La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó el fallo que condenó al fisco pagar una indemnización de $60.000.000 por el daño moral, a José Bernardo Becerra Puentes, quien fue detenido en octubre de 1973 y sometido a torturas en el Regimiento Cochrane de la ciudad y en el centro de detención de isla Dawson.

En fallo dividido (causa rol 204-2023), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Claudio Jara Inostroza, Juan Villa Martínez y la fiscal judicial Paula Stange– confirmó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas.

“Se reproduce el fallo en alzada de fecha dieciséis de mayo del año en curso, y conforme con lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, SE LO CONFIRMA”, consigna el fallo.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Jara Inostroza, quien estuvo por revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, por estimar que la acción civil se encuentra prescrita.

La sentencia del tribunal de base ratificada estableció que: “efectivamente José Bernardo Becerra Puentes, fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, particularmente en el Regimiento Cochrane, y posteriormente en Isla Dawson, desde el 2 de octubre 1973 al 6 de febrero de 1974”.

“Sufriendo –continúa– en un principio la pérdida de su trabajo como profesor en la Escuela N°12 de Magallanes, luego una privación de libertad, interrogatorios, golpes y trabajos forzados, así como el alejamiento, en tal contexto de su familia, durante este periodo de tiempo. Posteriormente, se ha dado cuenta de su traslado de ciudad, fuera del país, en compañía de su familia, con destino a Argentina, particularmente a la ciudad de Neuquén”.

“José Bernardo Becerra Puentes se encuentra dentro de la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura de la Comisión Valech I, bajo el número 2967”, añade.

Para el tribunal de primera instancia, la existencia del daño: “(…) se desprende de la naturaleza de la agresión de la cual padeció, en manos de agentes del Estado, desde su privación de libertad, golpes, malos tratos e interrogatorios, con uso desmedido de la fuerza y prácticas fuera del derecho, hasta la consecuencia directa que implicó la separación de su familia y su traslado a Argentina”.

“Y debiendo –prosigue– considerarse en este sentido su reconocimiento por parte del Estado como víctima, así como las reparaciones que, si bien no permiten ser entendidas como íntegras, sí complementan el ejercicio de la acción que se pretende en estos autos, al morigerar las consecuencias perniciosas del ilícito, al estar fundada en los mismos hechos cuyas afectaciones incidieron en el ámbito personal, familiar, laboral y socio político”.

Por tanto, se resuelve que: “se acoge la demanda deducida, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, José Bernardo Becerra Puentes, a título de indemnización por daño moral, la suma de $60.000.000 (sesenta millones de pesos), más los reajustes e intereses en los términos del considerando vigésimo del fallo”.