“UN DESATINO POLÍTICO TAN GRANDE”: CORE RODOLFO ARECHETA CUESTIONA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL

Una serie de cuestionamientos a la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, particularmente por el proceso de contratación que involucró a Daniela Panicucci, planteó esta mañana el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El consejero señaló que solicitó antecedentes mediante transparencia para conocer en detalle cómo se desarrolló el concurso público, cuáles fueron sus condiciones, cuántas personas participaron y dónde fue difundida la convocatoria.

“Sí, solicité esos antecedentes por transparencia porque ha habido oscuridad por decirlo de alguna manera, en el proceso de contratación”, afirmó Arecheta, quien sostuvo que, a su juicio, existen varios elementos que deben ser aclarados.

Uno de los principales cuestionamientos del consejero apunta a la naturaleza del cargo y a la decisión de incorporar a Panicuchi, señalando que, según los antecedentes que ha conocido, previamente existían dos profesionales desempeñando funciones vinculadas al área.

“Entonces se desmorona el primer argumento que se ha esbozado, que acá es un tema de continuidad del Estado, o sea, sacaron a dos personas para meterla a ella”, manifestó.

Arecheta también puso en duda que se trate de una función altamente especializada que requiera un perfil profesional particularmente específico. Según explicó, el cargo estaría relacionado con labores del ámbito social, por lo que consideró necesario conocer cuáles fueron los requisitos establecidos y cómo se desarrolló la selección.

“No estamos hablando del coordinador eléctrico ni de la Dirección General de Aguas, ni qué sé yo, ni el Consejo Fiscal Autónomo. Estamos hablando de un cargo que era para un perfil de cargo ligado al mundo social”, sostuvo.

A ello agregó sus dudas respecto del número de postulantes que habría tenido el proceso. El consejero comparó la convocatoria con otros concursos públicos realizados en la región, señalando que en un proceso del Gobierno Regional para cargos de abogados habrían postulado cerca de 200 personas.

“Y acá postularon 2 por un sueldo de cerca de casi 2.000.000 a una trabajadora social”, afirmó.

En ese contexto, Arecheta indicó que algunas personas que conoce y que se desempeñan como trabajadores sociales le manifestaron que no tuvieron conocimiento de la convocatoria, situación que, a su juicio, hace necesario revisar la forma en que fue difundido el concurso.

“Entonces hay un manto de dudas, yo creo que ahí despejando un poco los mitos, pero probablemente lo más importante es que esto de la Delegación Presidencial, oficina del Presidente y obviamente lo que se espera es que hayan personas que sean que compartan las ideas del Presidente”, señaló.

Cuestionamientos políticos

El consejero regional también centró parte de sus críticas en la dimensión política de la contratación. Según Arecheta, la Delegación Presidencial representa al Gobierno central en la región, por lo que considera particularmente relevante la definición de los equipos que trabajan directamente en esa estructura.

En ese sentido, recordó declaraciones públicas atribuidas a Panicuchi respecto de su eventual dificultad para explicar determinadas políticas gubernamentales, debido a que no se identificaría con el Gobierno.

“La misma Daniela Panicucci dijo en una entrevista ayer que a ella en un principio le habían pedido que salga a explicar cuáles eran los programas y decía que a ella eso le costaba mucho porque esa no era del Gobierno y eso demuestra inmediatamente la contradicción que hay entre una persona que ha criticado públicamente al gobierno y ha criticado públicamente al presidente cómo va a trabajar para la oficina del presidente”, sostuvo.

Arecheta calificó la situación como un problema de criterio político y vinculó sus cuestionamientos con la discusión sobre el nepotismo, el amiguismo y las contrataciones de personas cercanas a quienes ejercen cargos de poder.

“Yo creo que un tema político que se ha perdido un poco la dignidad. Estas peguitas bien pagadas, finalmente ya no importa de qué sector político uno viene”, afirmó.

El consejero además sostuvo que, en su opinión, la situación resulta especialmente llamativa considerando los antecedentes políticos de la persona involucrada y su cercanía con sectores opositores al actual Gobierno.

“A quién se le ocurriría en su sano juicio meter a una, en la oficina del Presidente, a un militante activo que ha participado en campañas que del bloque opositor”, expresó.

Consultado por si consideraba que el episodio era incongruente con la narrativa de campaña que planteaba terminar con el nepotismo y el amiguismo en las contrataciones, Arecheta respondió que sí y calificó el hecho como un error político.

