23 de septiembre de 2025
COLUSIÓN DE LA CENTOLLA: DIPUTADO MATHESON EXIGE QUE EVENTUALES MULTAS VAYAN EN BENEFICIO DE PESCADORES AFECTADOS
El parlamentario apuntó que la coordinación entre las empresas es "de la más alta gravedad" y que "perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias".
Como de la "más alta gravedad" calificó el diputado Christian Matheson, la acusación que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas que procesan centolla en la región de Magallanes por haberse coludido para fijar el precio de compra de este recurso a los pescadores artesanales de la región.
Junto con valorar la acción, el parlamentario magallánico subrayó que resulta "impresentable que durante una década, estas empresas habrían podido coordinarse, compartiendo entre sus ejecutivos información estratégica para bajar el precio de compra, obteniendo así un rédito económico, en desmedro del trabajo que realizan los pescadores artesanales de la región".
Por ello, Matheson hizo un llamado a que las multas que se apliquen a las empresas vinculadas a esta colusión "vayan en directo beneficio de quienes se han visto afectados, que en este caso son los pescadores artesanales, que durante años han visto mermados sus ingresos por esta coordinación desleal por parte de la industria".
En ese sentido, el legislador apuntó a que se requiere también "realizar un cambio en la legislación, pues el actual ordenamiento jurídico establece que las multas ingresan directamente a las arcas fiscales del Estado, mientras que los grupos afectados, como lo son en este caso los pescadores, no reciben compensación alguna".
El diputado finalizó diciendo que "de probarse este acto delictual perjudica no sólo a los pescadores, sino también a sus familias, quedando afectadas por el descriterio y la avaricia de un grupo de ejecutivos que están en una posición financiera dominante, por lo que pedimos la máxima celeridad en la investigación y que se apliquen las más altas multas".
La Ley 21.792 obliga a aerolíneas a entregar información de pasajeros a las autoridades. El objetivo es reforzar la seguridad y evitar que personas con cuentas pendientes con la justicia ingresen a la región.
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