10 de junio de 2026
CONTADOR ADOLFO CANALES ANALIZA EMBARGOS DEL TGR, OPERACIÓN RENTA 2026 Y SECRETO BANCARIO: “SE REQUIERE UNA MIRADA MÁS HUMANA Y EFICIENTE”
Buenos días región.
Durante una conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el contador Adolfo Canales Guentelican abordó diversos temas de contingencia tributaria y financiera, entre ellos el balance de la Operación Renta 2026, los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República y el debate nacional sobre el levantamiento del secreto bancario.
Respecto al proceso de Operación Renta recientemente concluido, Canales sostuvo que, si bien la mayoría de las devoluciones fueron pagadas correctamente, aún existen contribuyentes que mantienen montos retenidos sin una explicación clara. En ese contexto, llamó a las pequeñas y medianas empresas a mantener la confianza en sus asesores contables y esperar los procesos de revisión que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII).
“El llamado es a tener paciencia cuando las declaraciones están correctamente realizadas. Muchas veces estos casos terminan resolviéndose mediante reprocesos automáticos”, explicó.
El profesional también criticó las dificultades que, a su juicio, continúan presentando las plataformas informáticas del SII, planteando la necesidad de una modernización profunda de los sistemas tecnológicos utilizados por el organismo. Según indicó, una actualización de esta magnitud requeriría voluntad política, recursos significativos y una planificación de largo plazo.
Otro de los temas que concentró la conversación fue el aumento de los embargos realizados por la Tesorería General de la República, especialmente en casos relacionados con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otras obligaciones fiscales.
Canales señaló que la legislación vigente permite a la Tesorería embargar cuentas corrientes y cuentas de ahorro para cobrar deudas impagas con el Estado, aunque reconoció que la aplicación de estas medidas ha generado preocupación entre los afectados.
A su juicio, el principal desafío es evitar que estos procedimientos terminen afectando remuneraciones y pensiones que, por ley, cuentan con protección especial.
“Es necesario generar mecanismos que permitan distinguir previamente cuándo los recursos depositados corresponden a sueldos o pensiones, para evitar que las personas queden sin ingresos mientras resuelven su situación”, sostuvo.
En esa línea, planteó que corresponde al mundo político avanzar en modificaciones legales que permitan compatibilizar el cobro de las deudas con una protección efectiva de los recursos destinados a la subsistencia de las familias.
Finalmente, el contador se refirió al debate sobre el levantamiento del secreto bancario, materia que recientemente volvió a instalarse en la agenda pública tras la discusión de iniciativas orientadas a fortalecer la persecución del crimen organizado y el lavado de activos.
Canales manifestó su respaldo a medidas que permitan investigar movimientos financieros vinculados a delitos graves, especialmente aquellos relacionados con organizaciones criminales y operaciones de gran magnitud. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio debe aplicarse con criterios claros y diferenciados.
“El foco debe estar en quienes mueven grandes sumas de dinero sin poder justificar su origen y en las redes vinculadas al crimen organizado, evitando afectar injustamente a pequeños emprendedores o contribuyentes de menores ingresos”, afirmó.
Durante la entrevista, el profesional insistió en la importancia de fortalecer la educación financiera y tributaria de la ciudadanía, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante información clara y asesoría especializada.
Antes de finalizar su participación, Canales también anunció avances en la conformación de un centro de exalumnos del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas, iniciativa que busca reunir a distintas generaciones de egresados en el marco de los próximos 90 años de la institución y desarrollar acciones de apoyo en beneficio de la comunidad educativa.
Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.
Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.
