El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió durante esta jornada al inicio de la investigación de las cuestionadas pensiones de gracia que fueron otorgadas a personas afectadas durante el estallido social y señaló que la situación podría revestir delitos de «fraude de subvenciones» o «prevaricación administrativa».

Mediante conversación con Mesa Central de Canal 13, el jefe del ente persecutor señaló que «en cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales, cada vez que hay información en la prensa que da cuenta de un hecho que reviste interés, por razones de prudencia y de buena gestión, suelo requerir informe a las unidades especializadas de la Fiscalía para que manifiesten desde el punto de vista técnico si hay justificación o no para abrir una investigación».

En esa línea, Valencia informó que dicho informe fue solicitado a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y que dicho departamento «reportó que -efectivamente- había méritos para iniciar de oficio una investigación, porque había antecedentes de hechos que podían revestir caracteres de delito».

De esta manera, el fiscal nacional planteó que «podría haber también, por ejemplo, fraude de subvenciones, es decir, (en el caso de) personas que entregaron información falsa con el objeto de poder acceder a una de esas pensiones, podría haber alguna prevaricación administrativa».

Sin embargo, Valencia insistió «hasta la majadería, que puede haber una situación ilegal y eso no necesariamente constituye un delito», ya que, «en definitiva, son todas hipótesis iniciales, que en la medida en que se vayan esclareciendo los hechos podrá establecerse en primer lugar si se cometió un delito o no».

«Hay irregularidades de distinta naturaleza y de distinta gravedad. Lo que a nosotros nos corresponde establecer es si dentro de los hechos que efectivamente ocurrieron se cometieron delitos. (Pero) es perfectamente posible que alguien no tenga antecedentes penales y que haya intentado engañar al Gobierno para obtener una pensión de gracia», recalcó el jefe del Ministerio Público.

Por otra parte, Valencia no quiso entregar más detalles respecto a los focos de la mencionada indagatoria, pero aclaró que «los informes pueden centrarse más en el actuar de los funcionarios públicos, más que los beneficiarios. En algún momento probablemente, si (es que) hay merito, es posible que se dirija hacia los beneficiarios».

Asimismo, sobre el otorgamiento del beneficio a personas con antecedentes penales, Valencia declinó emitir un juicio de valor sobre dicho tema, sin embargo, indicó «hay algunas personas que tienen condenas previas, pero otras que no tienen esa calidad».

«La investigación tendrá que establecer finalmente qué tipo de irregularidades se cometieron, aunque al parecer según la Contraloría ya se habría establecido algún tipo de ilegalidad», sentenció.

LAS PENSIONES QUE YA FUERON REVOCADAS

En el mismo programa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que hay 25 pensiones que ya se encuentran sin efecto y que no es verdad que no se haya respondido el oficio del INDH.

Además, aseguró que se velará porque de aquí en adelante, cuando se entreguen pensiones de gracia por parte de este u otros gobiernos, se tenga a la vista antecedentes penales, que es lo que no pasó con la asignación hecha por esta administración ni la anterior.

SITUACIÓN JUDICIAL DE CATHY BARRIGA

El fiscal nacional también abordó la situación judicial que vive la exalcaldesa Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario tras ser formalizada por fraude al fisco, luego de que la Corte de Apelaciones decidió mantener dicha medida cautelar.

Es «una decisión preliminar», afirmó Valencia respecto a que si el Ministerio Público consideró que dicha determinación fue una derrota, ya que el ente persecutor pedía la medida de prisión preventiva para Barriga.

«La prisión preventiva es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin en este caso, el trabajo de los fiscales es esclarecer los hechos, que es algo que ocurrió, ejercer la acción penal y si alguien cometió un delito, solicitar a los tribunales y acompañar las pruebas necesarias para que a esa persona se le condene», señaló al respecto.

Sobre el actuar de la exposición de Fiscalía durante la mencionada formalización, el fiscal nacional enfatizó que «todo se puede hacer mejor (…) pero las fiscales actuaron de buena fe, con profesionalismo y objetividad. Un procedimiento oral y público permite que la comunidad haya podido ver el desempeño de las fiscales en vivo y conocer los argumentos de la Fiscalía».

«Siempre todo se puede hacer un poco mejor, pero estamos familiarizados con la posibilidad de que durante el procedimiento haya audiencias en las cuales hacemos una petición y el tribunal no la conceda», sentenció Valencia.

Fuente: cooperativa.cl