9 de noviembre de 2024
CÁMARA DE DIPUTADOS CONVOCA SESIÓN ESPECIAL TRAS POLÉMICO DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA SOBRE CONFIANZA LEGÍTIMA
La Comisión de Trabajo citó una reunión excepcional para discutir el reciente dictamen que deja en manos de los tribunales la determinación sobre despidos de empleados públicos a contrata.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para discutir el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que ha generado un fuerte rechazo en el sector público.
La controversia surge debido a la decisión de la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, de trasladar a los tribunales de justicia la determinación sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos contratados a contrata, en vez de que sea la misma Contraloría quien se pronuncie al respecto, como ocurría previamente.
Este cambio de postura se da en el marco de la asunción de Pérez como nueva contralora, cargo que ocupa hasta 2032, tras su ratificación por el Senado la semana pasada.
En su primer dictamen, firmado por Pérez, se establece que los tribunales serán los encargados de resolver si los empleados públicos con contratos a contrata tienen derecho a la estabilidad laboral, específicamente en relación con los despidos injustificados.
“Es un serio retroceso”
Este es un cambio respecto a la administración anterior de Jorge Bermúdez, que consideraba que la antigüedad de dos años era suficiente para acceder a la confianza legítima.
Luis Cuello (PC), presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación por el impacto de esta decisión en el empleo público. “Este dictamen es un serio retroceso, que significa echar por tierra una lucha de años de trabajadores públicos por lograr mayor estabilidad. Y ciertamente debilita la función pública”, comentó Cuello.
Ante la inquietud generada, la Comisión de Trabajo citó a una sesión especial para analizar las implicancias de la medida. En la instancia, que se realizará el lunes, se espera la participación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes expresarán su opinión sobre los efectos que el dictamen tendrá en el sector público.
ADN
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