COLUMNA DE OPINIÓN | UN ESTADO EFICIENTE REQUIERE UNA POLÍTICA RESPONSABLE

Durante las últimas semanas se ha instalado con fuerza el debate sobre la necesidad de reorganizar el Estado: fusionar ministerios, eliminar duplicidades y simplificar estructuras administrativas que, con el tiempo, han ido creciendo sin que ello se traduzca necesariamente en mejores resultados para la ciudadanía.

La discusión es legítima y necesaria. Chile enfrenta desafíos económicos, sociales y de seguridad en un contexto de estrechez fiscal que obliga a utilizar cada peso público con responsabilidad. Por eso, resulta razonable preguntarse si la actual estructura estatal responde efectivamente a las necesidades del país o si existen espacios evidentes para modernizarla.

Durante décadas se asumió que crear nuevas instituciones era sinónimo de progreso. Sin embargo, la experiencia demuestra que más ministerios, más servicios y más burocracia no garantizan una mejor gestión. Lo que realmente importa no es el tamaño del Estado, sino su capacidad para entregar soluciones oportunas, concretas y de calidad.

Cuando distintas reparticiones cumplen funciones similares, cuando los procesos se duplican o cuando los trámites consumen más recursos que los beneficios que generan, corresponde revisar la estructura existente. Modernizar no significa debilitar al Estado; significa hacerlo más eficaz, más ágil y más cercano a los ciudadanos.

Pero hay un aspecto que suele quedar fuera de este debate y que resulta igualmente urgente: la modernización del sistema político.

Mientras se discute cómo hacer más eficiente al Estado, la política chilena enfrenta una fragmentación cada vez más evidente. La proliferación de partidos y movimientos con baja representación ha dificultado la construcción de mayorías estables, debilitando la gobernabilidad y haciendo más complejo avanzar en reformas importantes.

El resultado está a la vista: proyectos que se retrasan, gobiernos que enfrentan mayores obstáculos para implementar sus programas y una ciudadanía que observa una política muchas veces más concentrada en sus disputas internas que en resolver los problemas reales del país.

La diversidad de opiniones es una fortaleza democrática. Pero cuando la fragmentación impide alcanzar acuerdos básicos, la democracia pierde capacidad de respuesta. Por ello, Chile debe abrir una discusión seria sobre mecanismos que fortalezcan los partidos políticos, incentiven la responsabilidad institucional, reduzcan la atomización y favorezcan mayorías más estables.

La eficiencia del Estado y la responsabilidad de la política son dos caras de una misma moneda. Un aparato público moderno difícilmente podrá cumplir bien su función si el sistema político permanece bloqueado. Del mismo modo, una política más ordenada tendrá dificultades para responder a las demandas ciudadanas si debe operar sobre una estructura estatal excesivamente compleja y burocrática.

Chile necesita recuperar la capacidad de ejecutar, decidir y avanzar. Para lograrlo se requiere un Estado moderno, pero también una institucionalidad política capaz de construir acuerdos, sostenerlos en el tiempo y proyectar soluciones de largo plazo.

La confianza ciudadana no se recuperará creando más estructuras ni multiplicando organismos. Se recuperará cuando las instituciones demuestren eficacia, responsabilidad y capacidad real para responder a las necesidades de las personas.

La modernización que Chile necesita no es solamente administrativa. También es política.

La conclusión es clara: un Estado eficiente requiere una política responsable, ordenada y capaz de tomar decisiones.