20 de octubre de 2026
LOCATARIOS DEL TERMINAL MINA LORETO REÚNEN MÁS DE 420 FIRMAS PARA EXIGIR MAYOR SEGURIDAD
Buenos días región

La preocupación por las condiciones de seguridad en el terminal de buses Mina Loreto, ubicado en el sector céntrico de Punta Arenas, fue abordada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde el abogado y representante legal de Transportes Axac, Cristián Gómez, expuso las inquietudes de los locatarios y llamó a las autoridades a implementar medidas preventivas en el lugar.
Durante la entrevista, el representante señaló que la situación se arrastra desde hace tiempo y que la falta de respuestas satisfactorias motivó a los comerciantes a organizarse y reunir más de 420 firmas, con el objetivo de visibilizar la problemática y solicitar una intervención de los organismos responsables de la seguridad pública.
Según explicó Gómez, por el terminal transitan diariamente alrededor de 600 personas que se desplazan hacia distintos sectores urbanos, periurbanos y rurales de Punta Arenas. Entre ellas se encuentran trabajadores, familias, estudiantes y pasajeros que utilizan este espacio como punto de conexión para llegar a sus destinos.
“Hay una preocupación constante por parte de los locatarios, por parte de los transeúntes, por parte de los pasajeros que habitualmente transitan por el sector. Estamos hablando de un porcentaje considerable de personas que transitan por ahí. Estamos hablando de 600 personas a lo menos diariamente que se dirigen a diferentes sectores de nuestra ciudad de Punta Arenas, sectores urbanos, periurbanos y sectores rurales”, sostuvo.
El abogado enfatizó que la preocupación no se limita a quienes trabajan o esperan locomoción en el terminal, sino que también alcanza a quienes circulan por sus alrededores, especialmente niños, estudiantes y adultos mayores.
Agresiones, riñas y consumo de alcohol y drogas
Entre los hechos que generan inquietud, Gómez mencionó situaciones de consumo de alcohol y drogas en la vía pública, personas que permanecen en estado de ebriedad en el sector, discusiones, riñas y malos tratos verbales hacia locatarios y conductores.
También relató antecedentes de agresiones físicas y denuncias que, según indicó, han sido transmitidas por personas que frecuentan el terminal.
Como ejemplo, mencionó el caso de un locatario adulto mayor que habría sufrido lesiones leves luego de ser agredido. De acuerdo con su relato, durante el incidente le quebraron sus lentes ópticos y recibió golpes de puño en el rostro. Gómez señaló que esta situación se encuentra en conocimiento de los tribunales de garantía de Punta Arenas.
Asimismo, afirmó que, en conversaciones con estudiantes que utilizan habitualmente el terminal, ha recibido relatos sobre hechos de violencia y situaciones de acoso sexual que afectarían a jóvenes del sector.
Estas situaciones, señaló, incrementan la preocupación de las familias que utilizan el transporte público y rural, particularmente cuando los estudiantes deben desplazarse hacia sus establecimientos educacionales o regresar a sus hogares.
“Es un foco realmente de gravedad que hoy día vive el terminal Mina Loreto y estamos hablando que es el único terminal municipal que existe en la ciudad de Punta Arenas, el único terminal de carácter público. Los otros terminales que existen en la ciudad son todos privados, entonces es muy alto el flujo de pasajeros y necesitamos con urgencia seguridad para los locatarios, para los conductores y principalmente para las familias que transitan a diario a sus hogares o a sus trabajos o lugares de establecimientos educacionales”, afirmó.
Locatarios denuncian sensación de abandono
Durante la conversación, el representante de Transportes Axac sostuvo que existe una percepción de abandono entre los comerciantes del terminal, quienes, según explicó, consideran insuficiente la presencia de los organismos encargados de la seguridad en los horarios de mayor actividad.
Gómez reconoció el trabajo que realiza Carabineros de Chile, señalando que sus funcionarios deben responder a distintas necesidades de seguridad en la ciudad y cuentan con recursos limitados. Sin embargo, indicó que los controles de identidad y otras intervenciones puntuales no permiten mantener una vigilancia constante en el sector.
En ese contexto, cuestionó la falta de una presencia preventiva más visible por parte de Seguridad Pública municipal.
