18 de noviembre de 2026
CORE RODOLFO ARECHETA APUNTA A IRREGULARIDADES EN PUERTO EDÉN Y ADVIERTE SOBRE DENUNCIAS EN SERVICIO MEJOR NIÑEZ EN PUNTA ARENAS
Buenos días región

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Bareta, abordó una serie de cuestionamientos a la gestión de autoridades y servicios públicos de la región, durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Entre los principales temas tratados estuvieron las irregularidades detectadas en el proyecto de Puerto Edén, el desarrollo de los sumarios administrativos al interior del Gobierno Regional, la situación de Mejor Niñez y el debate en torno al modelo de concesión de Zona Franca.
Durante la conversación, Arecheta se refirió inicialmente a la interpelación realizada al gobernador regional Jorge Flies, instancia que calificó como un ejercicio republicano y que, a su juicio, permitió poner sobre la mesa antecedentes relevantes contenidos en un informe de auditoría interna elaborado por funcionarios del propio Gobierno Regional.
El consejero recordó que fue él quien solicitó esta instancia, aunque destacó que la iniciativa contó con el respaldo unánime del Consejo Regional. Asimismo, valoró que el gobernador aceptara responder las consultas formuladas por los consejeros, pese a mantener diferencias con las explicaciones entregadas.
“Primero, si bien yo solicité esta interpelación, hay que decir que fue aprobada creo que por unanimidad por todos los consejeros. Yo tengo diferencia muchas veces con los consejeros, pero hay que ser muy justo cuando las cosas se hacen bien”, señaló.
En relación con el informe de auditoría interna, que según indicó tiene cerca de 200 páginas, Arecheta mencionó una serie de situaciones que consideró especialmente graves en la ejecución de proyectos destinados a la construcción de pasarelas en Puerto Edén.
Entre los antecedentes expuestos mencionó licitaciones en las que habrían participado empresas vinculadas a familiares de funcionarios, particularmente el caso de Forestal Los Robles. Según explicó, el informe habría constatado que la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para adjudicarse una licitación y que el proceso permaneció abierto durante apenas tres o cuatro días.
“Licitaciones donde participan familiares de funcionarios. Me refiero a Forestal Los Robles, que el asesor jurídico visó varios de los actos administrativos que permitieron esta licitación. Licitación que según constató el informe auditoría interna, esta empresa no cumplía con los requisitos para adjudicarse esta licitación”, afirmó.
También cuestionó el estado de la madera adquirida para las obras, señalando que parte de los materiales habría quedado abandonada y deteriorándose junto al mar, mientras que otros no cumplirían con las dimensiones exigidas o corresponderían a madera de rechazo.
A esto sumó observaciones sobre la compra de herramientas, asegurando que determinados elementos habrían sido adquiridos directamente por el Gobierno Regional y posteriormente incluidos nuevamente en los pagos efectuados a los ejecutores de los proyectos.
El consejero agregó que también existirían antecedentes relacionados con el uso de madera nativa sin la certificación correspondiente, situación que, a su juicio, requiere una investigación para determinar si podría existir algún ilícito asociado al tráfico ilegal de madera o tala de bosque nativo.
Cuestionamientos por sumarios administrativos y eventuales responsabilidades
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el desarrollo de los sumarios administrativos al interior del Gobierno Regional. Arecheta sostuvo que existe un problema estructural en el funcionamiento de estos procedimientos, debido a que, generalmente, son las propias autoridades de los servicios las encargadas de instruirlos y determinar sus ritmos.
En ese sentido, acusó que algunos procesos permanecerían paralizados y cuestionó que funcionarios eventualmente vinculados a irregularidades continúen desempeñando sus funciones.
“Lo que yo he visto en el gobierno regional es un defecto que tiene nuestro sistema, es que son las mismas autoridades del gobierno regional o de cualquier servicio las que están encargadas de conducir y liderar los sumarios administrativos. Y ahí lo que yo he visto en este gobierno regional es que se meten al congelador, porque hay personas que son cercanas al gobernador”, sostuvo.
