7 de agosto de 2025
PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
El acuerdo contempla procedimientos claros y efectivos para el intercambio de información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios comunes y planificación de acciones conjuntas.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic Antinopai, y el fiscal regional, Cristian Crisosto Riffo, encabezaron la ceremonia de firma del Protocolo de Colaboración entre el Juzgado de Familia de Punta Arenas y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Magallanes.
El protocolo es un instrumento técnico-operativo que establece mecanismos formales de coordinación, comunicación expedita y trabajo conjunto entre ambas instituciones, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a situaciones graves que afectan a niños, niñas y adolescentes, particularmente la explotación sexual comercial infantil, también conocida por sus siglas (ESCNNA), así como otras vulneraciones de derechos de alta complejidad.
El acuerdo contempla procedimientos claros y efectivos para el intercambio de información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios comunes y planificación de acciones conjuntas, además de instancias de sensibilización y trabajo intersectorial con la comunidad.
La finalidad de este protocolo es garantizar una intervención rápida, oportuna y especializada que evite la victimización secundaria y fortalezca la protección integral de la infancia y adolescencia en la región, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic, suscribir e implementar el protocolo “refleja el compromiso sostenido del Poder Judicial y el Ministerio Público en avanzar hacia la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, contribuyendo a que todo niño, niña o adolescente pueda crecer y desarrollarse en un entorno seguro, libre de violencia y explotación en la Región de Magallanes y cuya fórmula puede bien ser replicada en otras jurisdicciones del país como un modelo a seguir”, indicó.
A su vez, el fiscal regional, Cristian Crisosto Riffo valoró la alianza institucional “como un paso relevante para mejorar la calidad de la atención a las víctimas, asegurar el cumplimiento de estándares de protección, y promover una labor colaborativa basada en el respeto, la eficiencia y el compromiso con los derechos humanos, reflejando el esfuerzo permanente de ambas instituciones por avanzar hacia una justicia más cercana, humana y articulada, que responda a los desafíos actuales de protección, intervención y acompañamiento a favor de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, discapacitadas, o en condiciones particulares”.
En tanto, Katherine González, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, e impulsora por parte del Poder Judicial del proyecto, relevó la importancia del acuerdo ya que “la violencia sexual y la explotación sexual comercial son expresiones extremas de vulneración, que rompen los vínculos fundamentales de confianza, dañan la integridad emocional y social, y afectan de manera crítica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Por ello, no admiten respuestas fragmentadas ni enfoques protocolarios. Requieren, sin excepción, una actuación institucional coordinada, eficaz, empática y centrada en la protección integral.
El parlamentario acusó una situación que afecta a familias vulnerables y organizaciones comunitarias, con deudas millonarias que incluso podrían terminar en remates.
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