“Carabineros de Chile, yo siempre los voy a defender porque ellos hacen lo que pueden con sus recursos limitados. Ellos constantemente van a hacer control de identidad, por ejemplo, pero son momentos esporádicos, transitorios. Porque claro, uno entiende que Carabineros tiene otros sectores más dentro de la ciudad y quizá dentro del perímetro que tener que abarcar, pero nosotros nos sentimos abandonados principalmente por la municipalidad, en específico por Seguridad Pública”, manifestó.
El abogado planteó que la necesidad de mayor presencia municipal no se relaciona únicamente con la fiscalización del tránsito, sino con el desarrollo de acciones preventivas que permitan reducir los conflictos y entregar mayor tranquilidad a quienes trabajan y circulan por el terminal.
“Nosotros estamos solicitando, la verdad de las cosas, que se hagan presentes, que se apersonen en el sector y que hagan, por ejemplo, una presencia para que las personas en situación de calle, las personas que consumen alcohol y droga, que esto es permanente, es a diario, se inhiban de poder llevar a efecto estas actividades que lamentablemente lo único que hacen es perjudicar lo que es la seguridad pública”, expresó.
Solicitan presencia preventiva durante las tardes
Uno de los principales planteamientos expuestos durante la entrevista fue la necesidad de contar con personal de Seguridad Pública municipal en los horarios que los locatarios identifican como más complejos.
Gómez sostuvo que la presencia de funcionarios podría contribuir a disuadir conductas que afectan la convivencia y, cuando corresponda, facilitar la coordinación con Carabineros ante situaciones que requieran una intervención policial.
Como referencia, propuso reforzar la vigilancia durante las tardes y primeras horas de la noche, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, periodo que identificó como uno de los más preocupantes debido a la disminución de la luz natural y a la ocurrencia de conflictos en el sector.
“Yo lo que solicito en el fondo con los locatarios es que no tengamos que lamentar ningún hecho más grave de lo que están sucediendo, que prevengamos cualquier acción en un futuro. Yo creo que esa es la función que debieran tomar las autoridades”, señaló.
El representante también planteó que el trabajo preventivo debería considerar el contacto directo con los comerciantes, de manera que los funcionarios conozcan las situaciones que enfrentan cotidianamente y puedan responder de forma coordinada ante eventuales incidentes.
En su opinión, incluso una presencia acotada en los horarios de mayor riesgo podría contribuir a mejorar la percepción de seguridad y reducir las oportunidades para que se produzcan agresiones o enfrentamientos.
Más de 420 firmas para solicitar medidas
La recolección de firmas fue presentada como una de las principales acciones emprendidas por los locatarios para dar a conocer sus demandas y solicitar una respuesta institucional.
Según Gómez, la iniciativa surgió después de múltiples conversaciones con comerciantes que manifestaban cansancio frente a las situaciones que, según denuncian, se repiten en el terminal y sus inmediaciones.
El abogado explicó que los locatarios han recurrido a correos electrónicos y llamados telefónicos para comunicar incidentes a Seguridad Pública, aunque cuestionó los tiempos de respuesta que, según su experiencia y la de los afectados, en ocasiones se producirían cuando los hechos ya han ocurrido.
“¿Qué es lo que pasa? Y es lógico, quizás que pase aquello, que cuando lo llaman y la reacción es tardía, es lógico también que la reacción sea tardía. En el fondo siempre se espera una respuesta a un hecho delictivo. Estamos hablando de que las personas o las instituciones están llegando con un retraso de media hora, muchas veces, ya cuando ya sucedió”, sostuvo.
Respecto de las firmas reunidas, agregó que la intención es que la problemática sea conocida públicamente y que las autoridades adopten medidas concretas.
“Lo que molesta es que tengamos que llegar nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, tener que llegar a esta instancia de recolectar firmas, de unirnos entre todos para que esto salga a la luz pública y para que la autoridad tome cartas en el asunto porque es de conocimiento público”, manifestó.
La solicitud busca, de acuerdo con lo expuesto por el representante, que la seguridad del terminal sea abordada como una necesidad permanente y no solamente mediante intervenciones puntuales posteriores a la ocurrencia de hechos conflictivos.
Preocupación por niños, familias y adultos mayores
Gómez indicó que gran parte de los locatarios serían adultos mayores que desarrollan sus actividades comerciales diariamente para generar ingresos y mantener sus hogares. Por ello, consideró especialmente preocupante que deban trabajar en un entorno donde, según denuncian, se producen situaciones de violencia e inseguridad.
El abogado también puso énfasis en el impacto que estos hechos pueden tener sobre las familias que transitan por el lugar.
