SENADOR KUSANOVIC DESTACA AVANCE DEL PROYECTO QUE PERMITIRÁ REGISTRAR LAS ACTUACIONES MEDIANTE CÁMARAS CORPORALES

A tercer trámite legislativo paso el proyecto de ley que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales, luego de ser despachado por el Senado con respaldo unánime. El texto, próximo a convertirse en ley establece como regla general la facultad para que los funcionarios policiales puedan grabar las actuaciones que realizan en lugares públicos, de libre acceso al público y en lugares cerrados cuando realicen detenciones en flagrancia y registros (con o sin autorización judicial). Además, se establece la obligación para funcionarios pertenecientes a dotaciones de Unidades de Control de Orden Publico (ex fuerzas especiales), de utilizar sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en lugares públicos o de libre acceso al público, respecto de todos los procedimientos relacionados con el derecho de reunión, tales como protestas y similares.

De aprobarse el proyecto, se espera contar con 4.433 dispositivos para efectivos de Carabineros y de la PDI, lo que incluye 1.630 cámaras para las unidades de Control de Orden Público de Carabineros (COP), 493 para el OS7 y el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9), quienes están dedicados a investigar delitos violentos y bandas de crimen organizado. Para la Policía de Investigaciones se consideran 1.469 cámaras para las Brigadas de Robos y Brigadas de Investigación Criminal. Adicionalmente se considerarán 841 efectivos de las Brigadas de Antinarcóticos y de Crimen Organizado, las Brigadas de Reacción Táctica y la Brigada de Investigaciones Policiales, con estos dispositivos.

El integrante de la Comisión de Seguridad Pública, senador Alejandro Kusanovic, aclaro que “la experiencia internacional nos ha mostrado la importancia de estas herramientas, tanto para el resguardo de la evidencia como para asegurar el apego a los protocolos de actuación policial durante los procedimientos que se realizan”, detallando que el proyecto aprobado “favorecerá la obtención de medios de prueba y limitará claramente las falsas acusaciones contra las policías, quienes se ven expuestos a este riesgo en los procedimientos en que participan” finalizó.