2 de septiembre de 2017
CASO RAYÉN: CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA ADMISIBLE RECURSOS DE NULIDAD PRESENTADOS CONTRA FALLO QUE ABSOLVIÓ A EX INTENDENTE
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisibles este viernes 1 de septiembre los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad en el denominado […]
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisibles este viernes 1 de septiembre los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad en el denominado caso Rayén.
En resolución unánime (causa rol 133-2017), la Primera Sala del Tribunal de Alzada integrada por los ministros Víctor Stenger, Marcos Kusanovic y el fiscal judicial Fabio Jordán declaró la admisibilidad de los recursos presentados por el ente persecutor y querellantes.
Atendido lo dispuesto en el artículo 383 del Código Procesal Penal, se declaran admisibles los recursos de nulidad interpuestos por Felipe Aguirre Pallavicini, fiscal adjunto del Ministerio Público, Juan Pablo Contreras Barría, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, y Paula González Cáceres, abogada procuradora fiscal (s) de Punta Arenas, en representación legal del Fisco, en contra de la sentencia de fecha seis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, establece la resolución.
El dictamen agrega que: Cumpliendo los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Publico y el Consejo de Defensa del Estado, con los requisitos formales de interposición de los mismos contemplados en los artículo 378 y 383 del Código Procesal Penal, y tratándose de una alegación de fondo que debe ser resuelta en la vista del recurso, no ha lugar a la solicitud de inadmisibilidad.
En el fallo recurrido, dictado el 6 de agosto recién pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas absolvió al ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindicaba, junto a otros seis acusados, como autor de los delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos. Ilícitos que habría perpetrado en el marco de las obras de limpieza tras el aluvión que afectó a la ciudad, en marzo del 2012.
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