20 de diciembre de 2025
DICTAMEN DE LA SUPEREDUC ACLARA NORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES ESCOLARES SUBVENCIONADOS
Con énfasis en la propiedad de los locales educativos como garantía de continuidad del servicio y la correcta utilización de recursos públicos.
| Con énfasis en la propiedad de los locales educativos como garantía de continuidad del servicio y la correcta utilización de recursos públicos. La Superintendencia de Educación emitió el Dictamen N°76, pronunciamiento que consolida y clarifica las normas que regulan la tenencia y adquisición de inmuebles en los que funcionan los establecimientos educacionales subvencionados. Su objetivo principal es asegurar que el derecho a la educación se ejerza en espacios estables, protegidos y libres de incertidumbre patrimonial. El dictamen responde a una necesidad histórica de otorgar certeza jurídica a sostenedores y comunidades educativas, sistematizando criterios que la Supereduc ya había aplicado en consultas previas. De esta manera, se fortalece la previsibilidad regulatoria y se promueve un uso responsable de los recursos públicos. Uno de los aportes centrales del Dictamen N°76 es la clarificación de plazos para que los sostenedores sin fines de lucro cumplan con los requisitos de propiedad o comodato de los inmuebles. Estos plazos, diferenciados según la fecha de constitución de las entidades, permiten una planificación ordenada y evitan cargas inesperadas. Asimismo, el dictamen distingue entre dos regímenes de adquisición con cargo a la subvención escolar: el mecanismo de la Ley de Inclusión Escolar, destinado a quienes aún deben ajustarse a la normativa de tenencia, y el régimen permanente de la Ley de Subvenciones, que habilita la adquisición de inmuebles para crecimiento, cambio de domicilio o ampliación de capacidad. Esta diferenciación aporta flexibilidad y reconoce la diversidad de realidades de los sostenedores. En materia de financiamiento, el Dictamen N°76 reconoce tres vías autorizadas: compraventa directa, crédito hipotecario y créditos garantizados por CORFO. Cada mecanismo cuenta con limitaciones específicas que buscan proteger el patrimonio fiscal y asegurar que las operaciones se realicen con transparencia y proporcionalidad. La regulación también establece salvaguardas para el uso racional de recursos, vinculando el gasto al avalúo fiscal y a los ingresos del establecimiento. Estas medidas previenen operaciones abusivas y garantizan que las adquisiciones se orienten al beneficio directo de la comunidad escolar. La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, destacó que “este dictamen entrega certezas y consolida criterios que permiten a los sostenedores planificar con tranquilidad, asegurando que la infraestructura escolar esté siempre al servicio de la continuidad educativa”. En la misma línea, agregó: “Nuestro compromiso es acompañar a las comunidades educativas con reglas claras y previsibles, evitando que la normativa se interprete como una carga punitiva. El Dictamen N°76 es una herramienta de orientación y protección del derecho a la educación”. Este dictamen no constituye una nueva obligación, sino una clarificación y sistematización de normas ya vigentes, lo que contribuye a reducir la incertidumbre y a fortalecer la confianza en el sistema educativo. Finalmente, el Dictamen N°76 reafirma el rol de la Superintendencia de Educación como garante de inclusión, equidad y transparencia, consolidando un marco regulatorio que protege a los estudiantes y asegura que los recursos públicos se administren con responsabilidad y visión de futuro. |
La empresa dio a conocer las acciones en el ámbito comunitario como el Programa Puertas Abiertas, los fondos concursables Enap Impulsa y el apoyo a la empleabilidad y el emprendimiento.
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