7 de noviembre de 2026
RUTA ENTRE PUNTA ARENAS Y MALVINAS: ¿PUEDE ARGENTINA DETENER UN BUQUE CHILENO?
El analista internacional Marcelo Pérez abordó las facultades de Argentina para intervenir embarcaciones extranjeras que abastecen las islas, en medio de la controversia por la nueva conexión marítima comercial desde la capital de Magallanes.
La apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas ha generado cuestionamientos desde Argentina, particularmente por el traslado de alimentos y otros productos a bordo del buque chileno Danstar. La controversia también tomó relevancia tras la presentación de un proyecto de ley argentino que busca impedir el tránsito de embarcaciones que presten apoyo logístico o comercial a actividades vinculadas con el archipiélago.
Frente a este escenario, el analista internacional Marcelo Pérez explicó que las facultades de Argentina para intervenir una embarcación dependen del espacio marítimo por el que transite. Según señaló, los buques mercantes chilenos tienen, en principio, derecho a realizar este tipo de navegación conforme a las normas internacionales de libertad de navegación. Asimismo, precisó que Argentina puede ejercer facultades de fiscalización dentro de sus espacios marítimos, pero no detener arbitrariamente una embarcación extranjera por el solo hecho de abastecer a las islas.
El especialista también se refirió al Decreto 256/2010 de Argentina, que establece exigencias de autorización previa para determinadas operaciones marítimas relacionadas con las Malvinas. Sin embargo, advirtió que su aplicación a un buque chileno que navegue fuera de la jurisdicción argentina plantea problemas de compatibilidad con el derecho internacional del mar. En ese sentido, distinguió entre la soberanía que Argentina ejerce sobre su mar territorial y los derechos soberanos sobre los recursos de su zona económica exclusiva, que no equivalen a un control general sobre la navegación comercial extranjera.
Pérez agregó que detrás de esta controversia existen intereses territoriales y geopolíticos vinculados con la reivindicación argentina de soberanía sobre las Malvinas, los recursos estratégicos del Atlántico Sur y la administración británica del archipiélago. No obstante, insistió en que los objetivos estratégicos de un Estado no amplían automáticamente sus atribuciones jurídicas sobre embarcaciones de otros países.
De esta manera, la nueva conexión marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas abre una discusión sobre los límites de la jurisdicción argentina y las normas internacionales que regulan la navegación de buques extranjeros, en un escenario marcado por una histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
La iniciativa modifica la Ley N° 21.802 y contempla facilitar la contratación de inspectores municipales, ampliar las alternativas de financiamiento y flexibilizar los requisitos para conformar equipos de seguridad local.