A su juicio, la presencia de personas consumiendo alcohol en la vía pública, los insultos y las agresiones constituyen situaciones que afectan tanto la tranquilidad de los pasajeros como la experiencia de quienes visitan la ciudad.
Sobre este último punto, indicó que ha observado turistas que presencian situaciones incómodas en el sector, aunque precisó que no ha visto directamente hechos en que estos hayan sido víctimas de agresiones.
“Pero a mí lo que me llama más la atención y quizás lo que molesta aún más es ver, más que el turista, quizás que es importante, por supuesto, es ver cómo los niños con sus madres, con sus padres pasan delante de una persona que se encuentra tirada en el suelo. Visualmente es chocante. Es muy chocante que un niño de 4 o 5 años vea a una persona porque se asusta”, relató.
El representante insistió en que las medidas preventivas deben priorizar a las personas que utilizan diariamente el terminal para desplazarse hacia sus hogares, trabajos y establecimientos educacionales.
Cuestionan falta de cámaras de seguridad en el terminal
Otro de los puntos abordados fue la disponibilidad de cámaras de seguridad en el sector. De acuerdo con lo que Gómez señaló haber recogido de las conversaciones con los locatarios, el interior del terminal no contaría con cámaras de vigilancia operativas destinadas a registrar los hechos que pudieran ocurrir.
El abogado indicó que tendría conocimiento de una cámara municipal orientada hacia calle Chiloé, pero sostuvo que no existiría cobertura suficiente en el acceso y el perímetro inmediato del terminal.
Además, aseguró que uno de los dispositivos instalados por los propios comerciantes sería una cámara falsa, colocada con la intención de disuadir eventuales conductas conflictivas.
“Entonces, que lleguemos a estas instancias es muy grave, que tengamos que normalizar estos hechos es muy grave. Yo lo que solicito en el fondo con los locatarios es que no tengamos que lamentar ningún hecho más grave de lo que están sucediendo, que prevengamos cualquier acción en un futuro”, afirmó.
La instalación de cámaras, junto con una mayor presencia preventiva, fue planteada como una medida que podría contribuir tanto a la disuasión como al registro de antecedentes para eventuales investigaciones.
Llamado a Seguridad Pública municipal y a las autoridades regionales
En la parte final de la entrevista, Gómez hizo un llamado directo al director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sangüesa, para que se acerque al terminal, conozca la situación expuesta por los locatarios y evalúe medidas de prevención en coordinación con los organismos competentes.
También pidió que el seremi de Seguridad Pública y los concejales contribuyan a visibilizar la problemática y a promover un trabajo conjunto con la municipalidad y Carabineros.
El representante sostuvo que la seguridad del terminal debe formar parte de las prioridades locales debido a la cantidad de personas que circulan por el sector y a su importancia para la conectividad de Punta Arenas.
“Entonces, desde mi punto de vista, el creo que hay una percepción de abandono, concejales, ninguno, ninguno, ninguno. Entonces, se habla mucho de la seguridad, claro, de las personas que vienen traídas, reos desde otros puntos del país hacia nuestra ciudad. ¿Pero qué pasa con la seguridad interna? ¿Qué pasa con nuestras personas, con nuestras vecinas y vecinos? Tenemos que partir por la cabeza y después por los pies. Cuidemos principalmente a las personas que transitan diariamente por las arterias fundamentales de nuestra ciudad. A nuestras familias”, señaló.
Finalmente, reiteró que la presentación de las firmas busca abrir una instancia de diálogo y obtener respuestas que permitan abordar las situaciones denunciadas por los comerciantes.
“Masificarlo lo más posible para que ojalá tenga una pronta solución para las personas que transitan principalmente todos los días por este terminal de buses”, concluyó.
La situación planteada por los locatarios pone el foco en la necesidad de abordar las condiciones de seguridad en uno de los puntos de conexión del transporte público de Punta Arenas, mediante acciones preventivas, coordinación institucional y seguimiento de las denuncias expuestas por quienes trabajan y transitan habitualmente por el lugar.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

























































































































































