La Comisión de Minería y Energía también abordó la investigación que realiza el Ministerio Público por tráfico de influencias en el Ministerio de Energía en el marco de la tramitación de la ley de estabilización de los precios de la electricidad.

Una primera mirada dio la Comisión de Minería y Energía, al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad.

El mensaje que luego deberá ser revisado también por la Comisión de Hacienda, busca descongestionar las líneas de transmisión eléctrica facilitando que las generadoras puedan operar. ¿Cómo? Mejorando la institucionalidad, agilizando las obras de infraestructura, dando los primeros pasos para la licitación del proceso de almacenamiento a gran escala y estableciendo cambios en los ingresos tarifarios.

El ministro de Energía, Diego Pardow detalló la propuesta en primer trámite a los senadores de la instancia, quienes consultaron cómo esta norma se traduce en mejoras para las generadoras y los consumidores.

Ante ello, el secretario de Estado explicó que “en el corto plazo (2023-6), las compañías de ERNC podrán obtener ingresos por rentas por congestión, en el mediano (2026-30) se verán cambios producto de la puesta en marcha del Sistema de Almacenamiento de Energía a Gran Escala, y en el largo plazo (2030-35) veremos cómo el sistema se descongestiona totalmente con la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre”.

FINANZAS EN ROJO

subir

En la misma línea, en la primera parte de la sesión, los senadores recibieron al presidente de ACERA, Jaime Toledo en representación de las empresas Pelicano Solar Company; Mainstream Renewable Power; EDF Renewables; Acciona Energía; Ibereólica, y Clean Capital Energy.

Todas las compañías de generación de energía renovable plantearon los problemas financieros a los que deben hacer frente, los que desde el 2021 se han visto acentuados generando el cese de obras y el cierre de proyectos.

Aseguraron que “la legislación data de 1982, por lo que no contemplaba este tipo de energías. Lo que generamos se paga a costo cero, no se ha construido la infraestructura necesaria para transportar la energía y ello implica botar gran parte de ella. Lo que se desperdicia es igual al consumo eléctrico de 600 mil hogares en el 2022”.

A modo de solución plantearon pagar las ERNC reasignando a las compañías ingresos tarifarios extraordinarios fruto de la congestión de la transmisión, lo que va en la línea del proyecto presentado por el Ejecutivo.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

subir

En otro tema, los senadores de la instancia hicieron ver al ministro su molestia al enterarse por la prensa, que el Ministerio Público se encuentra investigando al Ministerio de Energía por posible tráfico de influencias en el marco de la tramitación de la ley de estabilización de precios de la electricidad del 2022. La indagatoria apunta a establecer la relación que tendría el ex ministro Claudio Huepe y su jefa de gabinete con las empresas eléctricas.

La autoridad reconoció que “entiendo la frustración que genera en los senadores que no le hayamos hecho saber aquello en su momento”. De hecho los congresistas le hicieron ver que hace más de seis meses el organismo sabía del caso, por lo que Pardow relató que en septiembre pasado debieron responder un oficio de la PDI.

“No tengo más antecedentes respecto a la investigación. Esto fue un oficio que fue contestado hace seis u ocho meses atrás, entregando los antecedentes correspondientes, sin perjuicio de que entiendo la frustración que señalan y no volverá a ocurrir”, insistió.

En forma transversal, los senadores Luz Ebensperger, Jaime Quintana, José Miguel Durana, Rafael Prohens y Juan Luis Castro González acordaron oficiar al ministerio para contar con mayores antecedentes dado que calificaron la respuesta de Pardow como “una simplificación máxima de los hechos”.