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20 de noviembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | EMPLEO PÚBLICO EN MAGALLANES: LA CONFIANZA LEGÍTIMA BAJO TENSIÓN

Por Pablo Bussenius Cornejo

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Se acerca el 30 de noviembre, fecha especialmente relevante para la renovación de las contratas en la Administración Pública. En Magallanes, donde el empleo estatal tiene una importancia fundamental para la economía regional y la prestación de servicios esenciales, esta fecha adquiere especial significado para cientos de funcionarios que, pese a llevar años desempeñando funciones permanentes, enfrentan nuevamente la incertidumbre sobre su continuidad laboral.

 

Según antecedentes del Censo 2024, la administración pública y defensa representa el 9,3% de la ocupación regional, prácticamente el doble del promedio nacional de 4,6%. En una región marcada por su aislamiento y dispersión territorial, el empleo público no solo constituye una importante fuente de trabajo, sino que resulta indispensable para garantizar derechos y asegurar la presencia del Estado.

 

Este año, además, el escenario resulta particularmente complejo. Durante 2026, la Corte Suprema ha dictado una serie de fallos que evidencian una interpretación progresivamente más restrictiva del principio de confianza legítima, que durante años permitió proteger a los funcionarios públicos frente a desvinculaciones arbitrarias.

 

¿Estamos presenciando el principio del fin de la confianza legítima en el empleo público?

 

La pregunta no parece exagerada, aunque sería prematuro responderla afirmativamente.

 

La confianza legítima reconoce que las sucesivas renovaciones de una contrata pueden generar una expectativa razonable de continuidad laboral. Nunca significó inamovilidad ni empleo de por vida, sino que la Administración no podía desconocer arbitrariamente una expectativa que ella misma había generado.

 

Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha venido restringiendo su alcance. En los fallos roles Nº 16.765-2026 y Nº 10.537-2026, la Corte Suprema ha otorgado especial relevancia no solamente a los años de servicio, sino también a la calidad jurídica y semejanza de las funciones desempeñadas.

 

Este criterio resulta discutible, pues los cambios de funciones o responsabilidades muchas veces responden a decisiones de la propia Administración. Resultaría contradictorio que esa flexibilidad terminara convirtiéndose en un argumento para desconocer la continuidad laboral que el propio Estado ha mantenido durante años.

 

A ello se suma que, incluso cuando existe confianza legítima, la Corte ha admitido desvinculaciones fundadas en reorganizaciones institucionales, restricciones presupuestarias acreditadas o incumplimientos reiterados de jornada. En el fallo rol Nº 6.276-2026, consideró que determinados antecedentes penales y disciplinarios graves podían impedir la configuración de una confianza legítima digna de protección.

 

El resultado es preocupante: se hacen más exigentes los requisitos para adquirir esta protección y, simultáneamente, se amplían las circunstancias que permiten justificar una desvinculación.

 

Con todo, sería incorrecto afirmar que la confianza legítima ha desaparecido. Durante el mismo año, la Corte Suprema también ha rechazado desvinculaciones sustentadas en razones genéricas o insuficientemente acreditadas, reafirmando la exigencia de fundamentos objetivos y verificables.

 

Pero detrás de esta discusión jurisprudencial existe una contradicción estructural que el Estado chileno ha evitado resolver durante décadas. El régimen de contrata fue concebido como una modalidad excepcional y transitoria, pero se ha transformado en un mecanismo habitual para satisfacer necesidades permanentes de los servicios públicos.

 

Esta contradicción adquiere especial relevancia en Magallanes, donde la continuidad de los servicios públicos resulta fundamental para sus habitantes. El Estado exige compromiso y permanencia en las funciones, pero ofrece una estabilidad laboral que debe volver a discutirse cada año.

 

La confianza legítima surgió precisamente como respuesta frente a esa precariedad. Por ello, restringir progresivamente su aplicación, sin modificar las condiciones que justificaron su reconocimiento, supone debilitar uno de los principales mecanismos de protección frente a un problema que permanece intacto.

 

Naturalmente, la Administración necesita facultades para reorganizar sus servicios y administrar responsablemente los recursos públicos. Pero esas potestades no pueden confundirse con una autorización para actuar arbitrariamente.

 

A pocos días del 30 de noviembre, la discusión no debería limitarse a cuántos funcionarios serán renovados o desvinculados, sino que debería llevarnos a preguntarnos hasta cuándo seguiremos aceptando que el propio Estado recurra a relaciones laborales transitorias y esencialmente precarias para satisfacer necesidades que, en los hechos, son permanentes.

 

Porque el problema de fondo no es que los funcionarios públicos pretendan permanecer indefinidamente en sus cargos. Es que el propio Estado ha convertido en permanente lo que jurídicamente insiste en llamar transitorio.

 

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