COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES, REGIÓN ISLA: LA MAGNITUD QUE NADIE ESTÁ MIDIENDO

​Durante la última semana de julio, el clima reordenó la logística de medio país. El 28 de julio, el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en seis comunas de Atacama, en la totalidad de la Región de Coquimbo y en las provincias continentales de Valparaíso. La prensa nacional, sobre datos de mercado, reportó alzas de hasta 74% en la lechuga y presión sobre papas y zapallos. Y desde el 14 de julio, el paso Los Libertadores —la principal puerta terrestre del comercio exterior chileno— permanece inoperativo, desviando la carga nacional hacia el corredor neuquino: 778 kilómetros adicionales y un mínimo de 48 horas extra por viaje.

 
Ese corredor —Pino Hachado y Cardenal Samoré— es el mismo por el que baja la carga terrestre que abastece a Magallanes. El domingo 2 de agosto, Pino Hachado estuvo cerrado e intransitable toda la jornada, y Samoré habilitó el tránsito de camiones en una ventana de apenas dos horas, decidida por pronóstico de nevadas. Para efectos del abastecimiento regional, el corredor estuvo funcionalmente cerrado cerca del 90% de la jornada operativa.

 
Para la mayoría de las regiones, un temporal en la cordillera es una noticia. Para Magallanes es un evento logístico. La región no está conectada por tierra con el resto de Chile: su abastecimiento terrestre cruza territorio argentino y depende de pasos cordilleranos ubicados a más de dos mil kilómetros de Punta Arenas. Magallanes es, en términos de abastecimiento, una región isla: lo que en el centro-sur del país es una molestia, aquí llega amplificado, con días de rezago y sin vías de reemplazo inmediatas.

 
Y no es la primera vez. En julio de 2019, nevazones y derrumbes en el sector de Villa La Angostura dejaron cerca de 200 camiones atascados en Samoré, y las fruterías y supermercados de Punta Arenas reportaron quiebres de stock; días después, un derrumbe en la Ruta 40 mantuvo el paso cerrado a camiones por cerca de cuatro semanas. En abril de 2021, piquetes en la provincia de Neuquén dejaron camioneros chilenos atrapados durante semanas, con riesgo declarado de desabastecimiento en la Patagonia chilena. En junio de este año, la Unión de Transportistas de Magallanes denunció alrededor de 80 camiones retenidos en la frontera, advirtió pérdidas de mercadería perecedera y recordó que los protocolos de tránsito invernal solicitados desde marzo seguían sin respuesta. Cada episodio fue tratado como una excepción. Puestos en serie, describen un régimen recurrente.

 

Lo que estos episodios marcan en las condiciones de vida de los magallánicos rara vez toma la forma de góndolas vacías. El mecanismo habitual es más silencioso: transmisión a precios y quiebres por canal. El registro de esta contingencia lo ilustra con precisión: este Observatorio documentó en un comercio minorista de la región un alza del precio de la papa sucia de $690 a $790 por kilo entre el 31 de julio y el 2 de agosto —14,5% en dos días—. Se trata de una observación directa en un punto de venta, no de una medición de precio regional; en el mismo período se registró ausencia sostenida del producto en una sala de cadena. El Observatorio no ha verificado desabastecimiento regional. Pero la distinción importa, porque un quiebre de canal con transmisión a precio no golpea a todos por igual: golpea primero a los hogares que compran en el canal más barato.

 
Y aquí aparece la Zona Franca, en una dimensión que la discusión pública ignora. El debate sobre el régimen franco es, casi siempre, un debate sobre su valor económico: tarifas, gastos comunes, la administración de la concesionaria, la licitación de 2030. Es un debate legítimo y necesario. Pero en episodios como este, el instrumento aparece en otra magnitud —una que ya no pertenece a la capa de la administración concesionaria, sino a quienes formaron la Zona Franca y la sostienen desde hace medio siglo: sus usuarios magallánicos históricos—. Los usuarios del rubro alimentos importan por vías propias, mantienen bodegas, stock y cadenas logísticas que no dependen enteramente del corredor terrestre del régimen general. Nadie ha preguntado, con datos, qué representa esa capacidad para la seguridad de abastecimiento de la región.

 
La pregunta, tal como quedó formulada en el trabajo de monitoreo de esta contingencia, es esta:

 
¿Tienen los usuarios de Zona Franca del rubro alimentos la capacidad de sostener el abastecimiento regional ante una interrupción prolongada del régimen general?

 
La pregunta importa por una razón que excede la contingencia actual: si la respuesta es sí, Magallanes dispone de una redundancia de abastecimiento que el diseño institucional no reconoce ni protege. Si es no, la región opera con una vulnerabilidad que nadie ha dimensionado.

 
En ambos casos, el dato no existe hoy. El Estado no lo mide, la Zona Franca no lo publica y ningún instrumento de planificación regional lo incorpora.

 
Es, además, una pregunta que conecta con la finalidad fundacional del régimen franco. La Zona Franca de Punta Arenas fue creada para compensar el aislamiento de un territorio extremo. La capacidad de sostener el abastecimiento cuando la vía principal falla es la expresión más literal de esa finalidad. Medirla es evaluar si el instrumento cumple su propósito.

