15 de noviembre de 2024
La discriminación es una de las tantas barreras que presenta el acceso a la justicia, impidiendo a personas principalmente de grupos vulnerables hacer valer su derecho fundamental y garantía constitucional, tal como se dio hace nueve años en Punta Arenas, cuando a un usuario con discapacidad se le impidió renovar su licencia de conducir en la dirección de Tránsito del municipio.
Este emblemático caso, que se enmarcó dentro de la Ley N°20.422, logró una sentencia favorable para la persona demandante, gracias al apoyo de un programa de acceso a la justicia a personas con discapacidad de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), que desarrolla tanto en Magallanes como en el resto del país. Esta herramienta, vigente hace más de 11 años, es conocido como el Convenio CAJ-Senadis, y permite a la Corporación –como servicio dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH.- disponer de una abogada con dedicación exclusiva en Punta Arenas, para la atención de este segmento de público en toda la región.
“Como particularidad del mismo, este convenio no consiste en atender a personas con discapacidad, puesto que dicha atención está disponible de igual manera en todas las unidades de la CAJ, ya que significaría hacer una discriminación al dar un trato preferencial o prioritario a las personas con discapacidad por parte de algún funcionario capacitado”, explica el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti. Por el contrario, todos sus funcionarios deben estar habilitados para patrocinar a este segmento y, más bien, el objeto del convenio brinda la posibilidad de otorgar asesoría jurídica y representación judicial a toda persona que haya sufrido discriminación por la condición de discapacidad que presenta.
Como profesional ejecutora del convenio CAJ-Senadis desde agosto de 2023, Carla Aedo Arancibia destaca que lo fundamental en esta temática “es ponerse en el lugar del otro, no verlo como algo ajeno”. En materia de discapacidad, refiere que le ha tocado atender denuncias referidas al ámbito de la educación como la no realización de ajustes razonables a niños de educación básica con trastorno espectro autista, así como también vulneraciones hacia personas diagnosticadas con esclerosis múltiple o fibromialgia, entre otras.
En tratados internacionales y a nivel constitucional aparece consagrado el derecho de toda persona a tener una defensa letrada (Artículo 19, N°3). A este respecto, Michelle Peutat Alvarado, Seremi de Justicia y DD.HH., subraya que el Estado de Chile “está obligado a brindar servicios jurídicos gratuitos a toda persona que no pueda costear un abogado, a objeto de evitar cualquier vulneración de derechos, patrocinio que grafica la importancia que tiene la no discriminación como un eje estructural en una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos”.
La autoridad regional destacó los alcances del Convenio CAJ-Senadis, que busca eliminar cualquier brecha o barrera frente a actos u omisiones arbitrarias de discriminación y/o vulneración de derechos en razón de su discapacidad, lo cual además apunta a reforzar a través de un componente educativo, a través de actividades de sensibilización -seminarios, charlas, promoción del lenguaje inclusivo- en conjunto con el Senadis.
Entre estas últimas destacan: Taller “Prevención de victimización secundaria en víctimas de delitos”, Seminario “Hacia un Natales más inclusivo”, Taller sobre “Ley TEA N°21.545” y Charla de difusión sobre “Ley 21.545” (que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en el ámbito social, de salud y educación).
El Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti, se mostró confiado en que con la nueva institucionalidad que busca reemplazar a la CAJ - Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, en el que está trabajando el gobierno de Gabriel Boric- “deberíamos ya incorporar como servicio esta especialización y no depender de convenios. Se agradece todo el trabajo que uno puede hacer colaborativamente con Senadis, pero no debiese ser que la contratación de un profesional que vea en forma exclusiva estas temáticas dependa de la firma o renovación de este convenio”. Esto, dado el alcance de este apoyo especializado, que hace casi una década ocupó titulares de portada, cuando una abogada del Convenio CAJ-Senadis logró revertir en tribunales la denegada obtención de una licencia de conducir a un chofer magallánico, al comprobarse que éste había sufrido una discriminación en base a su discapacidad.
El Convenio CAJ-Senadis brinda atención de lunes a viernes, todas las mañanas en dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Croacia N°957 y también puede solicitarse atención en la Dirección Regional de la CAJ, en Magallanes N°809 (o bien contactar al correo: [email protected]).
Un 80% está de acuerdo con que exista un umbral mínimo de pago mensual y un 66% cree que todos son responsables del plan de pago que quedó establecido para que las isapres paguen la deuda con sus afiliados, incluyendo al gobierno, el Congreso, la superintendencia y las mismas isapres.
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