Como ejemplo, recordó las investigaciones relacionadas con el uso irregular de licencias médicas en el sector público, mencionando una publicación de julio de 2025 en la que el Gobierno Regional esperaba resultados de los sumarios correspondientes. A partir de ello, cuestionó que, transcurrido más de un año, todavía no existieran resultados conocidos en los términos que se habían anunciado.
También hizo referencia a los antecedentes relacionados con el funcionario Loaiza, a quien vinculó con la visación de documentos que involucraban a familiares en el proceso de adjudicación de la madera para Puerto Edén. Sobre este punto, indicó que existen antecedentes derivados de pronunciamientos de Contraloría que fueron remitidos al Ministerio Público.
Arecheta cuestionó además la demora en la presentación de denuncias y sostuvo que el gobernador regional tiene la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan revestir carácter de delito.
Consultado sobre la posibilidad de que las investigaciones terminen sin sanciones, el consejero manifestó que todavía existe la oportunidad de corregir el rumbo y que espera impulsar nuevas acciones ante Contraloría.
“Yo creo que uno nunca es tarde para hacer lo correcto, eso es lo que pienso yo. Y el gobernador Flies tiene la posibilidad porque el jefe de servicios siempre es el que ordena estos sumarios”, señaló.
En esa línea, anunció que solicitará información detallada sobre todos los sumarios administrativos, incluyendo sus plazos de tramitación, con el objetivo de conocer cuántos permanecen pendientes y cuánto tiempo llevan en desarrollo.
“Yo sé que la jefa de unidad de control nos dé un listado de todos los sumarios, de cuántos se han demorado y ahí vamos a tener la respuesta. Eso lo vamos a hacer público”, indicó.
El consejero también manifestó su intención de revisar los antecedentes investigativos vinculados al caso, incluyendo registros telefónicos de dispositivos incautados, cuestionando declaraciones públicas que, según afirmó, no coincidirían con la información que se encontraría disponible.
Nuevas diligencias y preocupación por situación de Mejor Niñez
Durante la entrevista, Arecheta confirmó que continuará adelante con las acciones vinculadas a la investigación por el inmueble destinado al servicio Mejor Niñez, señalando que ya solicitó diligencias y que prepara nuevos requerimientos para complementar los antecedentes.
Sin embargo, uno de los aspectos que generó mayor preocupación en su relato fueron las denuncias que, según indicó, recibió de funcionarios de Mejor Niñez que no formarían parte de la plana directiva del servicio.
El consejero aseguró que sostuvo una reunión con trabajadores, quienes le habrían relatado graves deficiencias en las condiciones de infraestructura de una residencia, actualmente clausurada, incluyendo problemas sanitarios, presencia de roedores y falta de vías de evacuación.
En el mismo contexto, agregó que los funcionarios le habrían señalado que las dependencias tampoco contarían con condiciones mínimas para el desempeño de sus labores.
A partir de estos antecedentes, hizo un llamado a la Seremi de Desarrollo Social y Familia para que intervenga y se pronuncie sobre la situación, anunciando que solicitará una reunión con la autoridad regional.
Arecheta también dio cuenta de otro antecedente que, según precisó, todavía debe ser corroborado. Se trata de una información que recibió respecto de una alta funcionaria que presuntamente habría llevado a un niño a su domicilio particular.
El consejero fue enfático en señalar que no entregaría nombres ni daría por acreditado el hecho mientras no cuente con documentación que permita verificarlo.
El consejero agregó que las irregularidades y situaciones de vulneración que afectan a niños y adolescentes bajo protección del Estado requieren una respuesta urgente, indicando que los problemas denunciados no serían nuevos, pero que el nivel de desorden que le describieron los funcionarios le generó una profunda preocupación.
Evaluación crítica a las seremías y conducción política regional
En otro momento de la conversación, el consejero regional fue consultado por el desempeño de los equipos de Gobierno en Magallanes y las críticas que han surgido respecto de la conducción política de las distintas secretarías regionales ministeriales.
Arecheta manifestó que existen servicios cuyo trabajo considera positivo, mencionando especialmente las áreas de Vivienda, Educación y Cultura. También hizo referencia a los esfuerzos que se estarían realizando en materia ambiental, particularmente en relación con el relleno sanitario de Puerto Natales.
