26 de agosto de 2026
SBAP ASUMIRÁ LA ADMINISTRACIÓN DE 14 ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES A PARTIR DE MARZO DE 2027
Buenos días región

Una nueva etapa para la gestión de la biodiversidad y las áreas protegidas de Magallanes se encuentra en desarrollo, luego de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que deberá asumir progresivamente funciones que hasta ahora se encontraban distribuidas entre distintas instituciones públicas.
Así lo explicó esta mañana el director regional del SBAP Magallanes, Alejandro Fernández Navarrete, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó la implementación del nuevo servicio, el proceso de traspaso desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las nuevas atribuciones de fiscalización y evaluación ambiental, además de los desafíos que enfrenta la región para compatibilizar conservación, turismo y desarrollo económico.
Fernández recordó que el SBAP fue creado el 6 de septiembre de 2023 y que desde entonces ha atravesado distintas etapas de implementación institucional.
“El servicio que se conoce por las siglas SBAP es Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un servicio que se creó el 6 de septiembre del año 2023. Esa fue la creación, la publicación en el Diario Oficial y ha tenido distintas etapas de implementación y de operación”, explicó.
El director regional destacó que la puesta en marcha del organismo significó construir una institucionalidad prácticamente desde cero, incluyendo infraestructura, oficinas y contratación de personal. Según detalló, las funciones del servicio se concentran principalmente en dos grandes ámbitos: la conservación de la biodiversidad y la gestión y administración de áreas protegidas.
“Este es un servicio que comenzó de cero desde el punto de vista de la infraestructura, una oficina, contratación de personal y la entrada en operaciones con las funciones que la ley nos encomienda”, señaló.
Una institucionalidad que integra funciones
Uno de los elementos centrales que destacó Fernández es que el SBAP busca integrar competencias que históricamente estuvieron distribuidas entre diferentes organismos del Estado.
“Somos un servicio desde un punto de vista integrador, integra funciones y desde el punto de vista también de administración de áreas, estrategias que antes estaban repartidas en muchos servicios en Bienes Nacionales, en Sernapesca, Subpesca, Ministerio de Medio Ambiente, Consejo de Monumentos Nacionales, la Conaf, Ministerio de Agricultura”, sostuvo.
El proceso forma parte de una transformación de la institucionalidad ambiental chilena que comenzó a consolidarse durante la década de 2010. Fernández recordó que la creación del SBAP fue objeto de una extensa discusión legislativa y política, que se extendió durante varios gobiernos.
“La creación de este servicio fue transversal, 12, 13 años de discusión entre cuatro y cinco gobiernos y fue principalmente un compromiso de Estado de generar una nueva institucionalidad”, afirmó.
En el caso de Magallanes, el alcance del nuevo organismo adquiere especial relevancia debido a la superficie involucrada. De acuerdo con Fernández, aproximadamente el 60% del territorio regional estará relacionado con la gestión del servicio.
El traspaso de Conaf comenzará a concretarse en marzo de 2027
Uno de los principales desafíos que actualmente enfrenta el SBAP es el traspaso de la administración de las áreas protegidas que permanecen bajo responsabilidad de Conaf. El proceso tiene como fecha de referencia el 1 de marzo de 2027.
Fernández explicó que no se trata únicamente de trasladar funcionarios desde una institución hacia otra, sino de incorporar infraestructura, equipamiento, contratos, procedimientos y toda la experiencia acumulada durante años por quienes han trabajado en las áreas protegidas.
“Nuestra intención es porque aquí te comentaba al principio, Christopher, no solamente la gestión, administración, sino que eso implica que pasen las personas que hoy día son las que tienen la experiencia de Conaf, que pasen la infraestructura, que pasen sus procesos, sus procedimientos”, detalló.
En Magallanes, Conaf administra actualmente 14 áreas protegidas: siete parques, tres reservas y cuatro monumentos naturales. Los funcionarios vinculados al área silvestre protegida serán parte del proceso de traspaso al SBAP, mientras que las funciones relacionadas con incendios forestales y bosques permanecerán en la institucionalidad forestal que continuará desarrollándose en el país.
El objetivo, según el director regional, es que el cambio institucional no afecte el funcionamiento cotidiano de las áreas.
“Tenemos que ir identificando determinadas cosas. Cómo están los recursos desde los vehículos, desde personas, contratos, infraestructura. Cómo nosotros somos capaces finalmente de asegurar la continuidad operacional, que significa que sigan funcionando todas esas áreas protegidas de la región de manera normal a partir del primero de marzo”, manifestó.
Para preparar ese proceso, durante agosto y septiembre se están desarrollando reuniones presenciales con administradores y funcionarios de las distintas áreas protegidas de la región, con el propósito de identificar procedimientos, recursos disponibles y eventuales brechas que deban ser solucionadas antes de marzo de 2027.
El director explicó que ya se inició este trabajo en el Parque Nacional Torres del Paine y posteriormente se abordaron las áreas protegidas de la provincia de Magallanes, entre ellas el Monumento Natural Los Pingüinos, la Reserva Nacional Laguna Parrillar, la Reserva Nacional Magallanes y el Parque Nacional Pali-Aike.
Posteriormente, el proceso continuará con las áreas de la provincia de Última Esperanza, incluyendo el Parque Nacional Bernardo O’Higgins y el Monumento Natural Cueva del Milodón.
Nuevas capacidades de fiscalización y evaluación ambiental
Otra de las transformaciones asociadas al SBAP tiene relación con las capacidades de fiscalización dentro de las áreas protegidas.
Fernández explicó que los guardaparques tendrán atribuciones vinculadas al control y fiscalización, incluyendo la posibilidad de actuar como ministros de fe y participar en procedimientos sancionatorios cuando corresponda.
