. Una consulta por 400.000.000 de pesos y ahí hay un montón de antecedentes”, afirmó.

El representante regional indicó que estos antecedentes fueron presentados previamente ante la Contraloría, organismo que, según su relato, formuló observaciones respecto del mecanismo utilizado para adquirir la propiedad, las tasaciones y la eventual falta de abstención del gobernador durante el proceso.

También mencionó que existirían antecedentes sobre otras ofertas de inmuebles que habrían cumplido con los requerimientos de Mejor Niñez, cuestionando así la justificación de haber optado por una adquisición directa.

Arecheta agregó que posteriormente se conocieron nuevos antecedentes relacionados con la sociedad vinculada a la cónyuge del gobernador y que la Fiscalía mantiene una investigación en la que Jorge Flies tendría calidad de imputado.

En ese contexto, explicó que decidió presentar una querella criminal al considerar que los antecedentes disponibles podrían configurar eventuales ilícitos penales.

“Y lo que uno tiene el deber que tiene que hacerse es que ve que hay antecedentes. Ya no solamente para los ilícitos administrativos que están, por decirlo de alguna manera, ya constatados y están firmes y ejecutoriados por la Contraloría, es presentar una querella criminal”, manifestó.

Entre los posibles delitos que, a su juicio, deberían ser investigados, mencionó tráfico de influencias, prevaricación, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

El consejero recalcó que será la justicia la encargada de determinar si se configuran responsabilidades penales y sostuvo que la acción busca que los antecedentes sean revisados por los tribunales.

“Eso es lo que estamos viendo, obviamente, esto lo responsable de hacer es llevarlo a un tribunal y es el tribunal el que decide”, señaló.

Acción judicial con recursos propios y compromiso con la región

Consultado sobre las razones para presentar la querella a título personal y no como una acción institucional del Consejo Regional, Arecheta explicó que decidió financiar la representación legal con recursos propios y contratar al exfiscal Sebastián González para asumir el trabajo jurídico.

El consejero señaló que su decisión responde a un compromiso personal con Magallanes y a su preocupación por la administración de los recursos públicos.

“Generalmente nadie se da el tiempo y espera que los ni el tiempo ni ocurren los costos porque yo, a pesar de ser abogado, no soy especialista en derecho penal y contraté con recursos propios a un exfiscal, digamos al exjefe de la Fiscalía, que es Sebastián González, es un excelente abogado”, explicó.

En esa misma línea, manifestó que considera necesario avanzar hasta esclarecer los hechos y que la participación como querellante también le permitirá acceder a antecedentes de la investigación y solicitar diligencias.

“Yo no me puedo quedar callado, yo tengo un compromiso irrestricto fuerte con esta región y si tengo que involucrarme con recursos propios lo voy a hacer y acá tenemos que seguir mi posición es a través de lo que se puede hacer en los tribunales de Justicia. Llegar al final del agujero del conejo, digamos, eso hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Finalmente, señaló que el gobernador Jorge Flies tiene derecho a ejercer su defensa ante los tribunales, pero reiteró que considera necesario que los antecedentes sean investigados y esclarecidos.

Controversia por rebajas de condenas: Arecheta cuestiona manejo político del Gobierno

En el último tramo de la conversación, el consejero regional abordó la controversia nacional relacionada con las rebajas de condenas y las reacciones políticas que generó la actuación del ministro de Justicia, Luis Cordero Rabat, junto con el debate sobre una eventual acusación constitucional.

Arecheta sostuvo que es necesario distinguir entre el costo político de la situación y la existencia de fundamentos jurídicos para impulsar una acusación constitucional.

A su juicio, el presidente habría reconocido que existió un error político grave, pero cuestionó que no se haya solicitado la salida del ministro involucrado, decisión que, según planteó, ha prolongado el conflicto y generado dificultades para el oficialismo.

“Yo creo que hay que distinguir dos situaciones. El tema del error político reconocido por el presidente, ese error grave político reconocido por el presidente, o sea, me parece que ya nadie puede dudar del error político grave. Y el tema de la acusación constitucional”, sostuvo.

El consejero manifestó que la permanencia del ministro ha generado un desgaste político innecesario y cuestionó que el Gobierno haya respaldado su continuidad sin entregar explicaciones que permitan comprender esa decisión.

“Finalmente el presidente al no sacarlo, hace suyo el error. Entonces, ¿cómo vas a decir? Por un lado, no es un error muy grave, pero bueno, sigamos y esto no es liderazgo, no”, planteó.

También sostuvo que el respaldo al ministro ha generado tensiones dentro de los partidos oficialistas y que las diferencias políticas no deberían interpretarse automáticamente como actos de deslealtad.

En cuanto a la eventual acusación constitucional, Arecheta manifestó que, desde su perspectiva, no existirían antecedentes jurídicos suficientes para respaldarla.

“Ahora, respecto a la acusación constitucional no hay mérito. Nadie. Abogados de izquierda también. Nadie ha logrado explicar cuál es porque no cometió ninguna ilegalidad el ministro”, afirmó.

El consejero agregó que los parlamentarios tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y las leyes, por lo que consideró improcedente respaldar una acusación si no existen fundamentos legales suficientes.

“Pero, por otro lado, ver a gente, personas del oficialismo diciendo que se podrían descolgar o que podrían votar a favor de una acusación constitucional que no tiene mérito, me parece, eso sí, me parece una deslealtad tremenda, porque además los parlamentarios también juran cumplir la Constitución y las leyes. Si no hay mérito para acusar a un ministro, no lo deberían acusar”, concluyó.