“Sí, obviamente es un choque, pero es más grosero desde el punto de vista político que encuentro yo”, sostuvo.

El consejero también cuestionó directamente la conducción de la delegada presidencial Ericka Farías y aseguró que, desde su perspectiva, existen problemas de coordinación con las autoridades sectoriales.

“No me gusta cómo ha sido su gestión, pero obviamente yo no tomo la decisión. Yo hubiese elegido otra persona”, manifestó.

Agregó que, según información que ha recibido, la delegada no habría sostenido reuniones bilaterales con algunos seremis, situación que consideró preocupante para la coordinación del Gobierno en la región.

Investigación por compra de inmueble

Durante la entrevista, Arecheta también abordó la investigación relacionada con la adquisición de un inmueble destinado a Mejor Niñez por parte del Gobierno Regional y la posterior operación inmobiliaria que involucraría a una sociedad vinculada a la cónyuge del gobernador Jorge Flies.

El consejero señaló que, en el marco de una causa judicial en la que él se encuentra querellado por supuestas injurias, su defensa solicitó antecedentes respecto de la situación investigada por el Ministerio Público.

Según explicó, la Contraloría habría remitido antecedentes al Ministerio Público luego de revisar la operación.

“Hoy día podemos confirmar que Jorge Flies tiene la calidad de imputado en la causa esta de la casa del juez y que además se han llevado a cabo medidas intrusivas en su contra”, afirmó.

Arecheta agregó que, de acuerdo con los antecedentes que maneja, se habrían realizado diligencias respecto del gobernador, su cónyuge, un juez y la cónyuge de este último, y sostuvo que la hipótesis investigativa estaría relacionada con una eventual negociación incompatible.

El consejero valoró que la Fiscalía haya entregado los antecedentes requeridos por el tribunal y manifestó que espera que la investigación avance.

“Porque la Fiscalía ya lo, o sea perdón, la Contraloría ya lo dijo que la actuación había sido ilegal”, sostuvo, refiriéndose a las conclusiones que, según indicó, habría establecido el órgano contralor.

Críticas al funcionamiento del Gobierno Regional

Otro de los temas abordados fue la situación de terrenos en Porvenir destinados a proyectos habitacionales. Arecheta manifestó su preocupación por los tiempos de tramitación y por las observaciones formuladas por la Contraloría a distintas actuaciones administrativas.

“El Gobierno Regional tiene incapacidad prácticamente para tramitar nada. O sea, es desolador el panorama del Gobierno Regional, todo lo que se demora en las cosas”, afirmó.

El consejero sostuvo que las observaciones realizadas por el organismo fiscalizador no necesariamente serían complejas de subsanar y cuestionó que algunas situaciones permanezcan pendientes durante largos períodos.

“Entonces se comprueba todas estas cuestiones que esto parece el Gobierno Regional de Magallanes, que administra cerca de 100.000 millones de pesos al año, funciona pulpería y es lamentable”, señaló.

En el caso de Porvenir, Arecheta destacó que los procesos de adquisición de terrenos deben ajustarse a procedimientos establecidos y criticó que se pretenda realizar compras de manera directa cuando corresponde recurrir a mecanismos de licitación.

“La compra de terreno se hace mediante procesos licitatorios y no a dedo”, afirmó.

Pide rigurosidad ante acusaciones por supuesta filtración en EPA

Finalmente, el consejero regional se refirió a la controversia surgida en torno al directorio de EPA y a versiones sobre una eventual filtración de información relacionada con una votación.

Arecheta defendió a Daniela Arecheta —a quien identificó como su prima en segundo grado— frente a las insinuaciones que la vincularían con una eventual filtración y sostuvo que, a su juicio, no existen antecedentes que permitan atribuirle dicha acción.

“Si tienen alguna información de que Daniela Arecheta filtró, filtró información, valga la redundancia, díganlo con nombre y apellido y los antecedentes y a quién se la filtró”, manifestó.

El consejero planteó incluso la posibilidad de que el asunto sea llevado a tribunales para determinar responsabilidades.

“Yo creo que en aras de la transparencia es mejor que esto se judicialice”, sostuvo, agregando que también sería pertinente revisar los antecedentes relacionados con la empresa encargada del proceso de selección.

Arecheta cerró este punto haciendo un llamado a los medios de comunicación y a quienes han formulado acusaciones a entregar antecedentes concretos.

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