“Cuando estemos a cargo de la administración de las áreas protegidas, hayan guardaparques con capacidad de ser fiscalizadores, ministros de fe y la posibilidad de elevar, si se considera necesario, el proceso sancionatorio”, indicó.
A esto se suma la participación del servicio en la evaluación ambiental de proyectos, específicamente desde la perspectiva de los eventuales impactos sobre la biodiversidad.
“Otra cosa nueva que también ya nos hemos puesto de acuerdo con algunas de nuestras principales responsabilidades es el tema que somos un servicio también que toma la evaluación ambiental de los proyectos desde el enfoque de cómo se generan impactos en la biodiversidad”, explicó.
El trabajo, agregó, requiere una estrecha coordinación con otros organismos públicos dependiendo del ecosistema o actividad involucrada. Entre las instituciones mencionadas se encuentran Sernapesca, SAG y la Dirección General de Aguas, además de otros servicios relacionados con materias como pesca recreativa y caza.
Dos áreas marinas ya están bajo responsabilidad del SBAP
El proceso de implementación no se limita a las áreas terrestres. Fernández destacó que el nuevo servicio también tiene responsabilidades sobre áreas marinas protegidas.
En Magallanes, desde el 1 de febrero de este año, el SBAP asumió la responsabilidad de dos áreas de conservación de múltiples usos: el Área de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo, en la comuna de Timaukel, y el Área de Conservación de Múltiples Usos Francisco Coloane, en la comuna de Punta Arenas.
“Son dos áreas, son las únicas, son ambas exclusivamente marinas”, precisó.
En estas zonas existen distintos objetos de conservación, incluyendo lugares de alimentación, reproducción y descanso de diversas especies.
Fernández mencionó, entre otras, la presencia de ballenas jorobadas, elefantes marinos, focas leopardos y albatros, elementos que deberán ser considerados en los respectivos planes de manejo.
“Nosotros definiendo aquello también hoy día y a través de los planes de manejo, nosotros definimos inclusive qué actividades se pueden desarrollar”, explicó.
Los planes de manejo constituirán uno de los principales instrumentos para determinar qué se busca proteger en cada área, cuáles son sus condiciones ambientales, qué monitoreos deben realizarse y qué actividades podrán desarrollarse.
Coordinación con turismo y nuevas actividades en áreas protegidas
El crecimiento del turismo en Magallanes y el aumento de actividades vinculadas al territorio antártico también forman parte de los desafíos que deberá abordar la nueva institucionalidad.
Fernández señaló que el SBAP ya participa en espacios de coordinación con las autoridades regionales y organismos vinculados al turismo, especialmente considerando que las decisiones relacionadas con el uso público de las áreas protegidas deberán desarrollarse de manera coordinada.
“Ya estamos siendo parte de los comités, ya nos están consultando, ya se están viendo temas de proyectos, se está viendo qué cosas faltan, nos estamos coordinando desde el punto de vista con las autoridades de turismo acá”, afirmó.
El director regional remarcó que el objetivo es avanzar hacia una gestión que permita ordenar las actividades que se desarrollan en los territorios protegidos, considerando tanto la conservación como el acceso de visitantes y las oportunidades que genera el turismo.
Conservación y desarrollo económico
Consultado por el desafío de mantener estándares ambientales exigentes en una región que también busca atraer inversiones, generar empleo y desarrollar nuevas actividades productivas, Fernández planteó que la conservación de la biodiversidad no debe entenderse como un obstáculo al desarrollo.
A su juicio, uno de los desafíos centrales del SBAP será explicar de manera concreta el aporte que realizan los ecosistemas al bienestar social y económico del territorio.
“Está comprobado que el cuidado o la conservación de la naturaleza tiene que ver con el cuidado de nuestros propios recursos naturales y eso finalmente deriva también en un crecimiento ya no solamente desde el punto de vista del patrimonio del medio ambiente, sino económico y social, y esto es compatible con aquello”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el rol que cumplen algunas reservas de la región en la provisión de agua potable.
“Nosotros tenemos hoy día dos reservas, que su creación o el lugar donde ellas están son las fuentes de agua potable de la región”, explicó.
Desde esa perspectiva, la labor del servicio no se limitaría a establecer restricciones, sino también a identificar los beneficios que los ecosistemas entregan a la sociedad y cómo su conservación puede contribuir al desarrollo de largo plazo.
“Tenemos que generar planes, programas y políticas finalmente para aquello y eso es la conservación de la biodiversidad, pero también tenemos la responsabilidad de decir cómo esto también aporta finalmente al desarrollo del territorio”, agregó.
Un desafío institucional para una región estratégica
La implementación del SBAP representa así uno de los principales cambios institucionales en materia ambiental de los últimos años y tendrá una especial incidencia en Magallanes debido a la extensión territorial y marina involucrada.
Con el traspaso programado para marzo de 2027, el organismo deberá asegurar que las áreas protegidas mantengan sus labores de conservación, vigilancia, control y uso público, mientras incorpora nuevas herramientas de gestión y coordinación.
Fernández recalcó que durante los próximos meses la prioridad estará puesta en detectar las necesidades existentes y resolverlas antes del cambio institucional.
“Esa es como nuestra tarea próxima”, resumió el director regional, quien también manifestó su intención de llegar al 1 de marzo con las condiciones necesarias para que las áreas protegidas continúen funcionando normalmente.
“Dispuesto a ir comunicando con los avances y llegar al primero de marzo ya también con todo solucionado y poder finalmente estar operando las áreas protegidas de la región que son 60% de territorio”, concluyó durante su conversación con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.


























































































































































