7 de agosto de 2025
PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
El acuerdo contempla procedimientos claros y efectivos para el intercambio de información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios comunes y planificación de acciones conjuntas.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y el fiscal regional, Cristian Crisosto Riffo, encabezaron la ceremonia de firma del Protocolo de Colaboración entre el Juzgado de Familia de Punta Arenas y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Magallanes.
El protocolo es un instrumento técnico-operativo que establece mecanismos formales de coordinación, comunicación expedita y trabajo conjunto entre ambas instituciones, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a situaciones graves que afectan a niños, niñas y adolescentes, particularmente la explotación sexual comercial infantil, también conocida por sus siglas (ESCNNA), así como otras vulneraciones de derechos de alta complejidad.
El acuerdo contempla procedimientos claros y efectivos para el intercambio de información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios comunes y planificación de acciones conjuntas, además de instancias de sensibilización y trabajo intersectorial con la comunidad.
La finalidad de este protocolo es garantizar una intervención rápida, oportuna y especializada que evite la victimización secundaria y fortalezca la protección integral de la infancia y adolescencia en la región, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic, suscribir e implementar el protocolo “refleja el compromiso sostenido del Poder Judicial y el Ministerio Público en avanzar hacia la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, contribuyendo a que todo niño, niña o adolescente pueda crecer y desarrollarse en un entorno seguro, libre de violencia y explotación en la Región de Magallanes y cuya fórmula puede bien ser replicada en otras jurisdicciones del país como un modelo a seguir”, indicó.
A su vez, el fiscal regional, Cristian Crisosto Riffo valoró la alianza institucional “como un paso relevante para mejorar la calidad de la atención a las víctimas, asegurar el cumplimiento de estándares de protección, y promover una labor colaborativa basada en el respeto, la eficiencia y el compromiso con los derechos humanos, reflejando el esfuerzo permanente de ambas instituciones por avanzar hacia una justicia más cercana, humana y articulada, que responda a los desafíos actuales de protección, intervención y acompañamiento a favor de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, discapacitadas, o en condiciones particulares”.
En tanto, Katherine González, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, e impulsora por parte del Poder Judicial del proyecto, relevó la importancia del acuerdo ya que “la violencia sexual y la explotación sexual comercial son expresiones extremas de vulneración, que rompen los vínculos fundamentales de confianza, dañan la integridad emocional y social, y afectan de manera crítica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Por ello, no admiten respuestas fragmentadas ni enfoques protocolarios. Requieren, sin excepción, una actuación institucional coordinada, eficaz, empática y centrada en la protección integral.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.
