9 de enero de 2024
CONSEJERO REGIONAL FUEGUINO CONSULTÓ SOBRE LA OFICINA LOCAL DEL SLEP
En representación de la comunidad porvenireña, el consejero regional Andrés López solicitó antecedentes sobre la apertura de una oficina local del Servicio Local de Educación Pública en Porvenir. Para eso se reunió con el director del organismo sostenedor de los […]
En representación de la comunidad porvenireña, el consejero regional Andrés López solicitó antecedentes sobre la apertura de una oficina local del Servicio Local de Educación Pública en Porvenir. Para eso se reunió con el director del organismo sostenedor de los recintos educativos, Mario García.
En el encuentro, el representante fueguino fue informado de las gestiones en marcha para la apertura de la oficina local, que debería estar habilitada antes de marzo.
También pidió antecedentes sobre el uso de los gimnasios de los recintos educacionales después del horario de clases, considerando que hay organizaciones de la comunidad, sin fines de lucro, que acuden a ellos para practicar deportes y que recién en dos años podrían contar con el gimnasio Padre Zavattaro, cuya construcción acaba de partir.
Sobre este tema, Andrés López indicó que el director del Slep Magallanes “mostró una muy buena disposición y por eso nos vamos tranquilos, pensando que las peticiones que hemos hecho serán acogidas y con la plena seguridad de la apertura de la oficina local de este servicio en Porvenir”.
Dado que el Consejo Regional es un organismo que decide sobre el uso de millonarios recursos, Andrés López comunicó que aprobaron financiamiento para los diseños de mejoras en las escuelas Pedro Pablo Lemaitre y Argentina, en Punta Arenas; y que esperan avanzar pronto en un proyecto similar para la escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir que requiere de una urgente ampliación.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