El debate sobre 2030, mientras tanto, ya está abierto, y conviene mirarlo en conjunto. El 9 de abril, tras la reunión entre el gobernador Jorge Flies y el subsecretario de Hacienda, quedó establecido que el proceso de licitación debe iniciarse este año. El 12 de julio, el Consejo Regional constituyó una comisión especial para evaluar si el régimen cumple sus objetivos fundacionales. El 14 de julio, el gobernador rindió su cuenta pública, donde defendió la Zona Franca —con un aporte anual al Gobierno Regional superior a los $4.500 millones—, y días después comprometió en radio un "estudio econométrico con todos los elementos a la vista" junto a la subsecretaría de Hacienda, del cual, dijo, "tiene que salir la nueva base de licitación", asegurando que "tiene que escucharse a todas las partes". También hablaron los usuarios. Vania García, de la Cámara Franca, planteó en Soberanía TV que la licitación obliga a separar dos cosas —quién administra y cuál es el modelo—, describió contratos cargados de cobros más allá del arriendo, incluido un porcentaje de las ventas que pasa a la administración, y sostuvo que "mientras más ojos vean, participen y opinen", mejores serán las soluciones: el modelo "no puede ser estático". Jorge Guic, director de la Cámara Franca y usuario de los patios, sumó la perspectiva de quien construye sobre terreno fiscal: arriendos reajustados por el IPC de Estados Unidos que no dejan de subir desde la pandemia, un aporte al Gobierno Regional que "tiene un solo donante, que es la comunidad", y una advertencia directa para las Bases: que la próxima concesión no se resuelva como "un acuerdo entre cuatro paredes", porque una zona franca "llena de tributos, llena de costos y llena de gastos" no va a crecer "ni un centímetro cuadrado más". El 24 de julio, el propio Gobierno Regional descartó renovar la concesión vigente y reclamó definiciones al Ministerio de Hacienda, tras cuatro meses de espera. A fines de julio, Cristian García Castillo, presidente de FESIT, precisó que lo que vence en 2030 es el contrato de concesión —no la ley—, que el desafío central será definir las inversiones y condiciones que se exigirán al nuevo concesionario, y que una falencia regional evidente son las bodegas de frío. Y el 31 de julio, la propia concesionaria pidió que el debate se base en antecedentes concretos y verificables, y que el proceso se resuelva como una decisión de política pública sobre el futuro productivo de la región.

 
Hay algo notable en ese mapa: todos los actores invocan ya los datos y la visión de largo plazo. Este Observatorio les toma la palabra, porque es exactamente lo que ha venido construyendo. Una serie de monitoreo del abastecimiento regional con registros inmutables, fuentes clasificadas por nivel de verificación y formulaciones que distinguen lo verificado de lo interpretado. Un seguimiento sistemático de las declaraciones públicas de los actores del régimen: fichas de verificación, declaración por declaración, de las entrevistas del gobernador y de los referentes técnicos, y el análisis punto por punto de la columna del gerente general de la concesionaria publicada en mayo. Y un cuerpo de estudios que mira la región completa y hacia adelante: el hub portuario de Magallanes y el corredor austral, los mercados del Atlántico Sur, las potencialidades productivas del territorio. No es un inventario de méritos; es la descripción de un método. Referente no es quien más opina: es quien puede mostrar de dónde salen sus cifras.

Por eso mismo, la discusión de las Bases no puede resolverse en la escala de la contingencia ni en la de los balances de gestión. Demanda una visión amplia, de largo plazo, una mirada de futuro sobre lo que Magallanes puede ser en los próximos veinticinco años, y la participación de todos los actores: el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Regional y su Consejo, la concesionaria que administre el recinto, la academia y los gremios. Y en el centro, los usuarios magallánicos históricos. "La zona franca la hacen los usuarios, como la pyme la hace en la ciudad", dijo Vania García. Su gremio ya describió los costos y la rigidez que amenazan su permanencia; lo que nadie ha medido todavía es la otra cara de esa permanencia: su capacidad de sostener el abastecimiento de la región cuando la vía principal falla —la pieza de resiliencia que esta contingencia deja a la vista.

 
Se ha discutido en estos días, incluso, cuál es el verdadero "espíritu" del régimen: se ha dicho que el decreto fundacional no menciona el costo de la vida de los magallánicos. Es una discusión que conviene dar con el texto a la vista. El Decreto Ley N°1.055 de 1975 declara, en su primer considerando, el propósito de propender "especialmente al abaratamiento de sus costos y a la oportunidad en el suministro" de los insumos para la actividad productiva; y en el tercero, el de generar "una más efectiva y real competencia". La oportunidad en el suministro: es difícil encontrar una formulación más literal de lo que está en juego cuando el corredor se cierra. Y el destino territorial del beneficio quedó definido en el reglamento del propio régimen: la zona franca de extensión es "la ciudad o región situada inmediatamente adyacente" (Decreto N°1.355 de 1976, artículo 1°). Cualquiera sea la lectura del espíritu, la conclusión operativa es la misma: a cincuenta y un años de esa decisión, y con las nuevas Bases en el horizonte, la resiliencia de abastecimiento debería dejar de ser un supuesto y pasar a ser un indicador: medido, publicado y exigible. No como acto de desconfianza hacia quien administre el recinto, sino como acto de respeto hacia la condición de región isla que dio origen al régimen —y hacia los usuarios que, temporal tras temporal, han sido su expresión más concreta.

 
La cordillera va a volver a cerrarse. La única pregunta abierta es si la próxima vez tendremos el dato.

Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas
Fundación Prisma Austral — Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Agosto de 2026