CONVENIO CAJ-SENADIS GARANTIZA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

Una sociedad diversa e inclusiva no está ajena a que una persona con discapacidad, en determinado momento, se vea perjudicada por algún acto u omisión arbitraria que implique discriminación o vulneración de derechos a causa de su discapacidad. Al respecto, el afectado o afectada pueden acceder personalmente -o bien a través de familiares o representantes- a asesoría gratuita y especializada, gracias a un convenio vigente hace más de 12 años entre la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

En un caso emblemático a nivel nacional, un usuario con discapacidad fue discriminado en Punta Arenas hace una década al impedírsele renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio. En virtud de la Ley N°20.422, en tribunales se logró una sentencia favorable gracias al apoyo de esta herramienta que opera tanto en Magallanes como en el resto del país.

Gianina Brevis Núñez, Abogada Ejecutora del Convenio CAJ-SENADIS, explicó que este programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de la orientación y representación judicial gratuitas para aquellas personas con discapacidad que han sido vulneradas o discriminadas por motivo de su discapacidad. Si algún caso diera lugar a alguna acción judicial, ésta puede ser patrocinada.

Otro foco importante de este convenio es también la labor socioeducativa: acciones de promoción y difusión como charlas y talleres sobre los derechos para las personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones de la sociedad civil (personas con discapacidad). "Tales acciones giran principalmente en torno a los derechos que los amparan, incluyendo la Ley N° 21.545, que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas”, agregó. En ese sentido, también ha podido asistir a distintos establecimientos educacionales para entregar esta orientación e información a los profesores, a profesionales que son parte del programa PIE, a la dirección y a los apoderados de los establecimientos, “para que ellos igual tengan conocimiento de los derechos de sus hijos. Y, en caso de que exista alguna vulneración o algo que quieran solucionar, sepan que existe este convenio y que pueden acercarse para recibir esta orientación”.

La profesional valoró los conocimientos y experiencia que le aporta el SENADIS al ejecutar sus labores en el día a día, “y que eso lo podamos entregar de forma más integral a los usuarios una vez que se acercan a consultar cualquier tipo de duda”.

Muchas situaciones de discriminación no siempre se denuncian, lo que refuerza la importancia de contar con servicios de orientación jurídica accesibles y especializados. “Eso no dice nada de que existan o no existan discriminaciones en sí. Podemos verlo desde dos enfoques, que hay menos vulneraciones, porque no hay patrocinios, o también porque la gente no quiere denunciar”, expresó. Asimismo, esto formaría parte de la autonomía de las personas con discapacidad, quienes “una vez que reciben la información, ellas deciden cuál es el camino que quieren seguir. A veces no todo es judicializar, a veces es solucionar”.

A través de este convenio, han asesorado en el año a una cifra cercana al centenar de personas. Al respecto, el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, destacó el alcance de este apoyo especializado en acción colaborativa con el SENADIS, que busca otorgar una defensa oportuna y de calidad a casos de discriminación o conculcación de derechos por su mera condición de discapacidad. Más allá de la figura de un abogado especializado por región encargado de entregar patrocinio o atención preferente en base a un convenio, anticipó que el recién creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia -que reemplazará a la CAJ- debería incorporar una especialización y herramientas adicionales para consagrar una atención más permanente en estas materias.

Por su parte, René Castro Cid, Seremi de Justicia y DD.HH. (S), subrayó que toda persona necesitada de patrocinio en acciones judiciales por discriminación con motivo de discapacidad no requerirá de focalización previa, dado que el patrocinio que brinda esta herramienta (basada en los artículos 28 y 57 de la Ley 20.422 y la acción antidiscriminación de la Ley 20.609), es de carácter universal.

El Convenio CAJ-SENADIS brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Croacia N°957) y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: [email protected]).