19 de noviembre de 2014
MOLESTIA DEL CORE POR NO IMPLEMENTACIÓN DE MORGUE EN PORVENIR
En la Sesión Plenaria N° 33 del CORE, efectuada este lunes en Cabo de Hornos, en relación a la situación generada con la implementación de la infraestructura asociada al Servicio Médico Legal de la ciudad de Porvenir, los integrantes del […]
En la Sesión Plenaria N° 33 del CORE, efectuada este lunes en Cabo de Hornos, en relación a la situación generada con la implementación de la infraestructura asociada al Servicio Médico Legal de la ciudad de Porvenir, los integrantes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena manifestaron lo siguiente:
1.- En la sesión Ordinaria N° 18, efectuada en la ciudad de Porvenir, el día 16 de junio del año 2014, se aprobaron recursos por un monto de $ 54.051.000 Adquisición y Equipamiento Morgue de Porvenir, FNDR 2014 2015 y la Unidad técnica encargada del proyecto fue el Municipio de Porvenir.
2.- La División de Análisis y Control informa que desde dicha aprobación entre junio y agosto se cumplió con los trámites administrativos de rigor. Durante el mes de septiembre la Licitación fue declarada desierta y actualmente se está efectuando el segundo llamado licitatorio.
3.- En virtud de los procedimientos señalados y del rechazo expresado por la comunidad de Porvenir en cuanto a cómo desarrolla sus funciones el Servicio Médico Legal en la nueva infraestructura que posee en dicha localidad, es que este Cuerpo Colegiado solicita al señor Intendente Regional, Jorge Flies, que ejerza las atribuciones que le confiere la Ley a efecto de determinar las responsabilidades administrativas y ante la eventual existencia de irregularidades que hayan impedido a la fecha contar con los insumos que se iban a adquirir a través del referido proyecto de Equipamiento y aplique las acciones que correspondan.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.
Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.
