COLUMNA DE OPINIÓN | MODERNIZAR SIN RENUNCIAR: NORMAS ESPECIALES, CLASE MEDIA Y NATALIDAD EN MAGALLANES

Magallanes no se desarrolló por casualidad. Su historia demuestra que, cuando el Estado
reconoce las condiciones especiales del territorio y la iniciativa empresarial encuentra reglas
claras para invertir, la región responde con crecimiento, empleo y oportunidades.

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Durante décadas, instrumentos como la Zona Franca, la Ley Navarino, la Ley Tierra del Fuego,
la Ley Austral y las bonificaciones a la contratación o a la inversión permitieron compensar el
aislamiento, reducir desventajas estructurales y sostener actividad económica en una de las zonas
más australes del mundo. No fueron privilegios. Fueron herramientas de desarrollo regional.

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Gracias a esas normas especiales, junto al esfuerzo de emprendedores, trabajadores, empresas
locales y familias magallánicas, la región pudo consolidar comercio, servicios, actividades
productivas, inversión y poblamiento en territorios estratégicos. Ese aporte histórico debe ser
reconocido y defendido con claridad.

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Pero defender lo que ha servido no significa dejarlo inmóvil para siempre.

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Las regiones cambian. La economía cambia. Las necesidades de las familias también. Lo que fue
una respuesta adecuada hace treinta o cuarenta años puede seguir siendo necesario, pero
requerir una actualización para responder mejor a los desafíos actuales.

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Por eso, la discusión no debe plantearse como una amenaza de eliminación de beneficios. La
palabra correcta no es recorte. La palabra correcta es modernización. Revisar no para quitar, sino
para fortalecer, focalizar y proyectar las leyes especiales hacia los próximos treinta años.

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Magallanes sigue necesitando un trato diferenciado. La distancia, el clima, los costos logísticos,
la menor escala de mercado y la lejanía respecto de los centros de decisión no han desaparecido.
Al contrario, siguen condicionando la vida diaria de las familias y la competitividad de quienes
emprenden o invierten en la región.

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Sin embargo, la nueva etapa exige agregar una prioridad que antes no siempre estuvo
suficientemente presente: proteger a la clase media y enfrentar el deterioro demográfico de la
región.

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Hoy muchas familias magallánicas enfrentan un costo de vida elevado, dificultades crecientes
para acceder a la vivienda, menor capacidad de ahorro y una incertidumbre cada vez mayor
​respecto del futuro. 

Al mismo tiempo, la región debe enfrentar baja natalidad, envejecimiento
poblacional y dificultades para retener a los jóvenes. Sin familias que puedan proyectarse, no hay
desarrollo regional sostenible.

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Una política de excepción moderna no puede limitarse a atraer empresas o compensar costos.
Debe preguntarse también si ayuda a que más jóvenes se queden, si facilita formar una familia, si
mejora el acceso a vivienda, si genera empleos formales y si fortalece a la clase media que sostiene
buena parte del esfuerzo regional.

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Este punto es especialmente relevante en Magallanes, donde en varias provincias la presencia
del Estado es determinante para sostener empleo, servicios y actividad. Esa realidad no debe ser
ignorada, pero tampoco puede transformarse en resignación. La región necesita un Estado fuerte
y presente, pero también una economía privada más dinámica, con más inversión, más
emprendimiento, más innovación y más empleo productivo.

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El desafío no es reemplazar al Estado ni debilitar las políticas públicas. El desafío es evitar que
la región dependa excesivamente del Estado como principal motor de oportunidades. Las normas
especiales deben ayudar precisamente a ampliar la base productiva, atraer inversión privada,
diversificar la economía y crear condiciones para que las familias puedan vivir mejor sin
depender siempre de una decisión tomada en Santiago.

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Desde una mirada de gobierno, esa debe ser la agenda responsable: defender el régimen
especial de Magallanes, pero modernizarlo para que produzca más resultados concretos.
Una agenda de modernización debería considerar al menos cinco líneas de trabajo.

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Primero, evaluar el impacto real de cada instrumento. No basta con saber cuánto cuesta un
beneficio; hay que medir cuánto empleo genera, cuánta inversión atrae, cuántos proveedores
regionales incorpora, cuánto aporta a la permanencia de población y qué efecto tiene sobre la
calidad de vida.

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Segundo, focalizar mejor los incentivos. Las normas especiales deben reconocer con más fuerza
a quienes crean empleo local, forman trabajadores magallánicos, compran a proveedores
regionales, invierten en innovación, agregan valor productivo y permanecen efectivamente en el
territorio.

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Tercero, incorporar explícitamente a la clase media y a las familias jóvenes. Una región extrema
necesita instrumentos que faciliten el acceso a vivienda, apoyen el empleo formal, reduzcan
barreras al emprendimiento, fortalezcan la capacitación y consideren el mayor costo de criar hijos
en el extremo sur.

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Cuarto, conectar los beneficios con los sectores estratégicos actuales y futuros: salmonicultura,
turismo, pesca, ganadería, comercio, energía, hidrógeno verde, logística austral, ciencia antártica y
servicios especializados. Magallanes no puede depender de normas antiguas para enfrentar
industrias nuevas.

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Quinto, asegurar estabilidad y participación regional. Modernizar no puede significar
incertidumbre. Cualquier cambio debe ser gradual, transparente y construido escuchando al
​Gobierno Regional, municipios, parlamentarios, gremios, trabajadores, universidades,
emprendedores y organizaciones sociales.

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La eficiencia del Estado no consiste en tratar igual realidades distintas. Consiste en diseñar
políticas que produzcan resultados donde realmente se necesitan. Y Magallanes necesita
instrumentos distintos porque su realidad es distinta.

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No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir coherencia territorial. Si Chile reconoce la
importancia estratégica del extremo sur, su proyección antártica, su valor energético, su rol
logístico y su aporte a la soberanía nacional, entonces debe contar con herramientas modernas
para sostener población, inversión, familias y desarrollo.

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Las normas especiales fueron claves para construir la región que tenemos. Ahora deben
ayudarnos a construir la región que necesitamos: una Magallanes más conectada, más productiva,
más innovadora, con más empleo privado, más clase media, más jóvenes y más familias que
puedan proyectar su futuro aquí.

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Por eso, el camino no es renunciar a las leyes especiales ni defenderlas sin evaluación. El
camino es modernizarlas para que sigan sirviendo a Magallanes y a Chile. Revisar para fortalecer.
Focalizar para que lleguen mejor. Actualizar para que respondan al presente. Y proyectar para
que sean una herramienta real de futuro.

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Porque desarrollar Magallanes no es solo una tarea regional. Es una decisión estratégica para
Chile.