La Dirección General de Aguas del MOP y la Asociación Chilena de Municipalidades mediante un convenio de colaboración asumieron el compromiso de trabajar en conjunto para realizar jornadas de acompañamiento a las y los usuarios de aguas del país en los trámites que deben realizar para tener sus derechos de aprovechamiento de agua en regla.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, indicó que «Como Asociación Chilena de Municipalidades estamos trabajando diversos convenios que permitan llegar a la ciudadanía con capacitación respecto de temas que tienen un impacto directo en su desarrollo. En este caso los derechos de agua tienen especial relevancia en las zonas rurales donde muchas personas, por desconocer la normativa actual, podrían enfrentar imprevistos legales y económicos. Los cambios que se han realizado en los últimos años en esta materia, hacen urgente el llegar con la información actualizada, de manera oportuna y clara, a estas zonas. Ese es el objetivo que nos hemos trazado con la DGA».

A su vez, Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, manifestó que «es clave profundizar la difusión de estos plazos para que no caduquen derechos ni la gente pague multas, nos interesa tener un mejor registro de los derechos existentes para una mejor gestión del agua. Por lo tanto, esta alianza virtuosa con las municipalidades nos permitirá llegar a más lugares para explicar cuáles son los pasos para inscribir y registrar los derechos, y a la vez contar con funcionarios municipales que puedan guiar a las y los interesados». 

En la firma del convenio también estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la ACHM, Andrés Santander; la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim y Roberto Pérez, alcalde de San José de Maipo quienes ejercen como presidenta y vicepresidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la ACHM, y la directora DGA RM, Carol Castro. 

En la reforma al Código de Aguas, publicada el 6 abril de 2022, las y los legisladores establecieron trámites y plazos que los titulares de derechos de agua deben cumplir para tener un registro completo de los derechos constituidos en el país – ya que no siempre fueron otorgados por la DGA, también lo hicieron el SAG o tribunales- y contar con más y mejor información para avanzar hacia la seguridad hídrica.

Posteriormente, con la publicación de la ley 21.586 el 13 de julio pasado, el plazo para inscribir el derecho de aprovechamiento de agua en el Conservador de Bienes Raíces y luego registrarlo en el Catastro Público de Aguas de la DGA, se amplió hasta el 6 abril de 2025. 

Asimismo, se estableció como plazo final el 6 de abril de 2027 para iniciar el proceso de regularización de uso de aguas, el cual aplica para todos quienes ejercen el uso de aguas según artículos transitorios dispuestos en el Código de Aguas de 1981, como son el 2° transitorio para derechos de predios expropiados o adquiridos bajo la reforma agraria y el 5° transitorio para quienes al menos desde el 29 de octubre de 1976 han hecho uso del agua libre de clandestinidad y violencia y sin reconocer dominio ajeno. Este procedimiento, en el fondo, significa realizar el trámite para inscribir el derecho a nombre de quien lo ha estado usando por años, que nunca ha estado registrado o que pertenece a otra persona.

En esta tarea de asesorar a quienes habitan las distintas comunas del país, el convenio de colaboración DGA-ACHM considera también capacitar a los equipos de trabajo municipales que se relacionan con usuarios de agua, entregar desde la DGA material informativo a los municipios asociados para que realicen la difusión correspondiente, y otras acciones que las partes acuerden para apoyar a las comunidades a despejar sus dudas y cumplir con los trámites en el tiempo requerido de acuerdo a legislación vigente. 

Sanhueza resaltó que desde publicada la reforma al Código de Aguas, la DGA ha estado reuniéndose con organizaciones de usuarios, comités de APR, autoridades y público en general para dar a conocer los procedimientos e incluso ayudarlos a iniciar los trámites correspondientes; y al mismo tiempo, el Servicio MOP ha capacitado a quienes se despliegan en el territorio como CNR, INDAP, funcionarios municipales y de gobiernos regionales y provinciales. «Este convenio viene a afianzar el trabajo que se ha ido realizando con algunos municipios, a lo que se podrán sumar otras alcaldías para sumar fuerzas y ampliar la cobertura de difusión de los trámites de inscripción y registro de derechos, entre otras materias normativas», puntualizó.