MI ABOGADO APORTA NUEVA MIRADA A DERECHOS DE NNA A TRAVÉS DEL ROL DE CURADORES AD LITEM

​Con su instalación en Magallanes, el Programa Mi Abogado (PMA) -dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)- vino a cubrir vacíos históricos a nivel de justicia en el ámbito de infancia regional. Desde 2019, a través de la figura del abogado(a) curador(a) ad litem, otorgan garantía de representación jurídica especializada para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA), bajo cuidado alternativo.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, destaca el rol fundamental que desempeña la o el curador ad litem, señalando: “El curador cumple la importante función de representar y defender los intereses de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales. Esto resulta especialmente relevante cuando dichos intereses pueden ser contrarios o estar en tensión con los de quienes ejercen su cuidado, ya sean padres, madres, abuelos u otros adultos responsables”.

Por otro lado, destaca la defensa efectiva e integral de los intereses de NNA en Magallanes, a la luz de los logros del Programa como condenas penales emblemáticas, restitución familiar efectiva e impulso a políticas públicas y gestión comunitaria. Al respecto, sobresale el levantamiento y visibilización de brechas del sistema, expansión de la oferta especializada e instalación de la infancia como eje de desarrollo territorial.

Danilo Troncoso Jara, Abogado Coordinador del PMA, destaca que pese a tratarse de una figura invisibilizada durante años, como programa han logrado profesionalizar y visibilizar el rol de la o el curador ad litem, que representa de forma exclusiva e independiente a NNA en Magallanes, con el mandato claro de defender el Interés Superior del Niño (ISN). Este modelo contempla una representación y defensa jurídica interdisciplinaria, por medio de una triada (abogado, psicólogo, trabajador/a social), con enfoque psicosocial y procedimental, basado en derechos, promoviendo activamente la voz de los NNA en todas las materias que se requieran. Aquello lo grafica al señalar que la curaduría ad litem atiende distintos ámbitos en los diversos tribunales, representando a los NNA en materias de familia como en adopciones y en materias penales como explotación sexual, abuso sexual, maltrato, entre otras.

Señala que como equipo, tampoco han estado ajenos a presiones externas, principalmente de familiares en procesos judiciales. No obstante, mantienen una política de discreción total, sin compartir detalles de los casos y por sobre cualquier exposición mediática, protegiendo así la dignidad de los NNA y evitando su revictimización. “El PMA debe manejar estas situaciones con prudencia, recordando a la comunidad que, pese a estas presiones, los tribunales están obligados a velar por el Interés Superior del Niño sobre cualquier interés particular”, recalca.

Y, si se trata de llenar vacíos históricos, el profesional resalta sus roles de gestión intersectorial estratégica, colaborando con actores clave -Servicio de Protección Especializada, tribunales, salud, educación, servicios sociales y comunidad local- para activar respuestas integrales en la protección a la infancia. Así también, la adopción de estándares internacionales vinculantes y protocolos fundados en la Ley 21.430 (sobre Garantías y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia), la Convención sobre los Derechos del Niño, Observaciones Generales y otros instrumentos del Comité de Derechos del Niño, permiten asegurar calidad y coherencia en la defensa. A ello se suman herramientas e indicadores de gestión que permiten monitorear la calidad, equidad y resultados técnicos entre los casos atendidos.

Todo ello lo avala la capacitación e idoneidad profesional de todos los profesionales que allí trabajan, a partir de una rigurosa selección pública -con conocimientos técnicos, experiencia con NNA y habilidades comunicacionales-, formación anual continua, trabajo interdisciplinario y capacidades complementarias para abordar integralmente cada causa.

A su vez, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, resume el trabajo del PMA ante todo, como una respuesta concreta a necesidades reales de NNA que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad: “A través de un equipo técnico especializado, se ha logrado instalar un modelo de representación y defensa jurídica interdisciplinaria que, no solo protege derechos en el papel, sino que incide directamente en decisiones judiciales, en condenas relevantes y en procesos efectivos de restitución familiar”.

Pese a existir aún desafíos pendientes, Danilo Troncoso subraya que el valor del programa no está en grandes gestos ni en discursos, sino en su capacidad de resolver problemas estructurales con herramientas jurídicas, trabajo coordinado e intervención profesional, respetando siempre la voz y dignidad de cada NNA representado. El desafío está en “seguir fortaleciendo el sistema de garantías, ampliar la responsabilidad más allá del Estado, e involucrar a las comunidades en una cultura de corresponsabilidad. La infancia no puede seguir siendo un asunto delegado únicamente a los tribunales o a los programas especializados”.

Actualmente, el Programa Mi Abogado cuenta con un equipo de 12 profesionales en la región, quienes asumen la representación jurídica especializada e interdisciplinaria de 391 niños, niñas y adolescentes, con más de 1.000 causas vigentes. Su labor no solo asegura una defensa efectiva, sino que también contribuye a generar entornos reales de protección, restitución y garantía plena de derechos para las infancias y juventudes de nuestra región.