CON FOCO EN PREVENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL, LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN PRESENTÓ SU CUENTA PÚBLICA 2025

Esta mañana, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz Verón, presentó la Cuenta Pública Participativa 2025 de la Superintendencia de Educación, instancia en la que entregó un balance de las acciones desarrolladas durante la gestión e informó los avances institucionales del último año.

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La actividad, realizada en el auditorio de la Contraloría General de la República y transmitida a través de YouTube, reunió a autoridades, directores/as regionales, jefes de servicio, representantes de la sociedad civil y del gremio, además de funcionarios y funcionarias.

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En la ocasión, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se refirió a la importancia de fortalecer el desarrollo de capacidades en las comunidades educativas desde lo pedagógico, lo formativo y lo relacional, dejando atrás un enfoque punitivo.

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En ese sentido, reconoció el rol de la Superintendencia y calificó como “muy valioso pasar desde una lógica más centrada en la sanción a una más centrada en la prevención, en el fortalecimiento de capacidades”.

Por su parte, la superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, comenzó la presentación repasando los ejes que guiaron la labor durante estos años, recordando las dificultades que enfrentaba el sistema educativo tras la pandemia y cómo desde las facultades de la institución se ha contribuido a su reactivación.

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Uno de los mayores desafíos ha sido responder a una alta demanda de requerimientos ciudadanos, alcanzando en 2024 un total de 19.198 denuncias.

Para cumplir con su labor y enfrentar este contexto, la superintendenta señaló que se mejoraron procesos internos, se promovió la formación y capacitación de los equipos y se establecieron vínculos y alianzas con otras instituciones.

Foco en la prevención

Entre las acciones de prevención de conflictos de convivencia y acompañamiento a las comunidades educativas, se destacó la creación de la primera Estrategia de Promoción y Concientización, cuyo objetivo fue instalar capacidades en las comunidades y entregar conocimiento sobre los derechos educacionales, aplicación de la normativa y buen uso de recursos. Solo en 2024 se capacitó a 672 entidades sostenedoras, lo que equivale a 4.980 establecimientos educacionales, donde está matriculado el 54% de estudiantes del país.

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En esta línea también destacan los avances normativos para la protección de derechos de estudiantes autistas, como la Circular N° 586, que imparte instrucciones a establecimientos educacionales para su inclusión y el dictamen N° 74, que permite destinar recursos de la Subvención Escolar Preferencial en apoyo de párvulos y estudiantes que presentan necesidades educativas especiales

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En el nivel parvulario, la superintendenta destacó el Programa de Apropiación Normativa, con visitas técnicas a 140 establecimientos, además de acciones de difusión que convocaron a alrededor de 4.500 personas en torno a la convivencia y el resguardo de derechos en la primera infancia.  

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Denuncias que se atienden más rápido

En cuanto a la gestión de requerimientos ciudadanos, la autoridad nacional destacó que la institución recibió 65.400 requerimientos durante 2024, lo que considera solicitudes de denuncias, consultas, mediación y expedientes de expulsión, entre otros. Pese a la elevada cifra, aseveró que “logramos disminuir los tiempos de respuestas en la primera etapa de tramitación de denuncias de 80 a 53 días”.

“Esta medida se consiguió con un nuevo procedimiento para casos de tramitación urgente y vulneración graves de derechos, con un monitoreo constante de casos de arrastre en todas las direcciones regionales, y con la implementación de dos pilotos: conciliación en primera instancia y procedimiento simplificado de gestión de denuncias”, recalcó la superintendenta Muñoz.

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En esta línea, también se refirió a que la Superintendencia de Educación ha priorizado la Gestión Colaborativa de Conflictos con el fin de instalar mayor capacidad resolutiva en las comunidades educativas.

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“Implementamos un nuevo modelo de gestión de requerimientos ciudadanos, que busca fortalecer una gestión oportuna, efectiva y centrada en el resguardo de derechos. Esta actualización del modelo instala la gestión colaborativa de conflictos en tres niveles: Formulario de contacto directo, Conciliación y Mediación”, sostuvo.

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Fiscalización con mirada formativa

Desde su rol, la Superintendencia aplica un modelo de fiscalización con enfoque de derechos, que tras 6 años de implementación se ha perfeccionado, incorporando el nuevo marco de protección de derechos de la niñez y fortaleciendo la articulación con otras instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

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Además, la superintendenta recalcó el cambio de mirada que se llevó a cabo en la fiscalización de denuncias mediante el dictamen N°72 de 2024, que permitió aplicar acciones formativas reguladas, fundadas técnicamente y orientadas a facilitar el cumplimiento normativo. “Esta fiscalización no busca castigar, sino promover entornos seguros y protectores”, sostuvo.

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Durante el 2024, la Superintendencia de Educación desarrolló 21.563 acciones de fiscalización, con lo que sumó más de 60 mil fiscalizaciones en los últimos tres años y una cobertura de un 69% de los establecimientos educacionales que cuentan con Reconocimiento Oficial del Estado.

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En materia de fiscalización de uso de recursos públicos en educación, destacó la recuperación de 4.800 millones de pesos de saldos de subvenciones para el fisco, gracias a la implementación de un proceso de determinación de saldos finales para sostenedores municipales que fueron traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y establecimientos particulares que pierden o renuncian al reconocimiento oficial.

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Respecto a la Nueva Educación Pública, Muñoz señaló que para apoyar la instalación de nuevos SLEP y los cierres de gestión en municipios traspasados, se realizaron capacitaciones en procesos declarativos y buen uso de recursos, además de programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de compromisos de convenios de ejecución.

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Al finalizar la cuenta pública, la superintendenta recalcó la importancia de continuar avanzando “en prevención y acompañamiento a las comunidades educativas, en responder oportuna y eficazmente a los requerimientos de la ciudadanía y en una fiscalización integral con enfoque de derechos, que impulse la mejora continua y contribuya, en definitiva, a asegurar la calidad de la educación en nuestro país”.

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Revise aquí la transmisión de la Cuenta Pública Participativa 2025 de Superintendencia de Educación.

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