21 de octubre de 2024
CASO CONVENIOS: FISCALÍA INVESTIGA A FUNDACIÓN INSTITUTO HERNANDO DE MAGALLANES
La organización fue objeto de una querella interpuesta el año pasado por una defraudación tributaria de aproximadamente 220 millones de pesos.
En el marco de las indagatorias del bullado caso convenios, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía informó que está investigando a la Fundación Instituto Hernando de Magallanes.
La organización fue objeto de una querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por una presunta defraudación tributaria de cerca de 220 millones de pesos.
"En la actualidad, esa es una de las tantas aristas que se indagan respecto a esta fundación, y en las cuales nos encontramos desplegando una serie de diligencias investigativas en conjunto con la Policía de Investigaciones", explicó el fiscal Carlos Cornejo.
Ésta es una de las aristas del caso convenios en La Araucanía, donde se indaga el traspaso de millonarios recursos desde organismos públicos a diversas ONG.
Las indagatorias en este caso están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, bajo la instrucción de la Fiscalía de La Araucanía.
Formalización diputado Ojeda
En paralelo, el Ministerio Público informó que la audiencia de formalización por fraude al fisco del diputado desaforado Mauricio Ojeda fue aplazada para el 25 de noviembre, a las 09:00 de la mañana.
Ojeda es investigado en el marco de la denominada arista "manicure", que mantiene bajo indagatoria a las fundaciones Folab y Educc.
Fuente: cooperativa.cl
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