No obstante, sostuvo que, en términos generales, esperaba una gestión más decidida y con mayor capacidad de impulsar cambios en el funcionamiento de las instituciones.
“Lo que uno esperaba con este gobierno no es que venga a administrar lo que hay, porque lo que se lo eligió, porque lo que se está administrando no solamente con el gobierno de Gabriel Boric, si esto viene, la gente está buscando cambios”, afirmó.
En su análisis, planteó que parte de los problemas observados responde a deficiencias estructurales del sistema público, especialmente en materias como la permisología y los procedimientos administrativos, donde consideró que las propias instituciones terminan protegiendo sus prácticas y dificultando la aplicación de sanciones.
“Pero esa la promesa de este gobierno era subvertir, cambiar esas reglas de los juegos. Y yo lo veo muy acomodado con esas reglas de los juegos. Sí, ese es el problema”, sostuvo.
A su juicio, las autoridades deben estar dispuestas a tensionar la institucionalidad cuando sea necesario para corregir los problemas que afectan el funcionamiento del Estado.
Zona Franca: cuestionamientos a la concesión y respaldo a una auditoría externa
Finalmente, el consejero regional abordó la discusión sobre el modelo de concesión de Zona Franca de Punta Arenas y la controversia generada por el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de los planteamientos realizados por representantes del sector empresarial.
En particular, cuestionó las declaraciones del presidente FESIT, Christian García, señalando que, antes de formular críticas a las propuestas de revisión del modelo, debería entregar explicaciones por su participación anterior en la administración regional.
Arecheta recordó que García se desempeñó como seremi durante la administración en que Jorge Flies ejercía como intendente y sostuvo que en ese periodo se habría producido un perdonazo de obligaciones a la concesionaria de Zona Franca, pese a observaciones de Contraloría respecto de incumplimientos contractuales.
“Me llama mucho la atención la postura del señor Christian García, que viene acá como a pontificar cuando en realidad debería estar dando explicaciones, porque él pertenecía, era Seremi, cuando el señor Flies, cuando era intendente, le hizo un perdonazo, un verdadero perdonazo de miles de millones pesos a la concesionaria”, afirmó.
El consejero también rechazó que la discusión sobre una eventual modificación del modelo implique establecer un sistema de fijación de precios, asegurando que el debate apunta a revisar los costos asociados a la concesión y el cumplimiento de la finalidad pública de Zona Franca.
“Si a ti te bajan los costos que han subido con esta concesionaria, lo lógico y lo que dice la teoría económica cuando hay competencia es que tú al bajar permites competir por menores precios. No hay una fijación, si es una tontera, no sé de dónde lo sacó que alguien haya dicho eso”, expresó.
En esa línea, sostuvo que el debate de fondo debe centrarse en determinar si Zona Franca funciona principalmente como un negocio inmobiliario para la concesionaria o si cumple efectivamente los objetivos públicos establecidos en la legislación.
Respecto de la auditoría externa, Arecheta manifestó su respaldo a que se realice una revisión independiente, considerando que los antecedentes históricos y las observaciones efectuadas por Contraloría justifican examinar nuevamente el funcionamiento del sistema.
El consejero cuestionó que la propia concesionaria financie una auditoría sobre su gestión, argumentando que la independencia del proceso es fundamental para garantizar la credibilidad de sus resultados.
“Y sale la concesionaria diciendo no es que nosotros hacemos, pagamos nuestra propia auditoría, obvio, cómo va a salir esa auditoría, una auditoría pagada por uno mismo”, concluyó.
El Gobernador Flies, tras la firma, relevó que el memorándum “viene a concretar un trabajo que lleva más de un año, en el que hay un acercamiento entre países, a través de la Unión Europea”.









































































































































































